Poza Rica, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- En el hecho que se registra en la Universidad Veracruzana región Poza Rica-Tuxpan, donde una alumna señala por delitos relacionados a la violencia de género a un académico que imparte una experiencia educativa del Área de Formación Básica General, autoridades y funcionarios involucrados para atender el debido proceso de investigación, recepción de pruebas y entrevistas podrían incurrir en faltas que no garantizan la igualdad de condiciones para dar una resolución justa.

En el 2020, durante el periodo de la exrectora Sara Ladrón de Guevara, se creó el Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana, con la dirección de la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, quien ocupó el cargo de coordinadora de la Unidad de Género, documento que quedó plasmado en 60 páginas para dejar legado en materia jurídica por la igualdad de los derechos que se deben hacer cumplir con cabalidad.

“El Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana incorpora la perspectiva de género, desde el enfoque intercultural e interseccional, a los procedimientos existentes, con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales de los que México forma parte, las leyes generales, las leyes estatales y la normatividad de la Universidad Veracruzana. Asimismo, establece acciones concretas y principios de atención y actuación ante la existencia de quejas por violencia de género en la institución. El Protocolo contempla los derechos de la persona, desde una perspectiva amplia e incluyente de las diversas expresiones de la sexualidad biológica humana, la intersexualidad y las identidades sexogenéricas”.

Se creó una versión simplificada con la Guía para la Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, con 14 páginas, para concretar el proceso que toda víctima debe recurrir ante los delitos que agravian la igualdad de género.

Establece que de llegarse a presentar casos de hostigamiento y acoso sexual, las autoridades universitarias y los funcionarios deberán atender a la brevedad posible a las víctimas de manera objetiva, orientadora, con calidad humana y sensible, sin prejuicios, equitativamente, sin dilación alguna, con base en el respeto a los derechos humanos. También de manera seria y profesional, atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

La UV remarca que para todo proceso se deben garantizar en todo momento la confidencialidad del caso y aplicar la normatividad universitaria para generar un debido proceso, ya que de no hacerlo se podría llegar a cometer violencia institucional, lo cual se presenta en plena contradicción ante el manejo mediático del caso de la estudiante y de la imagen del docente, con violación a la presunción de la inocencia.

De igual forma, cualquier violación al debido proceso y a la confidencialidad por parte de quienes instruyen el proceso se considerará como una falta y se trasladará a las instancias competentes para desarrollar el proceso disciplinario que corresponda.

En el caso del docente que imparte la experiencia educativa en la región Poza Rica-Tuxpan, quien acusa que no se le ofrece la igualdad de condiciones para la defensa de su inocencia, podría ocuparse el delito de violencia institucional, e incluso laboral donde los participantes del debido proceso ocuparon aproximadamente 19 horas para el desahogo de evidencias de las partes involucradas, con una práctica que rebasó los derechos a su jornada laboral.

Se menciona también que autoridades y funcionarios universitarios deben recomendar que los procedimientos investigadores y sancionadores no restrinjan los derechos de las víctimas para presentar denuncia formal ante las instancias de procuración de justicia en materia penal.

Si bien, el académico reclama el derecho al ejercicio de la docencia, luego que le fue negado que fue asignado a la impartición de su materia en periodo intersemestral de verano, la UV deberá cumplir la restitución de las horas que se le habían otorgado, lo cual el docente tendrá que exigir bajo el amparo de las determinaciones que funcionarios de la máxima casa de estudios estarían aplicando con juicios anticipados.

En conclusión, con pruebas, el caso del docente podría demostrar la falta de capacidad y nulo conocimiento de los funcionarios de la UV en la región Poza Rica-Tuxpan en el procedimiento en el que le implican en el presunto delito de violencia de género.

Por Lidia López