Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).– La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, destacó las bondades de la reforma judicial, señalando que esta es la oportunidad de romper con las redes de corrupción interna del Poder Judicial.

Previo a una charla con estudiantes de una universidad privada, la ministra indicó que en el Poder Judicial hay redes muy amplias de influyentismo, de favoritismo o de pago de deudas, de favores, por lo que con la reforma servirá para acabar con ello.

“Hay unas redes muy amplias de influyentismo, de favoritismo o de pago de deudas, de favores. Eso creo que es la forma más constante de corrupción que se presenta en el Poder Judicial”, expuso.

La candidata al mismo cargo en la Corte, manifestó que anteriormente se aseguraban los cargos con otros jueces al grado de que casi la mitad del PJF, es decir, casi 55 mil personas, eran parientes entre sí, ello con base en un estudio oficial que se realizó en 2022.

Batres Guadarrama comentó que ello era un “fenómeno de nepotismo” sin precedentes, inaudito que nadie detuvo nunca.

Además de señalar que una primera consecuencia de la elección judicial es que puedan ser evaluados no por órganos técnicos que nadie conoce y cuyos criterios nadie conoce, sino de manera pública y de manera transparente por los ciudadanos.

Subrayó que, gracias a la reforma, ahora el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá la facultad de sancionar y aplicar sanciones administrativas de jueces, juezas, magistradas y magistrados y, por primera vez, de ministros y ministras.

Además, enfatizó que el Tribunal tendrá una competencia regulada por Ley para integrar investigaciones que acrediten la probable comisión de delitos y las podrán entregar al Ministerio Público.

“Con lo cual el MP tendrá prácticamente una carpeta integrada para que pueda proceder mucho más rápido en dos sentidos: solicitar el juicio de procedencia, el desafuero de magistrados, jueces o ministros y, en su caso, de inmediato iniciar una investigación y solicitar el auto de vinculación a proceso”, indicó.

Fue ahí donde definió que la reforma judicial permitirá que tanto jueces, magistrados y ministros o ministras y por primera vez “no tenemos garantizada la impunidad”.

En el caso de aquellos magistrados, jueces o ministros en retiro, explicó que se podría proceder contra ellos siempre y cuando exista una denuncia.

Puntualizó que el alto tribunal podrá recibir denuncias de los ciudadanos en general, a diferencia del Consejo de la Judicatura, que actuaba si encontraba alguna irregularidad en sus visitas.

La ministra espera que el próximo 1 de junio haya una alta votación en esta elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, superior a los 10 millones de electores.

Comentó que no ha visto ninguna encuesta en donde se le pregunte a los ciudadanos sobre dicho proceso electoral, para conocer la intención de voto.

“Mi impresión es que pueda ser más alta porque lo que observo es que cuando platicamos con la gente, la gente pregunta muchísimo, despierta su interés si no lo tenía o, documenta su interés y eso no lo generaban otros procesos anteriores”, resaltó.

Consideró que el INE debería revisar los criterios restrictivos que está teniendo para no permitir que se difunda información sobre el proceso y, más bien, el órgano electoral debería permitir, provocar y generar las condiciones para que todas las personas, asociaciones, organizaciones públicas y privadas, difundieran el proceso electoral judicial.

Finalmente, la Ministra opinó que quienes han salvado este proceso electoral han sido las instituciones de educación superior, ya que no han tenido restricciones en la parte informativa del proceso.

Por Ángeles González Ceballos

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