Poza Rica, Ver.- El sindicato de trabajadores municipales “Eduardo Núñez Marín”, perdió un terreno de 4000 metros cuadrados que fue dejado en garantía por un préstamo de 5 millones de pesos que sus dirigentes no pudieron liquidar, ni rescatar en los tribunales.

La investigación de Vanguardia de Veracruz permitió conocer que el escrito de demanda se presentó ante el juzgado cuarto de primera instancia de la ciudad de Poza Rica desde el 16 de febrero del 2018.

Los documentos a los que este medio tuvo acceso permitieron conocer que dentro del juicio ejecutivo mercantil 113/2018-III, la parte actora presentó dos pagarés por la cantidad total de 5 millones de pesos; el primero de ellos otorgado en diciembre de 2014, por 2 millones; pero también obra dentro del juicio un segundo pagaré por la cantidad de 3 millones de pesos entregados al sindicato de trabajadores; estos recursos fueron entregados al ahora extinto Fermín Cruz Hidalgo, pero los trabajadores municipales aseguran desconocer en qué se invirtió ese dinero.

En ambos préstamos, el sindicato se comprometía también a pagar los intereses generados, pero al llegar la fecha pactada, no cumplieron y la deuda siguió creciendo.

En febrero del 2018, el juzgado en la ciudad de Poza Rica admitió la demanda y de esta manera se ordenó requerir al sindicato el pago de las prestaciones reclamadas y en consecuencia, la parte demandada fue emplazada para que dentro del término de ocho días pagaran la cantidad solicitada, o en su caso, opusieran una excepción.

En su afán por llegar a un arreglo, el secretario del interior de dicho sindicato, quien se identificó como Paco Pérez Cruz, dio contestación a esta demanda, sin embargo, el juez desechó su escrito, pues este no contaba con facultad para representar a esta asociación de trabajadores de manera legal.

La mala asesoría legal con la que contó el sindicato municipal desde un inicio, ocasionó que ninguna de las resoluciones les favoreciera; por lo tanto, en el considerando 3 del expediente 113/2018-III, advirtió que una vez valorado el caso, “lo que se impone es condenar al sindicato de trabajadores al servicio del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz “Eduardo Núñez Marín”, a pagar a la actora (sic) la cantidad de 4 millones de pesos por concepto de suerte principal, así como el pago de moratorios pactados en razón del 2 % mensual”.

Elvia Rosas Obando, quien también fue demandada por dicha deuda, hizo valer una excepción bajo el argumento de que habían realizado un pago parcial el 11 de mayo del 2017 por la cantidad de 1 millón de pesos, por lo que, esta excepción fue considerada como procedente, por lo tanto sólo se admitió la reclamación por la cantidad de 4 millones.

Pero esta deuda, sin embargo, tampoco fue cubierta por la parte demandada debido a que su asesor legal habría recomendado no llegar a un acuerdo y esperar a que la resolución les favoreciera, es decir, no hizo nada.

El milagro de que el juez otorgara un fallo a favor del sindicato tampoco ocurrió, pues el juez competente dictó una resolución de fecha 9 de noviembre del 2018, en la que declara como procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por la parte actora, lo que quiere decir que el endosatario de los pagarés probó parcialmente la acción, mientras que, la parte demandada, ni siquiera contestó la demanda.

Por lo tanto, en el resolutivo tercero señala que: “Se condena al demandado sindicato de trabajadores al servicio del municipio de Poza Rica, a pagar a la actora la cantidad de 4 millones de pesos por concepto de suerte principal”, asimismo, a cubrir intereses moratorios computados desde el día en que venció el plazo para pagar ambos préstamos.

Evidentemente, el sindicato de empleados no tenía dichos recursos, por lo que optaron por entregar el bien que había quedado como garantía, cuya medida es de 4 mil metros cuadrados y que, para ese momento, ya se encontraba embargado para garantizar el pago.

Pero, inconformes con el resolutivo del 9 de noviembre del 2018, los representantes legales del sindicato recurrieron a una infructífera apelación el 20 de noviembre del 2018; por lo que el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, donde se radicó el TOCA 237/2019 en la cual, una vez analizado el expediente, los magistrados de la cuarta sala CONFIRMARON la sentencia de primera instancia el 12 de febrero del 2019; esta sentencia, en segunda instancia a la fecha ya causó estado, es decir, ya no hay nada que hacer.

En consecuencia, este juicio tiene el carácter de cosa juzgada, es decir que ya no admite recurso alguno.

El bien que perdió el sindicato “Eduardo Núñez Marín” por la pésima asesoría legal, es el que los trabajadores municipales conocen como “La Ladrillera”, que no es otra cosa que un terreno ubicado en la colonia Revolución y con superficie 4 mil metros cuadrados, embargado en su momento por la parte actora para garantizar el pago de la millonaria deuda que reclamó el abogado Felipe de Jesús Velazco Rodríguez, a quien el prestamista original endosó los dos pagarés.

Lo grave del caso, es que a pesar de que este inmueble ya está perdido, a los trabajadores municipales les han hecho creer que aún puede ser rescatado. Pero es falso, pues la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia emitida por el juez Gabriel Ramírez Reyes, entonces juez cuarto de primera instancia en Poza Rica.

DESVÍAN LA ATENCIÓN

Los mismos sindicalizados admitieron que han sido engañados por el actual secretario Vicente Guzmán, quien en su afán de reelegirse miente en torno a las condiciones en las que se encuentra el sindicato respecto a las finanzas; incluso, de manera reciente pregonaron ante medios un aumento salarial del 37 %, pero la realidad es que sólo logró un raquítico 3.7 %.

Los agremiados señalan que hay otros bienes que podrían salir a remate por la mala asesoría que están recibiendo y esto afecta la economía de los empleados, pues vale la pena mencionar que todo fue adquirido con dinero de los mismos trabajadores, algunos activos, otros jubilados y también algunos que ya fallecieron, pero que, en su momento, invirtieron recursos, y hoy tristemente perdieron.

Vicente Guzmán busca ser eterno en la secretaría general, pero sus resultados no han sido buenos; sólo ha favorecido a unos cuantos y literalmente, -según los trabajadores-, está arrodillado ante las órdenes del gobierno municipal.

De esta manera, por no contratar abogados altamente capacitados, el patrimonio que fue adquirido por los trabajadores municipales, el sindicato ha perdido un inmueble que seguramente Vicente Guzmán Oliver y compañía ni siquiera saben cómo fueron adquiridos, pues de otra manera no se explica por qué ni siquiera intentó recuperarlo.

Por Clemente Hernández Reyes