Papantla, Ver.-

(Vanguardia de Veracruz).-

Las adversidades provocadas por la rapaz industria petrolera en este municipio, así como el embate de las políticas extractivas en las comunidades indígenas, desencadenaron una serie de protestas y reclamos por parte de los afectados, misma que se tradujo en el cierre de caminos, puentes y accesos a pozos petroleros.

Sin embargo, estas movilizaciones fueron criminalizadas y se tradujeron en detenciones arbitrarias, pese a las francas violaciones al debido proceso, así como a los derechos humanos.

En el marco de la reforma energética de 2013, se ha constituido un entramado jurídico de leyes secundarias que pueden llegar a criminalizar la protesta social; entre ellas, la Ley de Seguridad Interior de 2017, misma que en su momento fue cuestionada por académicos y organizaciones sociales, pues ésta legaliza la presencia del Ejército y la Marina en las calles para realizar operaciones de control social.

Erasmo I. B. es un ejidatario de la localidad El Remolino; en 2017, su parcela fue afectada por un derrame de miles de litros de petróleo, que estuvo emanando alrededor de un mes, hasta que personal de Pemex se llevó toda la tierra que se consideraba inutilizable. En su momento le prometieron al afectado regresarle tierra de buena calidad, misma que hasta el momento no ha recibido.

A cinco años de esta situación, en el terreno no puede crecer hierba por la contaminación, ya que el petróleo penetró toda la capa fértil, dejando un daño severo a su patrimonio, así como a su principal fuente de ingresos “Esos hijos de la … se las saben de todas, todas; son buenos para no asumir las responsabilidades por los daños, te vas a pelear con un gigante, con Sansón. Nunca les ganamos, ellos están preparados para mentir y evadir su responsabilidad”, sostiene.

A pesar de que el ejidatario afectado solicitó reparación del daño a Pemex por el derrame de hidrocarburos, al no obtener respuesta puso obstáculos en el camino para impedir que la empresa accediera al pozo petrolero. Por este motivo, Pemex inició en su contra un procedimiento judicial de orden civil que se conoce como “Acción de Jactancia”, por la que la compañía pide al demandado que respete su derecho de propiedad respecto a la servidumbre de paso y a la plataforma donde se ubica el pozo, así como que no obstaculice el acceso al mismo.

El núcleo central de este argumento reside en que “la industria petrolera es de utilidad pública, preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos; incluso, sobre la tenencia de los ejidos o comunidades, y procederá la ocupación provisional, definitiva o la expropiación de los mismos, mediante la indemnización legal, en todos los casos en que lo requieran la Nación o su industria petrolera”, como reza el escrito entregado por Pemex al Juez de Distrito en Poza Rica.

Según el abogado que lo asesoraba, éste fue el primer caso de aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos de 2014 en la región. A pesar de que el reclamo de Pemex se sustenta en el entramado legislativo que concierne a la propiedad de los bienes del subsuelo de la Nación, la demanda de Acción de Jactancia fue desechada, porque no se pudo sustentar.

(CONTINUARÁ)….