Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Por primera vez en la historia de Veracruz, y quizá en la historia de México, un fallo judicial fue transliterado a la lengua náhuatl de manera total, lo que sin duda sentará un precedente para la defensa de los justiciables.

Lamentablemente se llegó a este resultado a fuerza de amparos concedidos por el Poder Judicial Federal para obligar al Poder Judicial de Veracruz a hacer la traducción en beneficio de 32 trabajadores indígenas.

A principios del 2018, un grupo de trabajadores del ayuntamiento de Benito Juárez, ubicado en la zona huasteca baja del norte de Veracruz, fue despedido de manera injustificada. Desde ese momento comenzaron una lucha legal para tratar de ser reinstalados en sus puestos de trabajo.

Entre ese grupo está Ana María, una mujer indígena, adulta mayor, cabeza de familia que se quedó sin el único sustento económico para mantenerse y mantener a los suyos.

Ana María, a diferencia de sus compañeros despedidos que entienden un poco de español o hablan español y entienden un poco de náhuatl, ella no entiende otra lengua más que la suya, por lo que, además de enfrentar un largo y tedioso juicio contra la autoridad municipal, se enfrentó a la falta de entendimiento de los fallos de la autoridad jurisdiccional, porque no existía la traducción a su lengua originaria.

Un bufete de abogados tomó el caso y es así que el 21 de febrero de este 2025, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), les entregó el documento compuesto por 145 fojas impresas en ambas caras con la versión íntegra del laudo dictado a favor de los trabajadores del ayuntamiento de Benito Juárez, transliterado al náhuatl.

Un abogado narró que, en el 2018, se cambió a toda la plantilla de trabajadores y de manera injustificada corrieron a 32 trabajadores, todos de extracción indígena, entre ellos Ana María, por lo que se solicitó al TECA que hubiera un traductor.

En el 2019 se da el primer fallo, pero también el primer “desencuentro” entre las víctimas y el órgano colegiado de Veracruz por el inicio de la pandemia, por lo que a través de una demanda de amparo se determina que el TECA ya se había tardado demasiado en dictar un laudo.

FALLO A MEDIAS

El Tribunal emite su fallo y define que de los 32, solamente 20 podían ser reinstalados, los otros 12 no porque eran trabajadores de “confianza”. Por lo que los abogados Alan Cervantes Domingo, Laura Mónica Sáinz Ramírez y Juan José Llanes Gil del Ángel, logran a través de amparo directo, definir que no eran de confianza, toda vez que hacían labores de limpia pública, jardinería, intendencia, entre otras, ninguno era director de área u otras labores administrativas.

Es así que el TECA emite un segundo fallo a favor de los 32 trabajadores para que fueran reinstalados en sus puestos de trabajo, pero debido a la circunstancia de Ana María, le pidieron al órgano jurisdiccional que emitiera una copia transliterada a la lengua náhuatl para que pudiera conocer el laudo y el razonamiento que el TECA usó para llegar a ese fallo.

El TECA respondió que sí, que lo haría apoyándose en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) para hacerlo, pero que el costo de cada página transliterada sería de mil 300 pesos.

El despacho respondió que el costo no lo pagarían los trabajadores, dado que habían sido despedidos injustamente y no tenían recursos para hacerlo. El Tribunal resolvió entonces que sólo harían la transliteración de la página en donde se definía la situación de Ana María, es decir, sólo esa parte donde dice: la señora Ana tiene derecho a reinstalarse en tal puesto.

Por ello, Cervantes Domingo manifestó que el despacho consideró que la transliteración de una sola foja no representaba el reconocimiento de un tribunal explicándole a un trabajador que el hecho de que haya sido despedida o despedido, estuvo mal hecho.

Por lo tanto, el despacho acudió nuevamente al Poder Judicial de la Federación y el juez primero de distrito recibió la demanda de amparo y determinó que el proceder de la autoridad violentaba sus derechos dado que no existe impedimento real que impidiese al TECA entregar a los trabajadores un laudo transliterado en su idioma.

“Finalmente, a través de una diligencia que fue muy cansada, porque fíjense que llegar a la señora Ana fue muy difícil. Es una persona adulta mayor, es una persona que tiene problemas auditivos, tiene los problemas de salud inherentes a un adulto mayor y tratar de encontrarla para hablar con ella fue muy difícil en un primer momento.

PROCESO LARGO

En un segundo momento fue muy complicado porque ella vive en una comunidad a la que no hay acceso en transporte. Entonces el juez de distrito dijo nos esperamos a que la señora esté en las condiciones para que alguien le explique lo que yo como persona juzgadora estoy haciendo”, refirió.

En julio de 2024, el juez de distrito dictó una sentencia en la que le concede el amparo a Ana María y al resto de los trabajadores porque en el grupo de personas hay quienes hablan español y hablan náhuatl, hay quienes mayormente hablan náhuatl, los que entienden el español y Ana María que sólo entiende el náhuatl.

El litigante destacó que tras la sentencia del juez de distrito se presentó el paro del Poder Judicial Federal en agosto del año pasado y concluyó en octubre.

“¿Por qué es relevante?, porque entre el dictado de la sentencia de amparo y el inicio del paro del Poder Judicial Federal pasó un tiempo muy breve y en ese tiempo el juez de distrito no pudo requerir el cumplimiento de la sentencia.

Se reanudan las labores y metafóricamente lo que tuvo que hacer el juez en relación al TECA fue decir: acuérdate que dicté una sentencia, cómo vamos a quedar con ese tema, necesito que me cumplas la sentencia”, puntualizó.

LOGRAN VERSIÓN TRANSLITERADA AL NÁHUATL

Fue así que el 21 de febrero de 2025 que les notifican sobre la versión transliterada al náhuatl del laudo de los 32 trabajadores.

“No estoy muy seguro de que sea la primera a nivel nacional, lo que sí puedo decirles es que hasta este momento el TECA no había dictado una versión tan larga de un acto judicial transliterado a la lengua náhuatl de la región huasteca, eso es objetivamente cierto”, destacó.

El abogado definió que el logro fue acreditar que hubo un despido injustificado, luego, que el fallo fuera favorable para que fueran reinstalados. Sin embargo, opinó que quizá no hay una justicia “completa”, porque no es lo mismo tener un fallo a ejecutarlo, a materializar lo que dice ese fallo.

“Y es que hasta este momento materialmente los trabajadores no han regresado a su centro de trabajo, entonces hay justicia, por supuesto, tanta justicia hubo que hubo un fallo a favor de los trabajadores.

Nosotros consideramos que la justicia va a ser completa hasta que cada uno de los trabajadores esté sentado en una silla haciendo las actividades que hacía hasta antes de ser despedidos injustificadamente”, manifestó.

REVICTIMIZADOS

Por su parte, otro de los abogados del despacho opinó que los trabajadores fueron revictimizados en muchas ocasiones, por lo que esto sienta un precedente. “México transita, en materia de impartición de justicia, hacia un sistema de precedentes, o sea, tratamos de parecernos un poco a los gringos.

“Cuando ves las películas gringas dicen: el caso Johnson contra Smith, ese es un sistema de precedentes. Los precedentes sirven para ilustrar cómo se han ido decidiendo algunas cosas para que haya una continuidad en esa forma de decidir las cosas”, destacó.

De manera que este precedente es útil porque si en este momento un trabajador indígena que hable maya en Yucatán necesita que le presenten las actuaciones judiciales en su lengua, si esto se visibiliza lo suficiente, el trabajador podrá decir que en Veracruz se formó un precedente.

Asimismo, resaltó que en Veracruz a las personas vulnerables se les “instrumentaliza”, es decir, se dice: Usemos a las mujeres para presentar grandes avances en materia de equidad de género o, usemos a los niños para presentar grandes avances en materia de protección a las infancias, entre otros.

Y finalmente, la forma más extrema de instrumentalización es usar a los pobres. “Pero cuando se trata de cristalizarlo, entonces ya no, porque te dicen te cuesta mil 300 pesos cada página”, señaló.

Finalmente, el abogado lamentó que a la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (AVELI) se le ha ido achicando su presupuesto, por lo que se teme que en la lógica de “austericidio” se les desaparezca.

Por Ángeles González Ceballos

DAD