Poza Rica, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Costear un abogado particular no siempre es posible para familias que no tienen suficiente dinero, por ello buscan como alternativa los servicios gratuitos que ofrece el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, sin embargo, el número de expedientes que requiere asesoría gratuita es enorme.

Aun y cuando en Poza Rica se inician un aproximado de 5 mil carpetas de investigación y apenas el 10 % de los denunciados puede contratar un abogado, el número de defensores públicos es de 2, lo que resulta inequitativo ante el número de asuntos tan solo por la vía penal.

De acuerdo con el personal de las fiscalías, varias audiencias no pueden llevarse a cabo por falta de defensores para los imputados; “llevar a un imputado a una audiencia sin abogado es ilegal, invalida el proceso en automático, por eso, si no hay abogado particular, esperamos a que el defensor público fije una fecha, eso retrasa mucho”, expone un fiscal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Poza Rica.

Además, la carga de trabajo aumenta porque los únicos defensores públicos también conocen de asuntos con detenido bajo los términos que fija la ley. De acuerdo con los censos del Inegi, el total de habitantes de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Castillo de Teayo y Cazones, que son los que comprenden el distrito judicial 7, suman más de medio millón de habitantes, lo cual, para la red de defensores de derechos humanos y víctimas de delitos, es elevado, y no corresponde al número de defensores, sugiriendo que, en la medida de lo posible, se amplíe.

Actualmente, el INVEDEP ofrece orientación, asesoría, representación y defensa penal en 21 distritos judiciales con un total de 44 defensores cuyo servicio es gratuito; las materias que más atienden son penal, civil y juicios de amparo.

Al consultar a un defensor público, explicó que en el instituto hacen lo que está a su alcance, pues no hay recursos suficientes y en todo el estado hay varias plazas vacantes.

De acuerdo con la información de México Evalúa, las defensorías públicas no tienen recursos para operar, empero, resultan ser elementales para garantizar el debido proceso, reciben, en promedio, sólo seis centavos por cada peso que reciben las fiscalías de presupuesto.

En promedio, advierte, cada defensor público representa a 163 imputados por año y Oaxaca es la entidad con mayor carga, con 556 imputados, seguida por la CDMX, con 369; en unos de sus informes en 2021 precisó que durante el diálogo “Igualdad de armas para la defensa penal efectiva”, expertos nacionales e internacionales llamaron a dotar de autonomía presupuestaria a las defensorías para fortalecer sus capacidades y garantizar el debido proceso.

Además de que, a 13 años de la reforma del sistema de justicia penal y cinco años de plena vigencia en todo el país, la asimetría entre las capacidades de las fiscalías y las defensorías públicas no se ha remediado y, al contrario, se ha acrecentado.

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