Poza Rica, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- La empresa Discricar recibe mensualmente 4.6 millones de pesos por el contrato adquirido con el ayuntamiento de Poza Rica, pero la soberbia de sus representantes es más fuerte que cumplir con su obligación, ya que prefieren culpar al pueblo por falta de cultura que aceptar quejas ciudadanas.

A los pozarricenses les cuesta 2 millones 800 mil pesos la “renta” de 17 camiones que ocupa Discricar para el servicio de recolección de basura y un millón 200 mil para el traslado final de los residuos sólidos, a esto se suman 640 mil pesos del impuesto al valor agregado.

Los pagos se le realizan desde las arcas municipales de forma puntual para que la empresa no tenga pretextos, ya que desde que inició su contrato el 20 de junio del 2023 lo hizo con el pie izquierdo, tuvo problemas por varios meses para regularizar el servicio de recolección e incumplía en varias colonias, hasta que el mismo gobierno municipal le tuvo que ayudar en donde se tenía demanda.

Si bien el contrato ya expiró en diciembre del 2023 y se alargó su permanencia, el representante Iván Robert Sánchez Camacho se excedería en confianza y en una reunión con ediles dos féminas plantearon el problema que Discricar le genera al gobierno local, confrontando las quejas ciudadanas que en todas las regidurías reciben diariamente.

Entre la lista de incumplimiento de la empresa no sólo deriva la puntualidad de recoger los residuos sólidos, también es porque de 17 unidades trabajan 10 debido a que los representantes de Discricar justifican que están averiadas y se encuentran en proceso de reparación.

Pero la actitud calificada de soberbia de quienes están al frente de Discricar es lo que ocasionó un acto de violencia verbal de dos ediles, porque tanto su gerente como su equipo administrativo aseguraron que no tienen quejas ciudadanas, que el servicio “ha mejorado” incluso en tasa media superior al promedio con el que arrancaron en el 2023, tras quitarle el contrato a la empresa que les antecedía, Promotora Ambiental, S. A.

Lo que ocasionó que en esa reunión que supuestamente era estrictamente privada entre ediles y Discricar, Marisol H. M. y Martha Irene V. Á., abogadas de profesión, le dieran un plazo a Discricar hasta el 7 de marzo para que tenga al orden los camiones que deben cumplir con todas las rutas sin excusas ni pretextos, porque su gerente habría argumentado en su defensa que la función de la empresa “era ayudar” al ayuntamiento, que hasta gastaron en comprar más camiones y que no tenían la culpa que la ciudadanía dejara la basura en las calles.

Discricar opera con trabajadores que en sus recorridos carecen de uniformes y medidas de protección para su seguridad por el manejo de residuos sólidos, y el personal administrativo asegura que los 4.6 millones de pesos que recibe “no le alcanzan”, pero tampoco rinde informes de ninguna índole al cabildo, hasta se desconoce cuál es la plantilla laboral con la que cuenta.