Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- Las autoridades en materia familiar deben garantizar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos relacionados con la guarda y custodia, así como con los regímenes de convivencia, respetando en todo momento su derecho a ser escuchados conforme a su edad y grado de madurez. Para ello, deberán generar condiciones que les permitan expresar libremente su opinión, sin presiones, influencias o interferencias de las personas involucradas en el conflicto familiar, así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, luego de un caso que tuvo origen en un procedimiento especial por violencia familiar promovido por una mujer contra el padre de su hijo.

Durante las distintas etapas del proceso judicial se acreditó la existencia de violencia psicológica y posteriormente, de violencia vicaria cometida en perjuicio de la mujer. Además, en este se dictaron diversas medidas relacionadas con la guarda y custodia, el régimen de convivencias y la protección del adolescente.

Posteriormente, la controversia llegó al Alto Tribunal para definir el alcance de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro de este tipo de procedimientos. 

Al resolver el asunto, el Tribunal Pleno sostuvo que los casos de violencia vicaria no pueden limitarse a examinar únicamente la violencia ejercida contra la mujer.

Las autoridades también tienen el deber de identificar y valorar de manera autónoma las afectaciones que esa dinámica produce en niñas, niños y adolescentes, pues estos son titulares de derechos propios que deben protegerse de forma independiente. 

LA CORTE RESOLVIÓ

La SCJN estableció que, en los juicios familiares donde exista violencia vicaria, los hijos no deben ser vistos únicamente como parte del conflicto entre los papás, sino como personas con sus derechos que deben ser protegidos.

Es decir, el juez no puede concentrarse solo en la violencia sufrida por la madre; también debe analizar cómo esa violencia afecta directamente a las niñas, niños o adolescentes.

En consecuencia, el Máximo Tribunal concedió el amparo para que la autoridad responsable emita una nueva resolución en la que analice de manera integral la situación del adolescente, identifique la violencia sufrida directamente por este y resuelva nuevamente las cuestiones relativas a la guarda y custodia, el régimen de convivencias y la pensión alimenticia, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

Además, se elaboró un proyecto de sentencia en formato de lectura fácil dirigido al adolescente a fin de comunicarle la decisión. 

EN CUANTO A LA PATRIA POTESTAD

La SCJN consideró que esa consecuencia es desproporcionada, porque la pérdida de la patria potestad debe decidirse caso por caso, atendiendo al interés superior del menor, y no aplicarse de forma automática.

Con esta decisión, la Suprema Corte fortalece la protección judicial de niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de violencia vicaria y reafirma que sus derechos deben ser analizados y protegidos de manera autónoma, garantizando su participación efectiva y el acceso a una representación especializada cuando resulte necesaria.

Es decir:

• Que sean escuchados conforme a su edad y madurez
• Que puedan expresar su sentir sin presiones de ninguno de los padres
• Que cuenten con una representación especial cuando exista conflicto de intereses con quien legalmente los representa.

ENTÉRATE

La violencia vicaria ocurre cuando una persona utiliza a los hijos u otros seres queridos para causar daño psicológico o emocional a la madre o expareja.

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Lleva FGR a proceso a propietario de aeródromo, en Otatitlán, Veracruz

Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Por su posible participación en el delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto y sancionado en el numeral 172 Bis, del Código Penal Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a Gabriel “N”, dueño del sitio.

En febrero de 2026, esta Fiscalía Federal ejecutó un cateo bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), por lo que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) aseguraron un inmueble y seis aeronaves, en el municipio de Otatitlán.

Derivado de lo anterior, y después de agotar las líneas de investigación, el MPF obtuvo datos de prueba suficientes para determinar que Gabriel “N”, propietario del inmueble asegurado, llevó a cabo conductas consistentes con la operación de un aeródromo, sin contar con los permisos correspondientes por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El juez de control, además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por Andrés Salomón

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Pipa con gas se incendia en la carretera federal México-Veracruz

Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz). – La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entra en una etapa relevante con la reunión virtual prevista entre el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el encuentro forma parte del proceso de revisión establecido en el propio acuerdo comercial trilateral, específicamente en el Artículo 34.7, que contempla una evaluación conjunta a seis años de la entrada en vigor del tratado.

Durante su intervención, Sheinbaum dio lectura a un fragmento del artículo, el cual establece que el T-MEC tendrá una vigencia inicial de 16 años, salvo que las tres partes confirmen su intención de extenderlo por un nuevo periodo de 16 años conforme a los procedimientos establecidos.

El mecanismo de revisión señala que, en el sexto aniversario de la entrada en vigor del tratado, la Comisión del T-MEC debe reunirse para analizar su funcionamiento, revisar recomendaciones y determinar las acciones correspondientes. Cada país tiene la posibilidad de expresar por escrito, a través de sus respectivos jefes de Gobierno, si desea continuar con el acuerdo.

En caso de que los tres países confirmen su intención de prorrogar el tratado, la extensión se realizará automáticamente por otro periodo de 16 años. Si alguna de las partes no manifiesta su aprobación, el acuerdo contempla revisiones anuales posteriores y mantiene abierta la posibilidad de una extensión antes de su fecha de expiración.

El proceso de revisión representa una fase importante para la relación comercial de América del Norte, debido al peso económico del T-MEC en sectores como manufactura, energía, agricultura y cadenas de suministro regionales.

México, Estados Unidos y Canadá deberán evaluar el desempeño del tratado y definir los siguientes pasos para garantizar la continuidad del marco comercial que regula sus intercambios económicos.

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