Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- El caso de Fátima Cecilia A. A., una niña de 7 años que fue secuestrada y asesinada en la alcaldía Xochimilco en febrero de 2020, sigue siendo un tema de gran relevancia y controversia. Y es que se realizó una nueva audiencia para retomar el crimen, después de que se declarara nulo el juicio oral en contra de los acusados, Giovanna “N” y su pareja Mario “N”, debido a la incapacidad médica de la jueza Mónica Olivares.

La audiencia tuvo lugar en los juzgados del Reclusorio Oriente y fue precedida por el juez Antonio Cortés Mayorga, quien será el responsable de dar un veredicto una vez que termine la etapa de desahogo de datos de prueba. En el juicio anterior, se habían desahogado testimonios y datos de prueba que buscaban acreditar la responsabilidad de la pareja en el crimen.

El feminicidio de Fátima Cecilia se registró el 11 de febrero de 2020, cuando Giovanna recogió a la niña en la escuela Enrique Rébsamen y la llevó a un domicilio donde su pareja Mario la agredió sexualmente y la privó de la vida. Cuatro días después, el cuerpo de Fátima fue hallado en un paraje de la alcaldía Tláhuac.

La familia de Fátima ha buscado justicia durante cuatro años, pero el caso ha sido revictimizante y ha tenido un impacto significativo en la familia y la comunidad. La académica Ana Rosen enfatizó que el caso de Fátima es un ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser inoperante y revictimizante.

La perspectiva de género en los juicios por feminicidio es importante, pero no es suficiente. Es necesario tener una perspectiva feminista que tenga en cuenta las opresiones y las relaciones de poder a nivel social. La familia de Fátima y las colectivas que los apoyan seguirán buscando justicia y luchando contra la impunidad.

El caso de Fátima es un recordatorio de la importancia de la justicia y la necesidad de un sistema judicial que sea justo y equitativo. La lucha contra la impunidad y la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío importante en la sociedad actual.

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Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- Este martes 26 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realizaron un operativo para clausurar un albergue de animales en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con medios capitalinos, la intervención, que incluyó el desalojo del lugar, generó un conflicto entre los agentes y los vecinos, quienes se opusieron a la medida, asegurando que los animales no recibían maltrato en dicho lugar.

El albergue, denominado “En Busca de un Hogar”, fue clausurado luego de una denuncia ciudadana que acusaba hacinamiento y maltrato animal en el inmueble de la calle Xochicalco. Sin embargo, los vecinos y voluntarios del lugar defendieron que los animales eran bien cuidados, argumentando que algunos de ellos, en especial aquellos en transportadoras y jaulas, estaban bajo observación por razones de salud o comportamiento.

Sonia “N”, encargada del albergue, fue detenida durante el operativo y trasladada a la fiscalía. Tras su arresto, los agentes de la SSC y la PAOT continuaron con el desalojo, encontrando en el lugar a 14 gatos, 26 perros y algunas palomas.

Según las autoridades, el albergue no contaba con los permisos necesarios para operar, lo que contribuyó a la decisión de clausurar el establecimiento.

Durante el operativo, varios vecinos se presentaron para protestar contra la clausura, formando una valla humana para impedir el desalojo. Algunos de ellos, incluyendo voluntarios, insistieron en que los animales estaban debidamente cuidados, desparacitados y vacunados.

Isabel, una voluntaria del albergue, expresó su preocupación por el futuro de los animales y afirmó que, aunque el albergue no estaba exento de riesgos, el traslado de los animales a otros lugares podría ser perjudicial para su salud y bienestar.

El incidente, que involucró empujones e intercambios de gritos entre policías y vecinos, dejó en evidencia la división de opiniones sobre el funcionamiento del albergue. Mientras las autoridades justificaron la clausura por la falta de permisos y las denuncias de maltrato, los residentes del lugar y defensores de los animales manifestaron su temor de que el desalojo tuviera consecuencias negativas para los animales resguardados en el albergue.

https://x.com/rbarriosfuentes/status/1861585759331066237

https://x.com/noelalvaradom/status/1861585983600500942

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Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- Este martes 26 de noviembre, el Senado de la República rechazó la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para posponer por 90 días las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación, que están programadas para el 1 de junio de 2025.

En un oficio firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, se argumentó que conceder la prórroga iría en contra del mandato constitucional y causaría incertidumbre en el proceso electoral.

El INE justificó su solicitud debido a los retrasos ocasionados por los 572 amparos y 366 suspensiones interpuestas en relación con la elección judicial. Sin embargo, el Senado recordó que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que los amparos y suspensiones no proceden en casos de reformas constitucionales ni en procesos electorales en curso, lo que refuerza la obligación de celebrar las elecciones en la fecha prevista.

Además, el Senado señaló que modificar la fecha de la jornada electoral requeriría una reforma constitucional, lo que alteraría los plazos establecidos y afectaría principios fundamentales como la certeza y la equidad electoral.

Recordó que la reforma constitucional publicada en septiembre de 2024 fija el primer domingo de junio de 2025 como la fecha de los comicios, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había determinado que las elecciones deben llevarse a cabo en esa fecha.

En su respuesta, Fernández Noroña destacó la importancia de mantener la estabilidad en el proceso electoral y subrayó la confianza en el INE y en el pueblo de México para cumplir con el mandato constitucional. También señaló que un retraso en la elección solo generaría especulaciones y debilitaría la confianza ciudadana en este proceso electoral crucial para el país.

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