Poza Rica, Ver.- Según fuentes de la misma Fiscalía del Estado, el delito de ultrajes a la autoridad vio un incremento significativo desde que el Congreso del Estado reformó el código penal, por lo que ahora este delito, al menos en el grado, es grave, pues alcanza hasta 7 años de cárcel.

En entrevista con varios abogados que litigan en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Poza Rica y Tuxpan, el número de asesorías legales por personas detenidas ha aumentado en lo que va del año.

Según el código penal, el delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de 6 meses a 2 años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenazara o agrediera a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ella; este delito sólo ameritaba prisión preventiva si se ejercía con medio violento ya sea con armas de cualquier tipo.

Sin embargo, con la reforma de marzo de 2021 se añaden supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal, y que incluso podrían impedir la libre expresión no sólo de los medios de comunicación, también de la sociedad en general.

Según la reforma del 11 de marzo del 2021, el código penal en su artículo 331 indica que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: I. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; II. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.

Mientras que el artículo 331 Bis. advierte que a “quien amenace o agreda a personal de las instituciones de Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas, de Tránsito y Vialidad o de Protección Civil, que se encuentren en el ejercicio de sus funciones durante emergencias sanitarias o catástrofes o con motivo de éstas, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y multa de treinta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

En la misma FGE aseguran que las puestas a disposición por ultrajes y narcomenudeo han aumentado, sobre todo tratándose de personas que cometieron el hecho en estado de ebriedad y basta hacerse de palabras con un elemento del orden para ser detenido.

Algunas asociaciones incluso han indicado que es excesivo detener o asegurar a quienes ejercen su libertad de expresión, por lo que han pedido que esta reforma quede sin efecto. No obstante, autoridades veracruzanas insisten en que endurecer las penas garantiza un respeto a las instituciones de seguridad.

No obstante, el tipo penal es impreciso, pues los artículos no determinan qué tipo de violencia contra la autoridad es el que deba sancionarse; de esta manera, expertos en derecho advierten que hay servidores públicos que pueden acusar falsamente una agresión y con ello, violar los derechos de una persona sin dejar de mencionar que los actos policiales se vuelvan represivos, por lo tanto, debe ser el Congreso del Estado el que haga las adecuaciones necesarias.