Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- Parece que ya está haciendo efecto el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) 2024-2025, que firmaron la Presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios, pues bajó la inflación anual general en el país.

“El compromiso es fijar el precio máximo en 910 pesos; esto representa 129 pesos de reducción respecto al acuerdo anterior, que fue de mil 39 pesos. Agradecemos esta importante colaboración en apoyo a la economía popular”, indicó la mandataria federal el 12 de noviembre del año en curso.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) con el que miden los precios de una canasta de bienes y servicios que utilizan en las familias mexicanas.

El Inegi informó que la tasa general anual se ubicó en 4.56 % durante la primera quincena de noviembre, mientras que septiembre lo cerró en 4.76 %.

Productos con precios al alza: Electricidad, cebolla, papaya, vivienda propia, transporte aéreo, servicios profesionales, loncheras, taquerías, fondas, gas doméstico LP, pollo y restaurantes.

Productos con precios a la baja: Jitomate, calabacita, tenis, papa, limón, cine, aguacate, hoteles, televisores y zanahoria.

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EJR

Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) ha decidido presentar ante un juez de control a Jimmy “N” por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Recordemos que el ataque ocurrió el pasado martes 19 de noviembre en la estación del Metro Tacubaya, en la Línea 7, donde el imputado agredió con un cuchillo a cuatro personas en los andenes del sistema de transporte. Este miércoles, se llevó a cabo la primera audiencia de Jimmy “N” en el Reclusorio Norte, donde estuvieron presentes tanto los familiares de las víctimas como los policías auxiliares que participaron en su detención.

El Ministerio Público solicitó que el acusado sea sometido a pruebas psicológicas y psiquiátricas para evaluar su estado de salud mental, lo que podría influir en la determinación de su responsabilidad penal. El juez le impuso internamiento en este centro y determinó cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

Cabe mencionar que actualmente dos de las víctimas siguen hospitalizadas debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. Roberto, un hombre de más de 30 años, permanece en el hospital de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, donde le han realizado varios estudios debido a las lesiones en la cabeza. Mientras tanto, José Manuel, de 60 años, está en terapia intensiva en el hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y su condición es grave.

El ataque en la estación Tacubaya generó preocupación entre los usuarios del Metro, lo que llevó a un aumento en los operativos de revisión en varias estaciones de la red de transporte. Aunque se implementaron arcos detectores de metales y otras medidas de seguridad, los usuarios han señalado que la mayoría de los dispositivos están fuera de servicio o no se utilizan adecuadamente.

En muchas estaciones, como en la Garibaldi de la Línea 8, los equipos de revisión están disponibles, pero la inspección es opcional, y en varios casos, los pasajeros no aceptan pasar por los controles.

Por otro lado, en la estación Tasqueña de la Línea 2, los equipos para detectar armas no están siendo utilizados desde hace meses debido a su aparente descomposición. De manera similar, en la estación Tepito de la Línea B, una zona conocida por su alta incidencia delictiva, también hay equipos instalados que no están operando.

Esta falta de mantenimiento y de uso adecuado de los equipos de seguridad ha generado críticas entre los pasajeros, quienes consideran que los esfuerzos por mejorar la seguridad son ineficaces.

A pesar de estas deficiencias, en la estación Tacubaya, donde ocurrió el ataque, se implementaron revisiones más estrictas después del incidente. Por primera vez, los policías comenzaron a obligar a los usuarios a pasar sus objetos por los arcos detectores de metales. Sin embargo, este tipo de medidas sigue siendo insuficiente si no se realiza un mantenimiento adecuado y se asegura su implementación efectiva en todo el sistema. La situación plantea dudas sobre la capacidad del Metro para garantizar la seguridad de los usuarios en un entorno de creciente violencia.

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ZMOM

Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).- Este jueves 21 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, tanto en lo general como en lo particular, la minuta que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la responsabilidad de formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Este cambio en la legislación busca fortalecer las capacidades del gobierno federal en la lucha contra la violencia y el crimen organizado, centralizando esfuerzos y recursos para mejorar la seguridad en todo el país.

De acuerdo con la minuta, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, jugará un papel clave en la coordinación de las políticas de seguridad pública a nivel nacional. El proyecto resalta que la Secretaría tendrá la facultad de coordinar las acciones de colaboración entre las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Además, dicha reforma señala que las instituciones de seguridad deberán proporcionar información relevante para la implementación de estrategias, de acuerdo con las leyes vigentes.

Uno de los puntos más destacados de la reforma es que otorga a la SSPC la capacidad de solicitar información a diversas dependencias del Estado para identificar y esclarecer hechos que puedan estar relacionados con la comisión de delitos.

Asimismo, la modificación al artículo 21 de la Constitución establece que las labores de investigación y el cumplimiento de órdenes de aprehensión estarán a cargo de la SSPC, en colaboración con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y las policías locales.

Otra de las reformas importantes incluye la creación de un Secretariado Ejecutivo, encargado de fiscalizar el uso de los fondos federales destinados a combatir la violencia. Este organismo tendrá la autoridad para emitir acuerdos y lineamientos que unifiquen los estándares de actuación entre las distintas corporaciones de seguridad, con el objetivo de garantizar la eficacia y transparencia en el uso de los recursos.

Además, la minuta faculta a la SSPC para auditar los fondos federales destinados a la seguridad, asegurando que estos sean utilizados exclusivamente para este fin. Se incluye una disposición que aclara que las erogaciones generadas por la entrada en vigor del decreto serán cubiertas con el presupuesto ya asignado a la SSPC, sin la necesidad de asignar partidas adicionales durante el presente ejercicio fiscal.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta ahora será enviada a los congresos locales para su revisión. Para que la reforma sea declarada constitucional, deberá ser aprobada por al menos 17 entidades federativas. Este proceso podría consolidar un cambio significativo en la estructura de la seguridad pública en México, fortaleciendo el papel de la SSPC en la lucha contra la inseguridad.

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