Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).- Advierten autoridades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a propietarios de teléfonos celulares en modalidad de prepago, que el 15 de agosto próximo iniciará la suspensión de líneas telefónicas móviles que no han sido vinculadas a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Las autoridades federales señalan que esta medida forma parte de las estrategias para fortalecer la seguridad en las telecomunicaciones en México, por lo que millones de usuarios deberán completar este trámite durante 2026 para mantener activo su servicio móvil.

Este programa permitirá asociar cada línea telefónica móvil a un CURP para identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica.

Inicialmente, la CRT había fijado la fecha límite para el 30 de junio, pero estableció un cronograma progresivo a lo largo de 2026 que se cumple conforme a las fechas que te señalamos ahora y que están relacionadas con el dígito final de cada línea telefónica.

• Dígito 0: 15 de agosto de 2026
• Dígito 1: 31 de agosto de 2026
• Dígito 2: 15 de septiembre de 2026
• Dígito 3: 30 de septiembre de 2026
• Dígito 4: 15 de octubre de 2026
• Dígito 5: 31 de octubre de 2026
• Dígito 6: 15 de noviembre de 2026
• Dígito 7: 30 de noviembre de 2026
• Dígito 8: 15 de diciembre de 2026
• Dígito 9: 31 de diciembre de 2026

Si no registras tu número dentro de la fecha límite, asignada, tu línea puede ser deshabilitada después de 72 horas.

De acuerdo con informes de la propia CRT, de alrededor de 144 millones de líneas telefónicas activas en el país aproximadamente se han registrado 63 millones de usuarios.

De éstos, los usuarios que adquirieron sus líneas telefónicas móviles mediante plan ya están inscritos, aun cuando no se registraron, porque este servicio lo realizaron las compañías proveedoras del servicio, lo que facilitó el proceso para incluirlos en las inscripciones del registro.

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Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).- La Fiscalía General de la República (FGR) ha activado la plataforma “¿Has visto a…?”, apelando a la solidaridad de todos los mexicanos para localizar a quienes hoy nos faltan.

En esta ocasión, el esfuerzo se concentra con especial urgencia en el estado de Guerrero. A través de esta plataforma, la FGR publica fichas con información y fotografías de las personas que requieren ser localizadas, exhortando a la población a colaborar con cualquier dato relevante que pueda ayudar a su hallazgo.

Las personas extraviadas son las siguientes:

Germán Gómez Martínez: Desapareció en Chilpancingo, Guerrero, el 21 de agosto de 2011, a la edad de 22 años. Como señas particulares tiene una cicatriz en la frente. Edad actual: 36 años.

Pablo Ignacio Hilario: Fue visto por última vez en Heliodoro Castillo, Guerrero, el 27 de marzo de 2015. Como señas particulares tiene malformación en uno de los dedos índice.

Joaquín Arcos de la Rosa: Se extravió en Chilpancingo, Guerrero, el 30 de abril de 2010. Como señas particulares tiene tatuajes en el brazo izquierdo y en algún tobillo; cicatrices en la mano derecha y en la pierna izquierda; verruga en el cuello.

Noé Martínez Cervantes: Desapareció en Chilpancingo, Guerrero, el 16 de abril de 2013. Como seña particular tiene tatuajes en diferentes partes del cuerpo, cicatriz a la altura del ojo izquierdo; lunares en la mejilla derecha y en la pierna izquierda.

José Antonio Vázquez Estrada: Desapareció en el Acapulco de Juárez, Guerrero, el 13 de marzo de 2016. Como señas particulares tiene tatuajes en ambos hombros y en el brazo del lado izquierdo; en el momento de su extravío tenía barba tipo candado.

En caso de tener alguna información que lleve a dar con su paradero, por favor comunícate al 911 o escribe al correo [email protected], ya que sus familias los siguen esperando.

DCM

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Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz). – La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Tomás “N”, José “N”, Milagros “N” y Yadira “N”, señalados por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, relacionados con la privación de la libertad de personas migrantes en el estado de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, un juez de control impuso a los cuatro imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en junio de 2024 se recibió una denuncia sobre la desaparición de un menor de edad y otros cuatro migrantes extranjeros, quienes presuntamente fueron privados de la libertad por sujetos armados mientras viajaban en un autobús por el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Los familiares de las víctimas habrían recibido llamadas de los presuntos responsables, quienes exigían dinero a cambio de su liberación.

Como parte de las investigaciones, autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Villa Galaxia, en Escuinapa, donde fueron rescatadas las cinco personas reportadas y otras 26 víctimas de distintas nacionalidades que también se encontraban privadas de la libertad.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación obtuvo órdenes de cateo para seis inmuebles ubicados en Mazatlán y Culiacán, donde fueron detenidos Milagros “N”, Yadira “N” y José “N”. En el caso de Tomás “N”, se cumplimentó una orden de aprehensión mientras se encontraba recluido en el Centro Penitenciario “El Castillo”.

Durante la audiencia, la FGR presentó diversos datos de prueba, entre ellos análisis de movimientos bancarios y un dictamen pericial de identificación de voz.

Tras la vinculación a proceso, José “N” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 8 “Nor-poniente”, ubicado en Guasave, mientras que Milagros “N”, Yadira “N” y Tomás “N” permanecen en el Centro Penitenciario “El Castillo”.

La FGR señaló que las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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