Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Existen aún en algunos estados en la república mexicana problemas de persecución religiosa, reconoció el presidente de la Red Evangélica de Veracruz (REV), Guillermo Trujillo Álvarez.

“Hay lugares todavía, como Oaxaca y Chiapas, donde todavía hay persecución religiosa, donde todavía hay presión, todavía persiguen a gente que no practica la religión oficial como la católica, y que somos minoría en muchos lugares; esperamos que de parte de gobernación y de quien lleve ese mando en asuntos religiosos, ponga más atención, porque sí hemos tenido persecuciones de carácter religioso”.

El presidente de la Red Evangélica reconoció que en Veracruz afortunadamente no han tenido este tipo de problemas, aunque el año pasado hubo algunas situaciones al norte y sur del estado que tuvieron que ver con sus preferencias religiosas, pero afortunadamente ya se resolvieron y actualmente están superadas.

Por Andrés Salomón

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Veracruz, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- La reforma que se plantea al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) beneficiará la adquisición de vivienda de interés social ya que plantea que el instituto pueda construir y financiar la producción de vivienda e implementar un esquema de arrendamiento, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi) en Veracruz, Sergio Lavalle Garcés.

Se menciona la construcción de un millón de viviendas, pero además el fortalecimiento de las políticas de planeación territorial permitirá alcanzar a corto plazo un modelo de vivienda sostenible en los próximos años.

“Hay una propuesta de ley en donde se solicitan cambios en el Infonavit, que están muy interesantes. Se habla de construir vivienda y un proceso de arrendamiento que de vivienda adjudicada.

Apenas está en el Congreso siendo analizada y todo indica que sí se va a aprobar. Es algo que va a impulsar a muchísima gente, sobre todo para poder adquirir vivienda de nivel social”.

En la propuesta de reforma se contempla la posibilidad de retornar la labor del Infonavit como constructora de viviendas adecuadas para la venta, así como ofrecer alquiler social en edificios de la propiedad pública, entendiendo esto como una renta asequible a la mayoría de la población, que diversifica las formas de acceso a la vivienda social mediante el reúso de propiedad abandonada y subutilizada, que amplía las opciones de acceso a la vivienda para las y los ciudadanos.

“Todas las personas que compran casas tienen un beneficio y lo importante es que tengas una propiedad que esté perfectamente constituida. Sabemos los casos de los fraccionamientos aquí en Veracruz que no están entregados municipalmente y el Infonavit está haciendo una reforma para involucrarse más y no permitir la comercialización de viviendas sin municipalizar”.

Mencionó que son muchas viviendas que tienen problemas, incluso hay constructoras que ya no existen y que no entregaron correctamente con los servicios.

Lavalle Garcés explicó que, dentro del estudio realizado por el Infonavit como parte de la propuesta de reforma, encontró que existen barreras económicas y estructurales que limitan la capacidad de la población de menores recursos para adquirir o alquilar viviendas en áreas bien situadas. Estas barreras no sólo obedecen a carencia de recursos financieros suficientes, sino también a la falta opciones justas y asequibles.

Existe relación directa entre la calidad de la vivienda, su ubicación y la disponibilidad de los servicios esenciales para la población de bajos recursos.

El alquiler social genera una buena opinión como alternativa de solución ante el rezago de vivienda, pues resuelve varios escenarios en los que la población no puede acceder a un inmueble adecuado, ya sea por el costo, la falta de documentos, seguridad social o sólo porque no se desea adquirir una deuda a largo plazo. Acceder a una vivienda céntrica no es sólo una cuestión de cambio de ubicación, sino que coadyuva al ejercicio del derecho a la ciudad.

Por Andrés Salomón

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Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Juez le dicta prisión preventiva por dos años a Yésica Anahí “N”, quien es señalada por presunta trata de personas en agravio de 6 jóvenes colombianas, reportadas como desaparecidas por sus familiares, luego que perdieron todo contacto con ellas al arribar a Veracruz por cuestiones laborales.

Se trata de las féminas Derlys Dayana, de 25 años, Sofía, de 21 y Yarlin, también de 21 años, oriundas de Medellín, Colombia. Además, Marianyeli, de Cúcuta y Michel Daniela, de 21 años, de la ciudad de Bogotá, Colombia, y otra joven identificada como Leyna, quienes fueron ubicadas tras un fuerte operativo realizado en calles de la colonia Luis Echeverría, de Boca del Río.

Las víctimas detallan de manera correlacionada, que fueron contactadas por la imputada en diferentes lugares y fechas, siendo transportadas a varios sitios, en particular a un inmueble ubicado en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. En este lugar, las víctimas fueron recibidas y alojadas por la investigada con fines de explotación sexual, ya que ella las publicitaba para ofrecer servicios sexuales y de acompañamiento a hombres que las contactaban. Por estos servicios, la imputada se beneficiaba económicamente, ya que las víctimas le entregaban diversas cantidades de dinero, de las cuales ella se quedaba con la mayor parte de la ganancia.

Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, realizó imputación en contra de Yésica Anahí “N”, como probable responsable del delito de trata de personas, con fines de explotación sexual, el cual se encuentra previsto y sancionado por el numeral 10 Fracción III en relación con los artículos 13 fracción IV, todos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en agravio de mujeres de nacionalidad colombiana, cuyas identidades están resguardadas.

El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por el término de dos años, dentro del proceso penal 1188/2024.

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