Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Se realizó la instalación de la Diputación Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, que comprenderá los meses de julio y agosto de este año.

En la décima sesión ordinaria y en vísperas de la conclusión del Periodo Ordinario de Sesiones, el secretario de la Mesa Directiva, diputado Felipe Pineda Barradas dio lectura al texto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con la propuesta de integración de la Diputación Permanente, misma que fue respaldada con 39 votos, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, este órgano legislativo quedó integrado en su presidencia con la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro; en la vicepresidencia, con la legisladora Estefanía Bastida Cuevas, y en la secretaría con el diputado Felipe Pineda Barradas.

Respecto a las vocalías, este órgano quedó conformada por las diputadas y los diputados Naomi Edith Gómez Santos, Diego Castañeda Aburto, Liud Herrera Félix, Janix Liliana Castro Muñoz, Alejandro Porras Marín, Luz Alicia Delfín Rodríguez y Ana Rosa Valdés Salazar.

En calidad de sustitutos, están las legisladoras y los legisladores Antonio Ballesteros Grayeb, Angélica Peña Martínez, Paul Martínez Marie, Luis Vicente Aguilar Castillo, Astrid Sánchez Moguel, Dorheny García Cayetano, Ingrid Jeny Calderón Domínguez, Dulce María Hernández Tepole, Fernando Yunes Márquez y Héctor Yunes Landa.

El Artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dispone que, en la víspera del día en que concluyan los periodos de sesiones ordinarias, el Congreso del Estado, mediante votación secreta y por mayoría de los diputados presentes, elegirá una Diputación Permanente, compuesta por el 40 por ciento del total de las y los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuará como propietarios y los demás como sustitutos; de entre ellos, se elegirá una Mesa Directiva compuesta por un presidente, un vicepresidente y un secretario.

En sesión solemne realizada en la sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo y siendo las 23:27 horas se declaró legalmente instalada la Diputación Permanente. La legisladora Tanya Carola Viveros Cházaro convocó a la primera sesión para el jueves 3 de julio a las 12:00 horas.

Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó las nuevas leyes De Transparencia y Acceso a la Información Pública y De Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas del estado, propuestas el pasado 19 de junio por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

En la décima sesión, última del Segundo Periodo Ordinario, se puso a consideración del Pleno, por separado, cada uno de los dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto. Con esta acción se ajusta la legislación local con las disposiciones federales en la materia y se da cumplimiento ante la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que registró 37 votos a favor y seis en contra, contiene sintonía con el modelo de la norma general y reconoce a las autoridades garantes como las competentes para la implementación de acciones en materia de acceso a la información pública, y de modo preponderante, la resolución de recursos de revisión.

Las nuevas autoridades garantes son la Contraloría General del Estado (CGE) respecto a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como de los municipios, las contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos internos de control de los organismos autónomos del Estado.

Se creará el Subsistema de Transparencia del Estado, el cual funcionará a través de un Comité en el que participarán los representantes de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los tres poderes y se mantiene el deber de los sujetos obligados de cumplir con sus funciones en materia de acceso a la información y transparencia, a través de la carga periódica en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, respaldada con 36 votos y que registró seis en contra, tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.

Establece las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos y garantiza la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la Ley.

Protege los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del Estado, fideicomisos y fondos públicos del Estado, partidos políticos y municipios.

Los textos íntegros de estas leyes pueden consultarse en los anexos B y C de la Gaceta Legislativa número 43, publicada en la página oficial de este Congreso.

Posicionamientos Ley de Transparencia

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Lucía Begoña Canales Barturen informó el voto a favor del dictamen e indicó que la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García es acertada, toda vez que se trata de una nueva legislación que hace que la transparencia funcione y sea cercana a la ciudadanía y que se ejerza con responsabilidad, evitando el dispendio.

Tras enlistar algunas disposiciones como los órganos garantes de la transparencia, la eficiencia administrativa y el combate a la corrupción, la diputada señaló que se da un paso necesario para dejar de lado un modelo que fracasó y pasar a uno más funcional y que refleja el momento histórico que vive Veracruz.

Por Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto en contra y señaló que las disposiciones en materia de transparencia no se ajustan a la realidad que impera en Veracruz y calificó la ley como un “candado” para el ejercicio del derecho a la transparencia y acceso a la información.

El legislador del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila respaldó la propuesta al considerar que contiene herramientas novedosas para la transparencia en la entidad, y la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su voto en contra y manifestó que con esta legislación se ocultará la información y se restringirán derechos elementales del ciudadano.

En el debate general participaron los legisladores Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Luis Vicente Aguilar Castillo, así como la diputada Montserrat Ortega Ruiz.

Posicionamientos Ley de Protección de Datos Personales

El diputado Daniel Cortina Martínez, del Grupo Legislativo de Morena, precisó que esta ley corrige las prácticas del pasado en la que la protección de datos era delegada a instituciones con poco alcance y que carecían de legitimidad. “Hoy se cambia con contralorías de los tres poderes, de los órganos internos de control y los municipios que asumirán la función de protección de datos personales”.

Añadió que se realiza bajo los principios de legalidad y responsabilidad y que, lejos de debilitar la ley, se fortalece desde adentro con mayor alcance y con estructuras que responden al interés público.

El diputado de MC, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, criticó el proceso legislativo y aseveró que esta norma elimina la posibilidad de presentar un recurso de inconformidad y solo deja al juicio de amparo como único medio de impugnación

Por el grupo mixto Veracruz nos Une, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar precisó que esta ley es similar a la General y que se deja en estado de indefensión a la ciudadanía en materia de protección de datos. Ambos adelantaron su voto en contra.

En el debate general participaron las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y María Elena Córdova Molina.

Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).– El Congreso aprueba por unanimidad, el dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, por el que se asienta como requisito para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público no estar inscrito o inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o en el Registro Nacional o Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género o contar con sentencia condenatoria firme por delitos de violencia de género.

El documento puesto a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, responde al proceso de armonización legislativa derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominada “3 de 3 contra la Violencia”.

El dictamen, respaldado con 39 votos, es resultado del análisis de las iniciativas presentadas por las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dorheny García Cayetano, Astrid Sánchez Moguel y Montserrat Ortega Ruiz.

El documento refiere que las autoras plantean en sus propuestas, por una parte, el alarmante contexto de violencia de género que prevalece en la entidad, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, vulnerando el interés superior de la niñez y constituyendo una forma de violencia económica que afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Ante la coincidencia legislativa de ambos proyectos, las dictaminadoras determinaron integrar, ajustar y perfeccionarlos, con la finalidad de que sean jurídicamente sólidos, eficaces e impugnables, sin vulnerar los derechos establecidos en la Constitución Política de México.

Posicionamientos

Al hacer uso de la voz, la legisladora Dorheny García Cayetano, del Grupo Legislativo de Morena, destacó que cuando hay voluntad política, las causas del pueblo pueden ser ley, por lo con esta reforma se corrige un vacío legal que permitió a personas agresoras o deudoras alimentarias se postulen, compitan e incluso lleguen a cargos de elección o designación, “el servicio público no puede ser refugio de violentadores ni de quienes abandonan a sus hijas e hijos”, precisó.

Agregó, que se establece el impedimento para quienes hayan sido sentenciados por delitos de violencia y que subsistirá únicamente por el tiempo equivalente a la pena de prisión impuesta, contado a partir del cumplimiento de la sentencia.

Por su parte la representante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputada Tania María Cruz Mejía, expresó que esta modificación es un mensaje poderoso para las niñas, niños y mujeres pues las respalda, protege y pone límites, desde la Constitución Política de Veracruz, “para que los agresores no puedan llegar al Poder”.

La diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), subrayó que con la aprobación de esta reforma se da un paso firme, justo y necesario hacia la construcción de un servicio público digno, ético y comprometido con los derechos humanos, pues con la suspensión de derechos se envía un mensaje claro “en Veracruz no hay lugar en el Poder para quienes violentan, abandonen o niegan justicia a sus propias familias o las mujeres, no puede representar al pueblo quien ha fallado en lo más elemental”.

Finalmente, el legislador Héctor Yunes Landa expresó que el sentido positivo del voto del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une va acorde a dar una respuesta ética, jurídica y social a un problema estructural que se ha normalizado como lo es la impunidad, toda vez que no se puede permitir que quien violenta, abandona o abusa, pueda representar a las y los ciudadanos o tomar decisiones.