Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Mediante una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Montserrat Ortega Ruiz propuso que se establezca un porcentaje mínimo de participación ciudadana en el proceso electoral de las personas juzgadoras de la federación, con el que se posibilite que el resultado que se obtenga sea vinculante y las personas electas tengan un nivel aceptable de legitimidad.

De acuerdo con el artículo 96 constitucional, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y los magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

Para que el proceso de elección sea válido, propone la legisladora Montserrat Ortega Ruiz, deberá haber una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

En su proyecto presentado durante la Octava Sesión Ordinaria, la representante popular argumenta que en un proceso electoral la legitimidad de las personas que resultan electas, más allá del número de votos que reciben, radica en el porcentaje de participación ciudadana que acudió a emitir su sufragio, lo que -explicó- permite generar la idea de que, a mayor participación, mayor legitimidad; es decir, las personas que resulten con más votos tendrán también la mayor confianza y respaldo del electorado que se manifestó en las urnas.

Bajo esta premisa, continúa, la conformación del Poder Judicial por medio del voto popular debiera ser un mecanismo de democracia directa que revista de legitimidad a las personas que resulten electas.

Señala también que, en este contexto, la baja participación ciudadana en un proceso electoral de esta naturaleza obliga a establecer mecanismos que eleven la calidad democrática expresada en las urnas y garantice un mayor índice de legitimidad de las personas que resulten electas. De acuerdo con su proponente, con esta Iniciativa se busca establecer una base mínima que asegure que las personas electas cuentan con legitimidad y confianza, que redunde en una justicia imparcial, pronta y expedita para los justiciables.

Con la adhesión de las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar y María Elena Córdova Molina y de los legisladores Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Héctor Yunes Landa, la iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, del Artículo 96 de la Carta Magna, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- El Congreso de Veracruz contaría con una Comisión Permanente para la Atención a la Desaparición de Personas, de acuerdo con la propuesta de la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez y del diputado Enrique Cambranis Torres, presentada durante la Octava Sesión Ordinaria.

Dicho proyecto, dado a conocer desde la tribuna por la legisladora Luz Alicia Delfín Rodríguez, indica que la desaparición de personas viola un amplio número de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho humanitario de los que México forma parte.

Además, viola los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad y seguridad de la persona, a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la vida -en caso de muerte de la persona desaparecida-, a una identidad, a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales, a un recurso efectivo -con reparación e indemnización- y a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.

A esto suman que la desaparición del principal sostén económico de la familia, sobre todo en las sociedades menos prósperas, crea situaciones socioeconómicas que violan gravemente otros derechos como a la protección y a la asistencia a la familia, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación.

Por todo lo anterior, la y el proponente consideran necesario trabajar concretamente en la atención de este fenómeno y contar en esta representación popular con una comisión que se encargue de analizar los temas inherentes a la desaparición de personas en la entidad.

Con la adhesión de los diputados Fernando Yunes Márquez, Héctor Yunes Landa y Adrián Sigfrido Ávila Estrada y de las diputadas María Elena Córdova Molina y Ana Rosa Valdés Salazar, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXVI, recorriendo las subsecuentes, al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Veracruz, fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación

Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Con iniciativas presentadas por la gobernadora Rocío Nahle García se podrá contar con una legislación moderna y vanguardista que dará certeza a los actos de transparencia, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, diputado Esteban Bautista Hernández.

Mencionó que el derecho al acceso a la información pública en el estado está garantizado y con las propuestas de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, además que se optimizará el uso de los recursos públicos.

Al expresar su respaldo a las iniciativas de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas para el estado de Veracruz, el diputado subrayó que, además de dar cumplimiento al mandato constitucional federal, la mandataria cumple a los ciudadanos al llevar a Veracruz hacia un modelo en el que prevalezca la racionalidad en el uso de los recursos y la optimización del capital humano.

Agregó que con estas nuevas leyes se prevé un mejor desempeño en la materia, ya que, dijo, se involucran diversos entes y se crean órganos como los Comités y Unidades de Transparencia, aunado esto a los trabajos de coordinación interinstitucional con organismos federales para un adecuado cumplimiento del derecho de acceso a la información.

Por otra parte, y ante los señalamientos de que con la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) se elimina el derecho a la información pública, el legislador Bautista Hernández precisó que, por lo contrario, “ahora tendremos una mejor forma de acceso, ya que las autoridades garantes serán la Contraloría General del Estado, las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial y los órganos internos de los organismos autónomos de la entidad.

“Lo he dicho y lo reitero, los derechos del personal del IVAI están garantizados y nadie perderá su trabajo; a todos se les respetará la continuidad en sus funciones”, recalcó.

Por último, agregó que corresponde a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto analizar y dictaminar las iniciativas de la titular del Ejecutivo estatal.