Poza Rica, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- La nueva reforma a la Ley General de Comunicación Social en vigor realizó modificación sobre el presupuesto a la publicidad gubernamental, por lo que se considera que puede coartar el derecho al trabajo para el periodismo, generando el riesgo de que editoriales desaparezcan, dando como resultado la desinformación social y afectaría la democracia del país.

El Diario Oficial de la Federación publicó el 27 de diciembre del 2022 la nueva reforma a la Ley General de Comunicación Social sobre el artículo 24 que establece que los entes públicos, incluyendo ayuntamientos, gobiernos estatal y federal, tendrán un límite en el presupuesto para el gasto que debe ejecutar el Programa Anual de Comunicación Social.

Esto se aplicaría con el ejercicio presupuestal que se regirá a partir del 1 de enero del 2024, especialmente son los ayuntamientos los que dan uso a ese recurso para difundir sus actividades, y el límite que estaría permitido se representa con el 0.1 % del presupuesto anual que cada ente gubernamental tenga asignado.

En su criterio profesional y con experiencia en el derecho laboral, el abogado Joel Rigo Estrada dio su punto de vista sobre esta reforma de ley. “Es anticonstitucional porque limita el derecho al trabajo periodístico y a estar informados, puesto que en una democracia los medios cumplen la función de dar a conocer a los ciudadanos lo que están haciendo nuestras autoridades, de qué manera lo van a hacer, si la propia autoridad no se los hace saber”.

Considera que de llevarse a efecto la asignación de un presupuesto que deba ejecutar sólo el 0.1 % sería un agravio contra la transparencia de la información y coarta el derecho de los ciudadanos a estar enterados.

Esto provocaría que los empresarios del ramo de la comunicación tengan que combatir jurídicamente esta normativa, ya que se pone en riesgo el derecho al ejercicio de una profesión y es motivo de impugnación, así como de solicitudes de amparos indirectos que los jueces de distrito tendrán que resolver, y la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que esta ley es del orden federal.

Por su parte el periodista Benjamín Portilla dijo que se convierte en un atentado contra los medios de comunicación. “Somos empresas de mexicanos, generadores de empleos, porque no sólo es escribir, trabajan con nosotros editores, diseñadores, caricaturistas, contadores, muchos pagan rentas de locales, pagan impuestos, pagan internet, en la actualidad se contrata el uso de los equipos móviles (que no son nada baratos), un celular que sirve para transmitir en vivo oscila entre 10 y 11 mil pesos. Detrás de cada empresa hay familias que dependen de un empleo gracias al periodismo”.

El comunicador pozarricense comparó los gastos que se realizan en partidos políticos que ocupan precisamente medio impreso para difundir su ideología, y es uno de los más caros, como el costo de las tintas o el papel, los insumos básicos son de importación y de asignarse un presupuesto diminuto, los medios podrían desaparecer, pero con ello surgiría la opacidad de un gobierno.

“Si se pretende que la información se maneje en redes sociales, estas no son reguladas, caen en ruido, la información que se generaría no estaría sustentada como lo hace un profesional de la comunicación, entonces no habría un pueblo informado”, refirió.

El Congreso Local del Estado de Guanajuato presentó controversia constitucional sobre el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, por su parte actuó también la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales, ya que los ayuntamientos buscan la autonomía por decidir lo que tienen que hacer, piden que se respete la autodeterminación de los gobiernos municipales.

Por Lidia López