Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Con la participación de siete organizaciones de personas con discapacidad, incluidas Gente Pequeña o Talla Baja, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de este Congreso realizó la Consulta Pública sobre el Decreto 557 que reformó la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, a fin de conocer propuestas e inquietudes de este sector social y en cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 204/2020.

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En la explanada del Palacio Legislativo y con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y de las diputadas Anilú Ingram Vallines y Ana Miriam Ferráez Centeno, así como del legislador Gonzalo Durán Chincoya, presidenta, secretaria y vocal de dicha comisión, respectivamente, inició este ejercicio de participación ciudadana.

Primeramente, la legisladora Anilú Ingram dio la bienvenida a representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, incluidas niñas, niños y adolescentes, y recordó que en mayo de 2020 el Congreso del Estado modificó partes de los artículos 2 y 4 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad, conocida como Ley 822.

Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no estuvo de acuerdo y promovió una acción de inconstitucionalidad alegando que estas reformas son contrarias a lo que dispone la Constitución general de la República.

Por su parte, la SCJN resolvió esa acción y declaró inválidas las reformas, ordenando al Congreso de Veracruz que consulte sobre el tema a las personas con discapacidad, particularmente las de Talla Baja o Gente Pequeña, destacó la Diputada.

Por consiguiente, la legisladora dijo que, para legislar en el sentido de adecuar los citados artículos de la Ley 822 a las consideraciones vertidas por la Corte, este Congreso necesita conocer la opinión de los convocados sobre las siguientes preguntas.

¿Consideran ustedes que la talla baja es una discapacidad física?, en lugar del término “trastorno de talla” ¿cuál es el que consideran más adecuado para que la ley se refiera a este grupo? y ¿están ustedes de acuerdo en que la talla, la condición económica, el embarazo en el caso de las mujeres, la identidad política, la lengua, la situación migratoria o las preferencias sexuales de las personas con discapacidad no sean motivo de discriminación y que así lo considere la Ley 822?

Posteriormente, hizo uso de la palabra el legislador Juan Javier Gómez Cazarín, quien celebró la participación de grupos organizados de la sociedad civil en temas relevantes como es la discapacidad y externó que con esta acción el Congreso atiende el llamado de la SCJN para adecuar una ley que será de beneficio para todas y todos, y les reconoció que “gracias al interés que hoy demuestran y a su trabajo permanente, hoy se les toma mucho más en cuenta en las decisiones”.

En tanto, al referirse a las asistentes al foro, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno dijo que su participación favorece en gran medida los procesos legislativos, las políticas públicas, las estrategias a plantear y que los programas sean eficientes e integrales en el momento de su ejecución, “ya que son ustedes quienes conocen y enfrentan los retos y dificultades por superar y saben mejor que nadie lo que debe hacerse para promover, maximizar y decidir sobre sus derechos y bienestar”.

El legislador Gonzalo Durán Chincoya consideró que abordar el tema de discapacidad es hablar de un grupo vulnerable que requiere la atención de la sociedad en su conjunto y de sus autoridades y que “en muchas ocasiones, los problemas de aceptación y maltrato provienen del núcleo familiar, por lo que debemos continuar la lucha por la defensa de nuestros derechos”.

Asistieron a este foro la presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Cecilia Guevara Guembe; la titular de la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso local, Lilia Christfield Lugo; en representación del Poder Judicial del estado, el magistrado Juan José Rivera Castellanos; de la Fiscalía General del Estado (FGE), Manuel Fernández Oliveros; de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Daniel Vela Sánchez; del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Liliana Magaña, y el abogado especialista en derechos humanos Aarón Flores Velasco.

Participaron las y los integrantes de las organizaciones Trotamundos sin límites Orizaba, Mujeres con propósito A. C., Somos pequeños Veracruz A. C., Soy tu reflejo, Radiodirección A.C, Lazos de acero y Líder hazlo.

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