Ciudad de México.- (Vanguardia de Veracruz).- Este viernes 20 de diciembre, el Poder Ejecutivo de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en materia de simplificación administrativa, que implica la desaparición de siete organismos autónomos.

Cabe mencionar que entre ellos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Dicho movimiento forma parte de un esfuerzo por reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del gobierno.

Según el decreto, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la medida, para realizar las adecuaciones legislativas necesarias. Estas modificaciones deben estar orientadas a eliminar los organismos, unidades administrativas o estructuras que generen duplicidad de funciones en el ámbito público.

Además, se establece que las funciones de los organismos desaparecidos serán asumidas por otras dependencias de la administración pública centralizada, con el fin de optimizar recursos y procesos.

En cuanto a las funciones específicas de los organismos desaparecidos, el INAI será absorbido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encargada de vigilar la transparencia y el acceso a la información.

Por su parte, las atribuciones del IFT serán trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que el Coneval pasará a formar parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta reconfiguración busca centralizar áreas clave y evitar la dispersión de tareas relacionadas con las políticas de desarrollo social y telecomunicaciones.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encargada de promover la competencia económica en el país, transferirá sus responsabilidades a la Secretaría de Economía (SE). De igual manera, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) verán sus funciones absorbidas por la Secretaría de Energía (SE), lo que permitirá una mayor integración y coordinación en el sector energético.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá las atribuciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), fortaleciendo las políticas educativas del país.

El decreto también establece que los derechos laborales de los servidores públicos de los organismos extinguidos serán plenamente respetados, conforme a la legislación vigente. Este aspecto busca garantizar que no haya afectaciones a los empleados públicos durante el proceso de reestructuración.

Asimismo, los recursos humanos de los entes extintos pasarán a formar parte de las dependencias que asuman sus funciones, lo que facilitará la transición y evitará la pérdida de personal calificado.

Con esta medida, el gobierno busca reducir el tamaño de la administración pública, centralizar funciones y eliminar redundancias que, según la administración, dificultan la eficacia del sector público. Este cambio estructural plantea un desafío en términos de implementación, pero también una oportunidad para mejorar la eficiencia gubernamental y optimizar el uso de los recursos del estado en beneficio de la población.

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ZMOM