Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Un total de 431 mil 310 personas continúan sin actualizar su credencial de elector en Veracruz, mismos que tendrán hasta el 31 de diciembre para acudir a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), de lo contrario, serán dados de baja.

Así lo indicó este miércoles el titular del Registro Federal de Electores del INE en Veracruz, Sergio Vera Olvera, quien exhortó a los ciudadanos a acudir para que se actualice el padrón.

El funcionario indicó que las personas que se encuentren en este supuesto tienen hasta el 31 de diciembre para acudir a cualquiera de los 31 módulos del INE que hay en la entidad para renovar su credencial, haciendo hincapié que en caso de no hacerlo serán dados de baja del padrón electoral.

Detalló que todos aquellos que quieran realizar cambios en su credencial del INE requieren: Identificación con foto, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, todos en original.

Para renovar el INE, los electores pueden solicitar cita o acudir sin ella en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

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Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz se prepara para las elecciones municipales que se desarrollarán en 2025, declaró su presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales.

Además, analizar lo relacionado con el ejercicio fiscal de 2025 y, por lo tanto, consideran hacer la solicitud de mil 500 millones de pesos.

El proyecto tendrá que pasar esta semana por una revisión de la comisión administrativa del OPLE y que a finales de este mismo mes de septiembre se apruebe por el Consejo General y se torne al Ejecutivo del Estado.

“Hablamos en promedio de mil 500 millones, recuerden que este proceso o este ejercicio estuvo en mil 250 millones”, comentó durante la entrevista este miércoles 11 de septiembre en esta ciudad de Xalapa.

También comentó que el próximo año, es decir, en 2025, se llevarán a cabo las renovaciones de los ayuntamientos en todo Veracruz, por ello se preparan ante las elecciones municipales en los 212 municipios.

“Estamos hablando de un proceso electoral nuevo en el que estaremos renovando los 212 ayuntamientos en la entidad, estamos hablando de poco más de 520 cargos a elegir en todo el Estado”, explicó la funcionaria electoral.

Por Paco De Luna

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Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Este miércoles 11 de septiembre, el titular del Poder Ejecutivo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, firmó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación.

Esto se da luego de que el Pleno de la LXVI Legislatura local aprobara el proyecto con 32 votos a favor y 11 en contra para renovar el modelo de justicia en el país, la diputada presidenta del Congreso, Adriana Esther Martínez Sánchez, remitió el documento al gobierno estatal.

La histórica reforma reduce de 11 a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y define un procedimiento específico para la elección de los mismos, así como de magistrados y jueces, por la vía del sufragio universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos.

También elimina el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar establece un órgano administrativo especializado con independencia, autonomía técnica, de gestión y emisión de resoluciones, funcional y separado de la Corte.

Por otra parte, prevé un Tribunal de Disciplina Judicial que constará de cinco magistraturas elegidas mediante el voto, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia en el pronunciamiento de las sentencias.

Dicha instancia tendrá la facultad de recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a servidoras y servidores públicos del Poder Judicial, a fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.

El dictamen instruye que las autoridades judiciales, federales y estatales, no recibirán remuneración superior a la del o la titular de la Presidencia de la República.

Cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme a los procedimientos de ley.
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