Poza Rica, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Por ser de escasos recursos y no contar con una defensa adecuada que defienda sus derechos, miles de personas han sido recluidas en prisiones del estado pese a que los delitos que probablemente cometieron no ameritaban tal medida cautelar.

En entrevista para este medio, un juez de control y juicio adscrito a una sala en la zona norte del estado, reconoció que pese a que son ellos los que imponen tales medidas cautelares, indicó que es el Ministerio Público quien lo solicita: “Sí viola ese derecho humano, si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prisión preventiva oficiosa a los delitos que contempla el 19 párrafo segundo, también lo es que el estado mexicano es el único que prevé un catálogo de delitos cuando otros países no lo prevén”, señaló.

En este sentido, agregó que la prisión preventiva se impone, según el código, cuando no existan otras medidas con las cuales no se pueda asegurar la presencia del imputado dentro del proceso o exista un riesgo de sustracción del imputado: “Aquí podemos aplicar el supuesto de que la persona puede irse, puede escapar y dejar inconcluso el proceso, por eso se estima conveniente aplicar esta medida, se llama prisión preventiva justificada, pues si bien es cierto el delito que cometió no viene dentro del catálogo del 19 constitucional, se impone cárcel para que el individuo no se sustraiga de la acción de la justicia, sin embargo, para ello debe acreditarse lo que establece el artículo 168 (Peligro de sustracción del imputado) del código nacional de procedimientos penales”, sostuvo.

UN CASTIGO A LA POBREZA

Apenas el 26 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció al respecto y declaró que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. “Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, así se pronunció públicamente el ministro Arturo Fernando Zaldívar.

En tanto, el juez de control que dialogó con Vanguardia indicó que, en Poza Rica, más del 50 por ciento del total de internos del Cereso no tienen una sentencia, es decir que no se ha podido comprobar que sean culpables, no obstante, en su momento se decidió mantener privados de su libertad “para que no escapen”. Hay casos en los que llevan hasta 4 años tras las rejas y su futuro es incierto.

Se trata de personas que, como lo expresó la SCJN, no tuvieron suficientes recursos económicos para costear un abogado que los defendiera: “Por lo regular recurren al defensor público, al que antes se le llama de oficio, pero es sabido que ante la carga de trabajo de estos abogados asisten al imputado más que nada por un requisito, pero no debaten, no argumentan, y muchas veces de eso depende que las personas sean recluidas, aun y cuando no lo merecen”.

PRIMERO DETIENEN, DESPUÉS INVESTIGAN

Uno de los factores que más ha influido para que los centros penitenciarios de la zona se encuentren sobrepoblados, es que la autoridad investigadora tiende a detener primero ante la sospecha de que la persona ha cometido un delito, y mientras acredita tal cosa, mantiene preso al imputado bajo cargos por delitos simples.

“No lo decimos los jueces, también la Corte reconoce que se ha abusado de la prisión preventiva, hay ministerios públicos en Poza Rica que ordenan detener para después investigar, y esto afecta a personas que por sus condiciones de pobreza no pueden comprobar su inocencia”, insistió.

En la ciudad petrolera, el juez recuerda el caso de José Luis (no es su verdadero nombre) quien fue detenido en el 2020 por el delito de posesión de droga y la fiscalía argumentó que, si bien no era un delito grave, debía imponerse prisión preventiva justificada porque “podría darse a la fuga”. “Recuerdo ese caso porque lo que sucedió es que, a los dos meses, en otra carpeta de investigación se acusaba a la misma persona de homicidio, y aunque la familia negaba la participación en el hecho, prácticamente la estrategia fue, primero asegurar a la persona y después investigar si era o no responsable de otro delito”, aseguró el trabajador de poder judicial del estado.

Asimismo, reconoció que el sistema penal vigente en el país prevé la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, por lo tanto, ordenar una prisión a alguien que no se ha comprobado si es o no culpable, viola sus derechos.

“Hay excepciones y esto debe quedar claro, en casos donde la persona es detenida por delitos graves como homicidio, secuestro, u otros contemplados en el 19 de la Carta Magna, entonces la prisión preventiva se aplica por oficio, porque ante estos delitos no hay otra medida cautelar”, finalizó.