Poza Rica, Ver.- A pesar de que el séptimo distrito judicial alberga importantes juzgados en materia civil, penal y familiar, el proyecto de la ciudad judicial no se ha iniciado aun cuando  ha sido anunciado desde hace varios años. Abogados manifestaron su inconformidad porque en municipios como Papantla y Tuxpan ya fueron inauguradas moderas instalaciones mientras que la ciudad petrolera sigue sumida en el atraso.

La insistencia de los litigantes sólo es para dignificar la impartición de justicia para las víctimas, también para mejorar las condiciones en las que trabajan los servidores públicos y los abogados mismas que son insuficientes ante el cierre de juzgados en municipios de Papantla y otros que concentraron miles de expedientes en el Juzgado Primero de Primera Instancia.

El proyecto de la construcción de la ciudad judicial ha sido postergado desde que Edel Álvarez Peña era presidente de tribunal superior de justicia, quien prometió en el 2019 que Poza Rica contaría con instalaciones dignas para mejorar la impartición de justicia.

En un primer intento, el palacio de justicia sería construido en la Gaviotas, después se dijo que sería cerca del parador urbano, muy cerca de las instalaciones de Pemex; sin embargo, ahora el proyecto fue enviado a las viejas instalaciones del aeropuerto en Poza Rica, entre la colonia División de Oriente y la Adolfo López Mateos de Coatzintla, cerca del panteón “Santísima Trinidad”.

Sin embargo, ya han pasado dos años desde el último anuncio y no hay ni siquiera un proyecto sólido o una certeza de que realmente será edificado. Los abogados insisten en que no tener un palacio de justicia donde se concentren todos los juzgados implica pérdida de tiempo al desplazarse de un lugar a otro y por ende, dilación en los expedientes.

El anhelado proyecto no es de apenas, abogados con más de 20 años litigando recuerdan que fue aproximadamente en el 2008, es decir, hace 13 años, cuando se propuso por primera vez la construcción de este edificio que además debe tener espacio para la defensoría pública y todos los juzgados en Poza Rica.

Lo que sí recuerdan los profesionales del derecho es que en la administración de Edel Álvarez, Poza Rica fue incluida en el proyecto para la construcción de 23 palacios de justicia con inversión total de 2 mil millones de pesos y que tenía como objetivo unificar la prestación de servicios tanto del poder judicial como de la fiscalía del estado, pero en el distrito judicial 7, no se colocó ni la primera piedra.

Para la construcción de este edificio se requiere una inversión de varios millones de pesos, y al menos para el 2022 dentro del presupuesto de egresos de la federación, no se incluye a Poza Rica.

Lo que se sabe es que ye hay un terreno donado, donde anteriormente se ubicaba el aeropuerto; Vanguardia acudió este fin de semana para corroborar en qué condiciones se encuentra y luce montoso; sería por medio de una asociación público-privada, en la que intervino el gobierno de Poza Rica para la firma del convenio el 17 de septiembre del  2019, pero los detalles del proyecto no fueron públicos.

EVIDENTES IRREGULARIDADES

El caso de Poza Rica no es el único en el estado, pues el Órgano de Fiscalización Superior determinó que con Álvarez Peña al frente del PJEV, se detectaron irregularidades. Por ejemplo, el órgano fiscalizador advirtió que si bien algunos proyectos fueron iniciados, presentaron irregularidades que tenían que ver con la mala calidad en las obras.

En total, para la edificación de las ciudades judiciales de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca se asignaron 3 mil 965 millones de pesos; se estima que la construcción de cada proyecto es de entre 50 y hasta 155 millones de pesos; además, el Orfis también advirtió que el Poder Legislativo sólo había avalado 17 ciudades judiciales a través de asociación público-privada, empero el Poder Judicial se autorizó y comenzó con la construcción de 21.

Ya con Isabel Inés Romero Cruz, las obras inconclusas por la insolvencia que dejó Edel Álvarez han sido concluidas y entregadas, pero antes, solicitó al congreso del estado autorización para modificar los contratos de APP, donde se habían establecido hasta 25 y 27 años para la conclusión de las obras.