Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Pueblos afromestizos, nahuas y popolucas del sur de Veracruz se han unido para frenar la construcción del gasoducto Puerta al Sureste, mediante un amparo colectivo que busca detener el avance del megaproyecto energético. Acompañados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), denunciaron omisiones graves del gobierno federal, principalmente la falta de información y de consulta previa, libre e informada.

Las comunidades que habitan en la región de la sierra de Santa Marta, en los Tuxtlas, alertan que el proyecto amenaza ecosistemas clave como arrecifes, manglares y cuerpos de agua dulce, de los que dependen para la pesca, la agricultura y su vida comunitaria. Desde el pasado 25 de junio, las comunidades expresaron formalmente su rechazo al trazo del gasoducto de 715 kilómetros que conectaría el sur de Texas con el sureste mexicano.

El gasoducto Puerta al Sureste es parte de un ambicioso plan energético nacional que contempla más de 4 mil 600 kilómetros de nuevas tuberías y al menos 19 plantas termoeléctricas en distintas regiones del país. Organizaciones ambientales han advertido que esta expansión pone en riesgo zonas de alta biodiversidad y fortalece el modelo energético basado en combustibles fósiles.

En Veracruz, pescadores de comunidades costeras también han levantado la voz ante la posible contaminación de cuerpos de agua y la alteración de arrecifes, lo cual podría tener consecuencias irreversibles para sus actividades económicas y su entorno natural.

Cemda señaló que las autoridades han clasificado el proyecto como asunto de “seguridad nacional”, lo que ha servido para ocultar información y evitar el escrutinio público.

Para las comunidades, esa decisión profundiza la exclusión histórica que han vivido los pueblos afrodescendientes e indígenas, al imponer obras sin diálogo ni respeto por sus formas de vida y relación con el territorio.

El proceso legal sigue en curso, mientras crece la organización comunitaria y se suman más voces a la defensa del sur veracruzano.

DAD

Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Una paciente del ISSSTE en Xalapa obtuvo una suspensión provisional de la justicia federal luego de que el hospital le negara una cita con un médico oftalmólogo para tratar una afectación derivada de su diabetes.

El Juzgado Decimoséptimo de Distrito otorgó la medida cautelar dentro del expediente 601/2025, tras considerar que la omisión de la clínica podría vulnerar su derecho a la salud.

La derechohabiente acudió el 18 de junio a la Clínica Hospital ISSSTE en San Bruno, Xalapa, con el fin de obtener atención especializada, pero le informaron que no habría citas disponibles en todo 2025 y que la programación sería hasta noviembre, con fecha para el 2026.

La mujer, con catorce años de evolución de diabetes, alegó que necesita atención urgente en oftalmología y que la negativa de la clínica pone en riesgo su salud.

El juzgado consideró que, aunque el acto reclamado es de carácter omisivo, no impide la concesión de una suspensión, ya que el amparo busca proteger los derechos fundamentales del quejoso mientras se resuelve el fondo del asunto.

Con esta resolución, el ISSSTE deberá asignar de inmediato una cita médica especializada y garantizar el tratamiento adecuado.

Xalapa, Ver.– (Vanguardia de Veracruz).- Habitantes de al menos seis colonias de la periferia de Xalapa se manifestaron este viernes para denunciar supuestos cobros excesivos por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), encargado de regularizar la tenencia de la tierra.

De acuerdo con los inconformes, el organismo federal exige pagos de entre 5 mil y hasta 400 mil pesos por concepto de escrituración, sin realizar previamente un estudio socioeconómico y bajo advertencias de aplicar intereses si no se cumple en un plazo de 15 días.

“Nos están cobrando cantidades impagables, hasta 400 mil pesos por un terreno. Apenas están levantando expedientes y ya quieren que paguemos de golpe”, señaló Lorenzo Gutiérrez, representante de la agrupación Vanguardia Veracruzana.

Según expuso, se trata de aproximadamente mil 200 familias afectadas en una extensión de 19 hectáreas ejidales que comprende desde El Sumidero 3 hasta la colonia Las Torres.

“Somos gente humilde, amas de casa, adultos mayores, trabajadores. Algunos ya están hospitalizados por la presión de estos cobros”, denunció.

Durante la protesta pacífica, los colonos solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales para frenar lo que calificaron como un abuso institucional. “No vamos a bloquear calles, vamos a caminar porque ni carro tenemos, pero exigimos que nos escuchen”, dijo Gutiérrez.

Rosalba Alarcón, otra de las representantes, subrayó que muchas de las familias afectadas han vivido durante años en la zona sin haber sido notificadas previamente sobre estos procedimientos.

“Somos del camino antiguo a Chiltoyac. Hemos levantado nuestras casas con esfuerzo. Solo pedimos que se nos respete y se nos permita pagar de manera justa”, sostuvo.

En la misma manifestación, la maestra Citlali Topacio Ramírez, dirigente de Fuerza Ciudadana, exigió la devolución de su plaza laboral, la cual, afirmó, le fue retirada en 2016 por motivos políticos durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

“Fui presa política y hasta hoy no me han regresado mi plaza. Mi caso también debe ser atendido”, expresó.

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