Papantla, Ver.-

(Vanguardia de Veracruz).-

Los pueblos indígenas establecen una relación particular con el medio ambiente, como lo han destacado diversos estudios; por ello, plantean la necesidad de la defensa del “territorio”, concepto más amplio que el de “tierra”, ya que implica el lugar donde se vive; pero también donde yacen los ancestros, donde se localizan los lugares sagrados, donde se cultiva la tierra y se habita, casi siempre en la cercanía de ríos y fuentes de agua; es decir, el lugar donde se encuentran las raíces, la historia y la vida.

Gerardo C. E., líder totonaca de la localidad Plan de Hidalgo señala: “No es que nosotros seamos dueños del agua o de la tierra; es que el agua y la tierra son nuestra vida, y por eso tenemos un mandato: ser sus guardianes, sus protectores. Defender el territorio y la vida es la esencia de la resistencia contra los megaproyectos, resultado de las políticas neoliberales”.

Cuando Pemex era una empresa nacionalizada, los pobladores afectados se relacionaban directamente con estos actores, sin intermediarios; pero desde que se inició el proceso de privatización de Pemex, hacia finales de la década de los ochenta, de forma paulatina se hizo más compleja esta relación, a medida que comenzaron a operar las compañías privadas.

Es indudable que existen impactos sociales y ambientales, como la contaminación de arroyos y fuentes de agua que afectan a todos los habitantes por igual; sin embargo, es necesario contextualizar cómo se producen estos impactos en situaciones particulares, para mostrar el tipo de reconfiguraciones que se producen.

El 29 de octubre de 2015, María S. O. H., quien en ese entonces era agente municipal de su comunidad, atendió a dos hombres que la buscaron para realizar un trámite. La sacaron de su casa con engaños, de inmediato la detuvieron y trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGR) de la ciudad de Poza Rica. Al día siguiente la enviaron en avión comercial a la Ciudad de México, y luego a Tepic, Nayarit, donde fue internada en el Centro Federal de Detención Femenina de Máxima Seguridad, donde permaneció recluida nueve días.

Fue acusada de cometer “Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales”; el arresto se registró siete meses después de participar, junto con habitantes de la localidad, en el cierre del camino que conduce a un pozo petrolero ubicado dentro del ejido, para así exigir mejores caminos, alto a la contaminación; además de una obra de drenaje sanitario. En su momento se estableció un acuerdo para realizar las obras; sin embargo, éste no se cumplió.

Al momento de ser detenida la mujer tenía 26 años, una hija de cinco semanas de nacida y otra de cinco años. El embarazo fue de alto riesgo y no se había recuperado de la cesárea anterior, cuando fue arrestada. Su caso fue ampliamente comentado en los medios de información locales, que reconocieron lo improcedente de su detención; incluso, su situación se elevó hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que emitió una recomendación a las autoridades correspondientes. Su salida de la cárcel se logró gracias al apoyo de familiares y organizaciones de la sociedad civil, que juntaron el dinero de la fianza.

El caso de María fue sólo el inicio de una serie de estas situaciones que se judicializaron por acciones que provienen de los movimientos sociales, pero también por las autoridades y el aparato judicial que lleva implícita la amenaza de la criminalización a un genuino reclamo por la contaminación de pozos, ríos, arroyos y parcelas, que pareciera, no tendrá fin.