Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).- El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de Baja California, trabaja en el esclarecimiento de la agresión registrada contra la regidora del Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada, y su familia.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en la colonia La Hacienda, en el municipio de Tecate, cuando la funcionaria y sus familiares circulaban a bordo de un vehículo y fueron atacados con disparos de arma de fuego.

Durante la agresión, la regidora y una menor de edad resultaron lesionadas, mientras que su esposo perdió la vida. Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada y, de acuerdo con los reportes, se encuentran fuera de peligro.

Como parte de las primeras investigaciones, autoridades localizaron un vehículo con características similares al utilizado por los presuntos responsables. La unidad fue encontrada incendiada aproximadamente a tres kilómetros del sitio donde ocurrió el ataque.

Las autoridades informaron que continúan las diligencias para recabar y analizar imágenes de cámaras de vigilancia que permitan identificar y detener a los responsables.

El Gabinete de Seguridad reiteró su colaboración con las instituciones estatales para el esclarecimiento de los hechos y aseguró que se dará seguimiento a la investigación para evitar que el caso quede impune.

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Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz). – La propuesta de que una sola persona pueda representar electoralmente a toda una familia encendió la polémica en redes sociales, luego de que el político panista Javier Albarrán planteara sustituir el voto individual por un modelo de “voto por hogar”.

La postura provocó críticas de colectivos feministas como Brujas del Mar, así como de influencers y abogados, quienes señalaron que una medida de este tipo podría abrir la puerta a que las mujeres pierdan autonomía en las decisiones políticas dentro de sus propios hogares, especialmente en contextos donde existen desigualdad o violencia familiar.

En una publicación realizada en redes sociales, Albarrán afirmó que las elecciones serían diferentes si el voto se ejerciera “por casa” o “por familia”, con una persona encargada de emitir la decisión pensando en el bienestar de todos los integrantes del hogar.

“Si votáramos por casa, por familia y hubiera un responsable de emitir ese voto, alguien que no piense solo en él, sino en todos”, escribió.

Sin embargo, la parte que generó mayor cuestionamiento fue la forma en que Albarrán describió a la persona que tendría la responsabilidad de emitir el voto familiar. En su publicación habló de alguien que decidiría pensando en “su esposa”, en “sus hijos”, en la educación de ellos y en las oportunidades laborales para “llevar el pan a la casa”, una descripción que sus críticos interpretaron como una referencia al modelo tradicional del hombre heterosexual como proveedor y líder del hogar.

Para sus críticos, esa descripción reproduce la figura tradicional del hombre como jefe del hogar y representante de la familia, pues aunque posteriormente aseguró que nunca dijo que el responsable del voto debía ser un hombre, el ejemplo utilizado fue interpretado como una referencia al papel masculino de proveedor y líder familiar.

La controversia aumentó cuando usuarios le cuestionaron qué ocurriría en hogares donde existe violencia doméstica o relaciones de poder desiguales, pues una sola persona podría terminar imponiendo una decisión política sobre los demás integrantes.

Sin embargo, en lugar de explicar cómo se protegería la libertad de decisión de las mujeres o qué mecanismos evitarían abusos dentro del hogar, Albarrán respondió que el voto debería recaer en “la persona más apta”, quien “vele por todos”.

Además, defendió que un modelo de este tipo podría generar ahorros en las jornadas electorales y aumentar la participación ciudadana, aunque usuarios señalaron que la mayor parte del gasto electoral no corresponde al conteo de votos, sino a otros procesos como las campañas y actividades de los partidos políticos.

La discusión surgió después de la polémica generada por la abogada y analista Natalia Torres, quien planteó la posibilidad de establecer filtros para votar basados en el nivel de estudios de los ciudadanos, una propuesta que también fue criticada por considerar que condicionaría un derecho ciudadano.

El planteamiento de Albarrán fue comparado con el concepto conocido como “household voting” o “voto por hogar”, una propuesta promovida por sectores conservadores en Estados Unidos que plantea que una familia funcione como una sola unidad política y que un integrante, específicamente el “hombre de familia”, represente la decisión electoral del grupo.

La idea ha cobrado visibilidad en círculos conservadores ligados al movimiento “tradwife” y a figuras como Erika Kirk, esposa del activista conservador Charlie Kirk, quien ha participado en espacios donde se debate el papel tradicional del hombre como líder del hogar.

Para quienes rechazan este modelo, el problema no es únicamente quién emitiría el voto, sino la posibilidad de que millones de personas dejen de tener una representación política propia y que derechos conquistados, como el sufragio femenino, queden subordinados a una decisión familiar.

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Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).– La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de establecer criterios uniformes en todo el país, fortalecer las investigaciones y reducir los niveles de impunidad.

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la propuesta plantea homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas, definiéndolo como el delito cometido por quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Uno de los principales cambios propuestos establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con el fin de garantizar una investigación adecuada desde el primer momento.

La iniciativa contempla penas de 50 a 70 años de prisión para quienes sean responsables de feminicidio, así como sanciones para la tentativa del delito equivalentes a entre la mitad y las dos terceras partes de la condena correspondiente.

Además, plantea incorporar 19 agravantes que podrían incrementar la pena hasta en una mitad, entre ellas cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, embarazada, tenga alguna discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.

El proyecto también incluye 10 razones de género para acreditar el delito, como antecedentes de violencia, violencia sexual, presencia de estereotipos de género y situaciones de desigualdad o abuso de poder.

Entre las medidas adicionales se propone que las personas responsables pierdan derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guarda y custodia, además de quedar inhabilitadas para ocupar cargos públicos.

La iniciativa establece también que el delito de feminicidio, sus sanciones y la reparación del daño sean considerados imprescriptibles, y que no puedan aplicarse beneficios como amnistía, libertad condicionada, conmutación de pena o excusas absolutorias.

El proyecto será analizado por el Senado de la República como parte del proceso legislativo correspondiente.

Puntos importantes clave:

■Se envía al Senado una iniciativa para crear una Ley General

■El objetivo es unifique la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por feminicidio.

■Busca homologar el delito de feminicidio en las 32 entidades del país con los mismos criterios legales.

■Propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio.

■Establece penas de 50 a 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio.

■La tentativa de feminicidio tendría sanciones de entre la mitad y dos terceras partes de la pena correspondiente.

■Incluye 19 agravantes para aumentar la condena, como cuando la víctima sea menor de edad, embarazada, adulta mayor, migrante, periodista, defensora de derechos humanos o tenga alguna discapacidad.

■Define 10 razones de género para acreditar el delito, como antecedentes de violencia, violencia sexual, estereotipos de género y abuso de poder.

■Plantea la pérdida de derechos del responsable, como patria potestad, tutela, guarda y custodia, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

■Establece que el feminicidio, la sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles.

■Propone eliminar beneficios como amnistía, libertad condicionada, conmutación de pena y excusas absolutorias para este delito.

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