Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Mediante una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Montserrat Ortega Ruiz propuso que se establezca un porcentaje mínimo de participación ciudadana en el proceso electoral de las personas juzgadoras de la federación, con el que se posibilite que el resultado que se obtenga sea vinculante y las personas electas tengan un nivel aceptable de legitimidad.

De acuerdo con el artículo 96 constitucional, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y los magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

Para que el proceso de elección sea válido, propone la legisladora Montserrat Ortega Ruiz, deberá haber una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

En su proyecto presentado durante la Octava Sesión Ordinaria, la representante popular argumenta que en un proceso electoral la legitimidad de las personas que resultan electas, más allá del número de votos que reciben, radica en el porcentaje de participación ciudadana que acudió a emitir su sufragio, lo que -explicó- permite generar la idea de que, a mayor participación, mayor legitimidad; es decir, las personas que resulten con más votos tendrán también la mayor confianza y respaldo del electorado que se manifestó en las urnas.

Bajo esta premisa, continúa, la conformación del Poder Judicial por medio del voto popular debiera ser un mecanismo de democracia directa que revista de legitimidad a las personas que resulten electas.

Señala también que, en este contexto, la baja participación ciudadana en un proceso electoral de esta naturaleza obliga a establecer mecanismos que eleven la calidad democrática expresada en las urnas y garantice un mayor índice de legitimidad de las personas que resulten electas. De acuerdo con su proponente, con esta Iniciativa se busca establecer una base mínima que asegure que las personas electas cuentan con legitimidad y confianza, que redunde en una justicia imparcial, pronta y expedita para los justiciables.

Con la adhesión de las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar y María Elena Córdova Molina y de los legisladores Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Héctor Yunes Landa, la iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, del Artículo 96 de la Carta Magna, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- El Congreso de Veracruz contaría con una Comisión Permanente para la Atención a la Desaparición de Personas, de acuerdo con la propuesta de la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez y del diputado Enrique Cambranis Torres, presentada durante la Octava Sesión Ordinaria.

Dicho proyecto, dado a conocer desde la tribuna por la legisladora Luz Alicia Delfín Rodríguez, indica que la desaparición de personas viola un amplio número de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho humanitario de los que México forma parte.

Además, viola los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad y seguridad de la persona, a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la vida -en caso de muerte de la persona desaparecida-, a una identidad, a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales, a un recurso efectivo -con reparación e indemnización- y a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.

A esto suman que la desaparición del principal sostén económico de la familia, sobre todo en las sociedades menos prósperas, crea situaciones socioeconómicas que violan gravemente otros derechos como a la protección y a la asistencia a la familia, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación.

Por todo lo anterior, la y el proponente consideran necesario trabajar concretamente en la atención de este fenómeno y contar en esta representación popular con una comisión que se encargue de analizar los temas inherentes a la desaparición de personas en la entidad.

Con la adhesión de los diputados Fernando Yunes Márquez, Héctor Yunes Landa y Adrián Sigfrido Ávila Estrada y de las diputadas María Elena Córdova Molina y Ana Rosa Valdés Salazar, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXVI, recorriendo las subsecuentes, al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Veracruz, fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación

Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- La y el integrante del Partido del Trabajo (PT) en la LXVII Legislatura presentaron al Pleno la iniciativa que adiciona un numeral 6 al inciso B) y reforma el inciso C), ambos de la fracción I del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de reducir el periodo del cargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), de nueve a cuatro años, así como incorporar el requisito de no tener sentencia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Al hacer uso de la voz, la diputada Elizabeth Morales García subrayó que con su compañero legislador Ramón Díaz Ávila coinciden en la relevancia de la FGE y que la persona titular de este organismo desempeña un papel fundamental en la implementación de políticas públicas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la iniciativa, se establecería que la persona que desempeñe el cargo de Fiscal General durará en su encargo cuatro años, y podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta del Congreso.

El Congreso del Estado resolverá en el caso de renuncia, fallecimiento, ausencia, inhabilitación o cualquier otra circunstancia que impida a la persona titular concluir su encargo, para lo cual, designará a quien lo sustituya, únicamente para concluir el periodo respectivo.

Por otra parte, la diputada precisó que la actual disposición constitucional otorga un período extenso para el cargo, lo que puede tener implicaciones significativas en la administración de justicia.

Agregó que un periodo de cuatro años para quien ostente el cargo de Fiscal permitirá una mayor rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía.

“Los ciudadanos y sus representantes tendrán la oportunidad de evaluar su desempeño con mayor frecuencia, facilitando la supervisión y la posibilidad de hacer ajustes necesarios”.

Aseveró que un período más corto puede facilitar la introducción de reformas y estrategias innovadoras que respondan a los desafíos cambiantes del sistema judicial. “La renovación periódica contribuye a evitar la estancación y permite adaptar las políticas y prácticas a las necesidades actuales de la sociedad”.

Un periodo de designación de cuatro años proporciona beneficios significativos en términos de renovación, rendimiento, independencia y confianza pública, lo que puede contribuir a un sistema de justicia más eficiente y adaptable, concluyó.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia.