Poza Rica, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- El próximo 10 de abril se va a celebrar por primera vez en México el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República.

No se trata de investigar si AMLO se va o se queda. Los expertos dan por descontado que ganará con base a los índices de popularidad, que son holgados; lo preocupante es la cantidad de electores que participarán en la consulta, y por curiosidad, ¿cuántos votarán en contra?

El Art. 35, fracción X, inciso 4º de la Constitución federal, establece como obligación de la ciudadanía votar en las consultas populares; además, señala que “Cuando la participación total corresponda al menos al 40 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.

Ése es el gran reto, promover la participación del electorado, atentos, ya que, para la consulta de 2021, a fin de “enjuiciar a los expresidentes” sólo acudió un poco más de seis millones de ciudadanos, cuando el mínimo era de 37.2. Fue plausible que se cancelaran sus millonarias e inmerecidas pensiones y prerrogativas.

Ahora se antoja una reflexión: ¿Qué motiva una reforma constitucional para incorporar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Este es un asunto inescrutable para unos, innecesario, para otros, redundante.

El proceso de reciente cuño está previsto para dentro de seis años; su celebración el próximo 10 de abril será sólo el precedente, la boya de referencia.

Es la estrategia que se va a utilizar en el hipotético caso que en 2024 Morena pierda la presidencia de la república (con Claudia o Adán Augusto, por ejemplo), escenario que se antoja remoto, ya que, hasta el momento, la oposición carece de una figura con credibilidad, discurso y propuesta. En gran parte va a influir la vulnerabilidad del candidato(a) de Morena.

Sin embargo, insistiendo en este remoto esquema, el sucesor(a) de AMLO, podrá ser despedido del cargo, si Morena logra vertebrar una corriente electoral para ejecutar la Revocación de Mandato, en cuyo caso, su desplazamiento del poder se reducirá a tres años, la revancha no tendrá que esperar seis para recuperar palacio nacional.

En un segundo escenario, si el candidato de Morena fuera Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o Juan Ramón de la Fuente (también, por ejemplo), y una vez ungido extraviara los postulados enarbolados por López Obrador, se daría el mismo esquema: en 2027, se promovería la Revocación de Mandato para tratar de reencausar el empoderamiento de la “4ª transformación”, con base en el capital político de López Obrador y las posibles alianzas, enfiladas a quebrar el sexenio rebelde.

Es decir, la revocación de mandato va a ser un recurso si pierde Morena en 2024, o si gana Morena y el presidente emanado de sus filas asume una conducta hostil a los parámetros en vigor.

El enigma de la Consulta, es saber si el poder de convocatoria alcanzará a llevar a las urnas al 40% de electores inscritos en las listas nominales, para que sea válido y tenga vinculación constitucional.

Hay que admitir que, en estos vericuetos, es determinante la imparcialidad de los magistrados consejeros del Instituto Nacional Electoral, obligados a actuar con equidad, transparencia, objetividad y certeza, a pesar de estar sujetos a fuertes embestidas y amenazas a punto del linchamiento.

A partir del rechazo de los aspirantes a las gubernaturas en Guerrero y Michoacán postulados por Morena, se ha orquestado una campaña de desprestigio contra los consejeros del INE, pretendiendo la descalificación y expulsión del presidente Lorenzo Córdoba (consejero del IFE con José Woldenberg), que ostenta este cargo desde abril de 2014. El INE esgrime como soporte la autonomía que le otorga la ley.

La ofensiva olvida que la imparcialidad y profesionalismo quedó de manifiesto al calificar las elecciones del 2018, declarando el rotundo triunfo del PG. En 1988 Cárdenas arrasó y Salinas tomó posesión por obra y gracia de la alquimia fraguada en la Comisión Federal Electoral.

Se les acusa de percibir sueldos millonarios (como los ministros de la Corte, (otra vez por ejemplo), aprobados por el Congreso.

Con una operatividad inédita, la abstención o contingencias, si las hubiere, se presentarán como boicot del INE, que resiente la falta de presupuesto para implementar la consulta. Los recursos insuficientes propiciaron que se reduzca el número de casillas de una elección constitucional. Oportunamente, se debe publicar el número y ubicación de casillas que serán instaladas para evitar desconcierto. Los funcionarios han usado el tiempo, programas y recursos públicos a ojos vistas, al estilo del antiguo PRI. Una votación desairada va a cimbrar el sistema político imperante.

A medio proceso, el jueves 17 de marzo, esgrimiendo “poca publicidad del INE” apresuradamente, el Senado aprobó el decreto por el cual los servidores públicos pueden promover la revocación sin que constituya violación a la veda electoral. Antes, en el congreso de la CDMX, una docena de diputados había solicitado licencia por un mes para promover la Consulta.

Gran parte de la ciudadanía opina que “ya votó por López Obrador para presidente por seis años”. En todo este embrollo no hay que olvidar la decisiva instancia que representa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El ambiente es tenso, la polarización evidente. Todo fracaso necesita un culpable. Las agresiones van a arreciar, y no es difícil que los consejeros electorales sean removidos contra viento y marea; la barca lleva ese derrotero. Desde que nace la espina ya es puntiaguda.

Por Leonardo Zaleta

Cronista de Poza Rica