Ciudad de México. (Vanguardia de Veracruz).- En los últimos días, diversos medios de comunicación y actores políticos han expresado su crítica a las acciones y resoluciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado respecto de dos temas que ocupan la atención de la opinión pública: por un lado, los procedimientos sancionadores por posibles actos anticipados de precampaña y campaña contra diversos funcionarios y actores políticos y, por otro, las denuncias presentadas por posibles conductas ilícitas relacionadas con diversos audios que involucran al presidente nacional del PRI.

Para evitar confusiones y esclarecer las acciones del INE al respecto, el Instituto subraya que se trata de procedimientos y acciones distintas, cuyo desahogo no puede ser equiparado ni aquilatado de la misma manera.

El INE recibe en todo momento denuncias formuladas por todos los partidos políticos, diversos actores políticos, ciudadanas y ciudadanos y tiene la obligación legal de darles curso o iniciar investigaciones, apegando su actuación a la norma legal vigente y realizando las indagatorias con equidad, eficacia y exhaustividad.

INVESTIGACIÓN SOBRE AUDIOS EN EL QUE SE ENCUENTRA PRESUNTAMENTE IMPLICADO EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PRI

A través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), el Instituto Nacional Electoral realiza indagatorias en relación con diversos audios en los que presuntamente se encuentra implicado el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por posibles conductas ilícitas en materia de fiscalización, relacionadas con supuestas aportaciones a campañas electorales.

Las quejas fueron presentadas por el partido político Morena y la C. Layda Sansores San Román. En razón de ello, el Instituto y la Comisión de Fiscalización, a través de su área técnica, la UTF, ha efectuado más de 30 diligencias y continuará con la realización de las investigaciones conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

Al respecto, se ha solicitado información al propio denunciado, a diversos actores políticos y medios de comunicación, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Sin embargo, al ser una investigación en curso, que forma parte de un procedimiento administrativo sancionador, su difusión parcial o total se encuentra temporalmente reservada. Consecuentemente, el Instituto mantendrá la confidencialidad y reserva de las indagatorias, cuyos resultados se darán a conocer de manera oportuna, una vez finalizadas.

El Reglamento de Fiscalización, en su artículo 17, determina que es la Unidad de Fiscalización la que lleva a cabo la investigación de los hechos denunciados, con apego a los principios de legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, mínima intervención y proporcionalidad, para determinar si hay elementos que constituyan una infracción.

Las posibles medidas sancionadoras, de existir, serán tomadas por la Comisión de Fiscalización y votadas después en el Consejo General del INE. La determinación final del INE, sin embargo, podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como puede ocurrir con todas las decisiones que toma el Consejo.

POSIBLES ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA

En las últimas semanas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) ha atendido diversas quejas presentadas por actores políticos por actos realizados en el Estado de México y Coahuila, que los denunciantes consideraban violatorios de la legislación electoral.

En el caso de la resolución emitida este martes 5 de julio, la denuncia por actos anticipados de precampaña y campaña fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se refería al acto denominado “Unidad y Movilización”, celebrado por el partido político Morena el 26 de junio de 2022 en el municipio Francisco I. Madero, en Coahuila.

Esta denuncia fue atendida por la UTCE y el dictamen de esta unidad fue analizado y votado en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

La Comisión estimó procedente el dictado de medidas cautelares, tanto por la propaganda difundida en redes sociales, como en la vertiente de tutela preventiva, por considerar que existe un riesgo en que este tipo de actos, presumiblemente ilícitos en tanto evidencian una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado, vuelvan a repetirse en el futuro inmediato.

Para la Comisión de Quejas no pasó desapercibido que este acto fue muy similar al realizado por el mismo partido político el 12 de junio en Toluca, Estado de México, mismo que fue denunciado por diversos actores políticos que solicitaron aplicar medidas cautelares y sobre el que no se emitieron dichas medidas por tratarse de un acto aislado, pero desde entonces se advirtió que, de repetirse otros semejantes que pudieran configurar una presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado, se podrían emitir medidas cautelares como ocurrió, en consecuencia, con el acto efectuado en Coahuila. El INE impuso las medidas cautelares, pero cabe recordar que el fondo de esta queja lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

POR LO TANTO:

Las denuncias presentadas en el caso de los audios atribuidos al dirigente nacional del PRI, dan lugar a un proceso de investigación amplio y exhaustivo, a cuyo cargo está la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Por su propia naturaleza, se trata de procedimientos que toman tiempo e involucran a diversas instancias, entidades, dependencias públicas, actores políticos y ciudadanas y ciudadanos, al final de los cuales se determinará si hay elementos que constituyan una infracción. Aquí se estudia la probable realización de actividades irregulares vinculadas con el financiamiento público y el gasto de los partidos políticos.

La denuncia presentada por posibles actos anticipados de precampaña y campaña, referida a la realización de un acto político en Coahuila, en el que participaron diversos funcionarios de la actual administración pública federal, del gobierno de la Ciudad de México, del Poder Legislativo y del propio partido denunciado, fue analizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y las medidas cautelares fueron aprobadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

La naturaleza de lo denunciado, entonces, es diferente, como lo son los procedimientos respectivos llevados a cabo por la autoridad electoral.