Poza Rica, Ver.- Una historia de horror contada por personal del albergue La Casa de los Abuelos, perteneciente al DIF, ha puesto en entredicho el trato que reciben personas de la tercera edad y que tendría, incluso, consecuencias legales para los involucrados.

Todo quedó al descubierto el lunes 31 de mayo, cuando Mariela Flores Trinidad, subdirectora del DIF, acudió a correr a dos de las trabajadoras, una de nombre Saraí, coordinadora de albergues, mientras que la otra fue identificada como Nora Azalea, bajo el argumento de que ellas maltrataban a los abuelos, sin embargo, las denunciantes no sólo negaron tal acusación, sino también advirtieron tener evidencias de sobra para demostrar la realidad de los hechos.

“Están ahí porque ellas fueron a contraloría a decir lo que estaba pasando, entonces como no les conviene, porque ellos se quieren quedar para la nueva administración (sic), están amedrentando a la gente y la están corriendo porque saben lo que están haciendo, ellas tienen pruebas de todo”, expone una mujer entrevistada, también trabajadora del sistema DIF.

“Lo que pasa es que todo surgió cuando un abuelito se cayó durante la noche que estaba durmiendo, a raíz de eso había un chico de nombre Adrián Sanabia que se llevaba pesado con los abuelitos y les pegaba, entonces a él, como tenían pruebas pegándole a los abuelitos aceptó la renuncia y se fue”. “Pero ellas no les han pegado, pero como son la coordinadora y encargada del albergue, las quieren correr, ellas fueron a denunciar como los estaban tratando, y las están corriendo por eso”, agregó la denunciante.

A pregunta expuesta sobre si en ese sitio trataban mal a los abuelitos, la mujer respondió que sí, y agregó: “La directora y la presidenta no creas que son una personas, este… que como que te ven y te saludan y todo eso, no, yo creo que son las personas más déspotas que existen en esta vida”, narra.

Según la entrevistada y evidencias que recabó este medio, las dos trabajadoras fueron despedidas desde las 4:00 de la tarde del lunes, pero desde ese momento las retuvieron en contra de su voluntad; la condición para liberarlas era que borraran toda evidencia que comprometía al DIF. Así pasaron más de seis horas y no las dejaban salir.

“Ya le llamamos a la policía, pero como la policía es de Morena, pues no viene”, aseguró la denunciante, quien dejó claro que sus amigas no habían pedido auxilio a su familia porque estaban encerradas.

Tras las denuncias ante el C-4, arribaron elementos de la Policía Estatal para revisar el sitio, impidiéndose el acceso a los medios que intentaban documentar el hecho.

Este jueves, testigos de los hechos narraron que fue mediante una pelea en el asilo que las dos mujeres privadas de su libertad lograron escapar, ya que quienes las tenían amagadas se asustaron al ver a la Policía Estatal que había sitiado el albergue.

También se logró saber que el contralor José Manuel Lugo Dauzón fue omiso ante la queja presentada por las dos trabajadoras, e incluso, no es la primera vez que muestra pasividad ante las denuncias.

En todo el sistema DIF existen múltiples quejas sobre el hostigamiento y los tratos déspotas hacia el personal, al final de cuentas, dicen trabajadores, a la titular y sus allegados sólo les interesa permanecer en el sistema para la siguiente administración, sin importar despedir al resto de los trabajadores.

Por ahora, Saraí y Nora Azalea fueron obligadas a firmar renuncias voluntarias, una fuente fidedigna narró que incluso una de ellas recibió amenazas contra su hijo discapacitado si hacia públicas las evidencias que comprometen al sistema DIF.

“Lo más grave es que hemos hecho varias antesalas para hablar con el ingeniero Francisco y nos dice que no va a correr a María Magdalena Lara porque es su amiga”, finalizó.

Ahora, las autoridades deben indagar este hecho que constituye el delito de privación de la libertad y coacción, violencia de género y acoso laboral en contra de las dos trabajadoras, quedando como responsables directamente Mariela Flores Trinidad y quienes impidieron la salida de Saraí y Nora Azalea, en caso de ser halladas culpables, pasarían hasta 9 años en cárcel.