Xalapa
Gómez Cazarín plantea que el Orfis rinda cuentas a cabalidad al congreso
Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- El diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó una Iniciativa de Decreto por la que propone, mediante la renovación de distintos ordenamientos de vigencia estatal, reforzar los mecanismos legales de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos del estado, con una mayor participación del Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia.
De acuerdo con el texto, esta iniciativa, además de plantear un reordenamiento de ciertas prescripciones, pretende corregir dos aspectos relevantes de la articulación orgánica de la función de fiscalización y del combate a la corrupción, tomando como punto de partida los modelos constitucionales y las leyes generales de la materia.
En virtud de esto, con el fin de profesionalizar la función de fiscalización, el legislador plantea fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), frente a la representación popular.
Juan Javier Gómez Cazarín advierte que “el marco jurídico local vigente no asume a cabalidad que la función de fiscalización, si bien debe necesariamente realizarse a través de un órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también debe estar siempre sujeto a una supervisión eficaz por parte del Congreso”.
Por ello, propone incorporar en el texto de los ordenamientos que indica en su propuesta un mandato al legislador, en el sentido de establecer una Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia, dentro del Congreso del Estado, que coadyuve con esa instancia dictaminadora en la coordinación, fiscalización, vigilancia y evaluación permanentes sobre el desempeño del Orfis, tal y como en la actualidad acontece entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación.
Además, a través de un ejercicio de control y optimización del gasto público, propone que la estructura actual de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado se transforme en la Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control, redirigiendo los recursos destinados a la actual función de esta Secretaría, en un papel más activo.
Esta iniciativa, explica el diputado Gómez Cazarín, parte de la premisa de que la sinergia de ambas figuras detonará de forma virtuosa la estructura de incentivos de los servidores públicos del Orfis y, en esa medida, se fortalecerá su función fiscalizadora en beneficio de las y los ciudadanos veracruzanos.
De igual forma, propone establecer que el Informe de Resultado se entregue de forma digital, ya que en muchas ocasiones la impresión de los tomos resta tiempo para el periodo de solventación, convirtiéndose en un factor de tiempo que limita a los entes fiscalizables.
Del mismo modo, el legislador expone la necesidad de que los informes que presente el Orfis necesariamente deben ser analizados por la Comisión Permanente de Vigilancia, tanto en el fondo, para conocer el ejercicio del gasto público y el cumplimiento de los programas, como para evaluar el desempeño del propio organismo fiscalizador.
Para esto, la Comisión de Vigilancia, auxiliada por la Unidad Técnica, sería la autoridad del Congreso del Estado facultada para realizar el análisis y la evaluación, así como para presentar las conclusiones y recomendaciones al Orfis, para que, en su caso, se propongan modificaciones o adiciones al informe de resultados, antes de emitir su dictamen.
Destaca también la necesidad de ampliar los alcances del mandato establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, respecto del análisis realizado por la Comisión de Vigilancia a los informes del Orfis, pues –afirma- configura uno de los tres elementos relevantes para la dictaminación de la Cuenta Pública. Los otros dos, añade, son la propia Cuenta Pública y los informes del Orfis.
Finalmente, propone establecer la atribución de que la Comisión de Vigilancia solicite directamente la comparecencia de los titulares de las áreas administrativas de investigación y substanciación del Orfis, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones promovidas; esto, con independencia del informe de seguimiento que el citado órgano debe entregar al Congreso, en los primeros cinco días de marzo y septiembre de cada año.
La Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia.
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Xalapa, Ver. –(Vanguardia de Veracruz). -La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Diputación Permanente, que funcionó durante del primer receso de este año, presentó al Pleno de este Congreso el informe de labores de dicho órgano legislativo durante su vigencia del 31 de enero pasado al último día de abril del presente año.
En la Primera Sesión del Segundo Periodo Ordinario, la legisladora informó que la Diputación Permanente celebró seis sesiones ordinarias. En éstas, dentro de la lectura de la correspondencia recibida, enviada por ayuntamientos, los poderes Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos del estado, Congreso de la Unión y Congresos de otras entidades federativas, se concedió trámite a 156 asuntos, incluidos los oficios de legisladores que solicitaron licencia.
En 31 de éstos, la Diputación Permanente se dio por enterada y turnó 102 asuntos a diversas comisiones permanentes para su estudio y dictamen o a la Junta de Coordinación Política para su atención procedente. Veintitrés asuntos fueron desahogados por obvia resolución.
Derivado del análisis realizado a los expedientes que les fueran turnados, las comisiones permanentes de Gobernación, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, Hacienda Municipal, de Trabajo y Previsión Social y para la Igualdad de Género emitieron 40 dictámenes aprobados en su totalidad.
Fueron turnadas a comisiones nueve iniciativas: una con proyecto de Ley, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y ocho con proyecto de Decreto, presentadas por las y los legisladores: Maribel Ramírez Topete, Genaro Ibáñez Martínez, Illya Dolores Escobar Martínez, Roberto Francisco San Román Solana, Verónica Pulido Herrera, Anilú Ingram Vallines y Ruth Callejas Roldán.
Las diputadas Ruth Callejas Roldán e Illya Dolores Escobar Martínez y los diputados Marlon Ramírez Marín, Fernando Arteaga Aponte y Bonifacio Castillo Cruz presentaron, cada quien, un Anteproyecto de Punto de Acuerdo.
A esto se añade un total de siete pronunciamientos de las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez, Maribel Ramírez Topete, Verónica Pulido Herrera, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre e Illya Dolores Escobar Martínez y del diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez.
Además, se dio turno a las iniciativas y a los Anteproyectos de Punto de Acuerdo para que las comisiones permanentes competentes y la Junta de Coordinación Política resuelvan lo conducente.
Asimismo, de acuerdo con su presidenta, la Diputación Permanente aprobó la convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, cuyo orden del día incluyó el dictamen con proyecto de Código Hacendario para el Municipio de Tlalixcoyan y los proyectos de Punto de Acuerdo relativos a: el nombramiento de magistrados del Poder Judicial, la ratificación del Consejero de la Judicatura del Poder Judicial y la designación del Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, todos del estado de Veracruz.
La legisladora Adriana Esther Martínez agradeció a las y los integrantes de la Diputación Permanente: Jaime Enrique de la Garza Martínez, vicepresidente, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, secretaria, Cecilia Josefina Guevara Guembe, Rosalinda Galindo Silva, Margarita Corro Mendoza, Illya Dolores Escobar Martínez y Citlali Medellín Careaga, y a los diputados Genaro Ibáñez Martínez y Juan Enrique Santos Mendoza, así como a las y los legisladores sustitutos: Jessica Ramírez Cisneros, Itzel Yescas Valdivia, Ana Miriam Ferráez Centeno, Gisela López López, Anilú Ingram Vallines, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Luis Antonio Luna Rosales, Paul Martínez Marie y José Luis Tehuintle Xocua y Ky Durán Chincoya, a quienes reconoció su labor.
Por último, destacó la labor de las y los diputados en las juntas de Trabajos Legislativos y de Coordinación Política, presidida por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, que hicieron posible “consolidar acuerdos que se traducen en bienestar para la población veracruzana”.
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Xalapa, Ver. –(Vanguardia de Veracruz). –Con la finalidad de actualizar lo relativo al abuso sexual de menores y proponer penas más severas para los autores de dicha conducta delictiva, el diputado Genaro Ibáñez Martínez presentó al Pleno de la LXVI Legislatura la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma disposiciones del Código Penal del estado.
La propuesta del legislador prevé cambiar la denominación del Capítulo III Bis del título V Bis del Libro Segundo para que, en adelante, sea Abuso Sexual de Menores de Edad y establecer en el Artículo 190 que dicha conducta se considerará agravada y será sancionada con penas de prisión que irían de los 10 a los 20 años, así como multa de hasta tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Las agravantes a considerar son: si se cometiere por dos o más personas; si el sujeto activo del delito tuviere relación de parentesco de cualquier tipo o grado con la víctima, fuere o haya sido concubina, concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la madre del sujeto pasivo, o si éste se encuentra bajo la dependencia, tutela, curatela, guarda o custodia de aquél por cualquier otro motivo.
También si el sujeto activo del delito tuviere una relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole con la víctima o desempeñare un ministerio religioso, cargo o comisión público o una profesión o empleo y hubiese utilizado los medios o circunstancias que ello le proporcionaba para cometer el delito; si el sujeto activo se aprovecha de la confianza, ignorancia, extrema necesidad económica o alimentaria o subordinación de la víctima o de la relación de superioridad o de cualquier índole que sobre ésta tenga.
Además, si el sujeto activo hubiese contactado y propuesto a la víctima mediante el uso de Internet, telefonía o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, un encuentro para cometer este delito u obliga a la víctima a consumir o le suministra sin su consentimiento, drogas, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia tóxica que imposibilite su defensión de manera total, parcial, momentánea o permanente.
Se considera también si el sujeto activo lleva a cabo el acto en vehículos de transporte público de pasajeros o en cualquier otro que preste servicios similares, si allana el domicilio de la víctima, lo comete en lugares despoblados o solitarios o dentro de una institución educativa en la que labore, en establecimientos públicos o privados en los que se preste el servicio de auxilio o refugio de personas, si forma parte del personal de los mismos.
Desde la Tribuna, el diputado Genaro Ibáñez manifestó que el abuso sexual en menores de edad conlleva una gran cantidad de consecuencias psicológicas, cognitivas y conductuales para la víctima, por lo que consideró necesario establecer penas que sean adecuadas para sancionar a los autores materiales de dicho ilícito.
El presidente de la Comisión de Procuración de Justicia de este Congreso subrayó que el objetivo de su iniciativa es considerar las agravantes derivadas a la cercanía del menor de edad con alguna figura que él o ella respete. Agregó que la realidad actual es “desgarradora”, toda vez que, de acuerdo con fiscales, aproximadamente cuatro de cada cinco casos de abuso de menores son perpetrados por personas del entorno familiar, escolar, religioso o de alguna relación de subordinación.
Puntualizó que desde el Congreso se envía un mensaje claro y contundente: “Las conductas que afectan a niñas, niños, adolescentes e incapaces no serán toleradas bajo ninguna circunstancia. En nuestra labor legislativa, garantizaremos que se apliquen las penas más severas a quienes atenten contra la integridad de las y los menores, asegurando que se haga justicia y se proteja a los más vulnerables”.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron a la misma el grupo legislativo de Morena; las diputadas Anilú Ingram Vallines, Verónica Pulido Herrera, Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldán, así como los diputados José Luis Tehuintle Xocua y Juan Morales Almora.
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Xalapa, Ver. –(Vanguardia de Veracruz). -El Pleno de la LXVI Legislatura del estado de Veracruz aprobó por mayoría de votos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el que se reestructuró la conformación de diversas comisiones legislativas, como resultado de las solicitudes de licencia de diputadas y diputados propietarios para separarse del cargo temporalmente.
En la primera sesión del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y, tras la protesta de Ley de las y los diputados suplentes para asumir el cargo, se determinó que sean éstos quienes ocupen las comisiones de los propietarios, en tanto dure la licencia respectiva de las y los titulares.
De esta manera, se designó a la diputada Elvia Merlín Castro presidenta de la Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social; secretaria en la Comisión Permanente de Hacienda Municipal; vocal en la Comisión Permanente de Vigilancia y vocal en la Comisión Especial para el Seguimiento da la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en sustitución de la diputada Magaly Armenta Oliveros.
La diputada Elisa Mohedano Orellán asumió como secretaria de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y vocal en la Comisión Permanente de Vigilancia, sustituyendo a la legisladora Elizabeth Cervantes de la Cruz.
A su vez, la diputada Iris Orquídea Ortiz Carlos, como presidenta de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia; secretaria en la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, y vocal en la Comisión Permanente de Educación y Cultura, en lugar de la diputada Margarita Corro Mendoza.
La diputada Elizabeth Martínez Marie fungirá como presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez, la Familia y la Adolescencia; secretaria en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y vocal en la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, en relevo de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno.
El diputado Juan Morales Almora, como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal; secretario de la Comisión Permanente Instructora; vocal en la Comisión Permanente de Vigilancia y vocal de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento de la Regularización y Situación Jurídica de los Predios Escolares, supliendo al legislador Ramón Díaz Ávila.
La diputada Yanet González de la Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Pública; secretaria de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, en sustitución del diputado Roberto Francisco San Román Solana.
El diputado Baruch García Bocarando, presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; secretario de la Comisión Permanente de Gobernación y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, en sustitución del diputado Paul Martínez Marie.
Por último, la diputada Diana Karen Antemate Mixtega, presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia; secretaria de la Comisión Permanente de Turismo; vocal de la Comisión Permanente de Administración y Presupuesto y vocal en la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, en lugar del diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña.
Al término de las licencias de las y los diputados propietarios o, en su caso, al reasumir anticipadamente sus funciones, los mismos ocuparán nuevamente los cargos directivos de las comisiones de las que formaban parte.
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