Tecolutla, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- La crisis de seguridad que enfrenta Tecolutla continúa profundizándose y mantiene bajo presión al gobierno del alcalde Wenceslao Santiago Castro. A tan solo seis meses del inicio de su administración, el municipio ya acumula tres cambios en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, situación que ha generado cuestionamientos sobre la falta de una estrategia clara para combatir la delincuencia y devolver la tranquilidad a la población.

Este lunes, el cabildo tomó protesta a José Ignacio Rodríguez Platas como nuevo director de la corporación. Su nombramiento llega tras la salida de Plácido “N”, quien fue vinculado a proceso junto con otro elemento policiaco, por su presunta participación en los delitos de privación de la libertad y homicidio calificado en agravio de dos taxistas de la comunidad de Casitas. A ello se sumó el cateo realizado por autoridades estatales y federales en la comandancia municipal, donde fueron aseguradas armas y presunta droga como parte de las investigaciones.

Tras ese escándalo, el Ayuntamiento designó como director al teniente de corbeta retirado, Gregorio Camarillo Salinas; sin embargo, su llegada también estuvo rodeada de polémica debido a señalamientos públicos en su contra por presuntos delitos de carácter sexual. Mientras tanto, en distintos puntos del municipio continuaron registrándose hechos de violencia que mantienen la preocupación entre la ciudadanía y los sectores productivos.

El constante relevo de mandos policiacos ha incrementado las críticas hacia la administración municipal, pues para muchos ciudadanos estos cambios reflejan improvisación en una de las áreas más importantes del gobierno. A ello se suma la percepción de que, pese a los nuevos nombramientos, los problemas de inseguridad no han disminuido y continúan afectando la vida cotidiana de los habitantes.

Con este tercer relevo en la Dirección de Seguridad Pública, la administración de Wenceslao Santiago Castro enfrenta uno de sus mayores desafíos. Más allá de los discursos y los cambios de funcionarios, la población demanda resultados concretos y una estrategia efectiva para recuperar la seguridad. Mientras esto no ocurra, la crisis seguirá alimentando los cuestionamientos sobre la conducción del municipio en una de sus responsabilidades más importantes: proteger a sus ciudadanos.

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Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- La FGE de Veracruz logró 42 resoluciones judiciales, consolidando avances en el combate a los delitos de homicidio, secuestro agravado y pederastia que afectan directamente a la sociedad veracruzana, como resultado de las acciones operativas y de investigación.

La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, detalló 14 sentencias condenatorias, 2 fallos condenatorios y 26 vinculaciones a proceso contra presuntos responsables de diversos ilícitos.

Por otra parte, se formularon 48 imputaciones, mientras que la Policía Ministerial cumplimentó 9 mandamientos judiciales, realizó 18 detenciones en flagrancia y logró la localización de 2 personas reportadas como desaparecidas.

En el combate a delitos que afectan directamente la seguridad de la población, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) formuló 3 imputaciones, de las cuales dos fueron realizadas en el distrito judicial de Córdoba y uno en Xalapa.

Así mismo, como resultado de acciones de investigación dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Policías Especializados de UECS, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lograron el aseguramiento de 71 máquinas tragamonedas mediante un despliegue operativo dirigido a 12 establecimientos donde fueron colocadas en los municipios de Tlalnelhuayocan, Coatepec, Emiliano Zapata y Xalapa.

La Fiscalía de Investigaciones Ministeriales comunicó una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio, dentro del juicio oral JJ/16/2026.

Fiscalías Coordinadoras Especializadas

En materia de protección a las mujeres, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas comunicó 3 sentencias por violencia familiar, 1 fallo condenatorio por violación agravada, 7 vinculaciones a proceso, entre estas las logradas por los delitos de pederastia y violencia de género y 9 imputaciones en por los delitos de pederastia agravada y violencia familiar.

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos reportó 2 imputaciones en Chicontepec.

Fiscalías Regionales

• Tantoyuca: 1 imputación; Tuxpan: 1 sentencia condenatoria, 2 vinculaciones a proceso y 4 imputación; Xalapa: 1 fallo condenatorio, 6 vinculaciones a proceso y 8 imputaciones.

• Córdoba: 6 sentencias condenatorias, una de ellas de 32 años y 6 meses por el delito de homicidio doloso calificado en contra de Renato “N”, 3 vinculaciones a proceso, 10 imputaciones y una puesta a disposición en declaración preparatoria por el delito de homicidio calificado.

• Veracruz: 2 sentencias condenatorias, 3 vinculaciones a proceso y 2 imputaciones.

• Coatzacoalcos: 1 sentencia condenatoria, 5 vinculaciones a proceso, 9 imputaciones.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de las investigaciones ministeriales y el seguimiento puntual de los procesos penales para llevar ante la justicia a quienes presuntamente han cometido delitos.

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Amatlán, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Luego de permanecer detenidos en Coatzacoalcos por su presunta participación en la desaparición y homicidio de la periodista Roxana G., fueron trasladados al penal ubicado en La Toma los elementos policiacos de Ixhuatlán del Sureste, presuntamente implicados.

Se trata de Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”, quienes fueron presentados ante un juez de control para iniciar el proceso legal en su contra, tras su detención el pasado 25 de junio de 2026.

Se espera que el próximo tres de julio se realice una nueva audiencia para su posible vinculación a proceso, dentro del expediente penal 343/2026, y así definir sobre su situación legal.

En este caso se presume que las detenciones también obedecen a supuestos delitos contra la salud, y si existen elementos que vinculen a los policías municipales con otros hechos delictivos que actualmente son investigados en la región sur de Veracruz.

Por José Vicente Osorio Vargas

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