Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Presentan anteproyecto de punto de acuerdo en el que plantea que este Congreso exhorte al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a que requiera a los 212 ayuntamientos de la entidad los contratos o convenios que hayan celebrado en materia de residuos sólidos. fue expuesto al Pleno de la LXVII Legislatura por el diputado Paul Martínez Marie.

Dicho requerimiento obedece al debido cumplimiento de lo establecido en los artículos 5, 6, 55 y 50 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y 32 y 40 de la Ley Número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, ambos ordenamientos para el estado de Veracruz. Esta Soberanía también solicitaría al Orfis que, de detectarse casos de ejercicio indebido de recursos públicos por parte de alguna administración municipal, en el marco de sus atribuciones, ejecute las acciones legales a que haya lugar. Además, que el mismo órgano fiscalizador remita a este Congreso, a la brevedad, un Informe en el que rinda cuenta de lo realizado al respecto. El legislador refirió que, el 25 de julio de 2019, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz expidió un Acuerdo en el que exhortó al Orfis a que, en el ejercicio de sus funciones, realizara un informe de la revisión del manejo y disposición final de los residuos sólidos. El informe menciona que sólo 32 ayuntamientos cuentan con convenios o contratos con empresas particulares para la recolección o disposición final de los residuos sólidos, es decir, de los 212 municipios, 180 no tienen contratos o convenios en esta materia. Además, dicho documento no incluyó la revisión de los contratos y tampoco evidenció si las empresas cumplían o no con los procedimientos establecidos en la mencionada Ley 539 en cuanto al procedimiento para la adjudicación ni se verificó la observancia de que los prestadores de servicios contaran con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) o la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), como lo señalan los artículos 32 y 40 de la Ley Numero 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del estado. Por último, el legislador recordó que la PMA ha clausurado tiraderos a cielo abierto y se ha advertido una amplia problemática social en municipios que no cuentan dentro de su periferia inmediata con un sitio de disposición final o relleno sanitario que cumpla con la normatividad establecida, lo cual, dijo, trae aparejado un mayor ejercicio del presupuesto y menos obras y acciones para la población.

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Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Con 36 votos a favor, cero en contra y cinco en abstención, la LXVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2025- 2030, presentado a esta Soberanía por la gobernadora Rocío Nahle García, que busca elevar los niveles de bienestar social y económico, bajo criterios de sustentabilidad y en un ambiente de seguridad y gobernabilidad, para que las familias veracruzanas logren mejorar su calidad de vida y se termine el rezago social de la entidad. En la Quinta Sesión Ordinaria, la Mesa Directiva dio a conocer el Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el que consideran viable el PVD, por apegarse a lo dispuesto por el artículo 21 y demás relativos, contenidos en el artículo 4 de la Ley de Planeación estatal, a la vez que se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Tras el estudio y análisis del documento, concluyó la Jucopo, éste es resultado de la consulta popular realizada en seis foros regionales efectuados en los municipios de Tuxpan, Papantla, Xalapa, Orizaba, Boca del Río y Coatzacoalcos; además, recopila 13 mil 024 propuestas ciudadanas hechas a la Gobernadora y toma en cuenta los 81 compromisos de campaña realizados por la actual titular del Ejecutivo del estado. A juicio de la Jucopo, el PVD 2025-2030 sigue una metodología cimentada en el estudio de las necesidades de Veracruz y, en la realización del proceso diagnóstico estructural, se establecieron seis rubros: Bienestar Social, Economía y Sustentabilidad, Comunicaciones y Obra Pública, Gobierno y Seguridad, Administración Eficiente y Digital y Participación e Inclusión Ciudadana, los cuales permiten determinar los objetivos, estrategias y líneas de acción necesarias en la identificación y planteamiento de los problemas a atender en la entidad. Seis ejes integran el PVD: Veracruz con Bienestar y Humanismo, economía y sustentabilidad, infraestructura y movilidad, gobernanza y seguridad, Programas derivados del Plan y Proyectos para la transformación. Destaca además la relación que el PVD 2025-2030 guarda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

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Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Fue presentada una iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones de los Códigos Penal y Civil del estado para proteger a las infancias veracruzanas, en los casos que se ejerza Violencia Vicaria en contra de las madres o padres no custodios, cuando los que tengan la guardia y custodia no acuden a las visitas programadas en los Centros de Convivencia Familiar.

De acuerdo con la propuesta que presentó  la diputada Roxana Barragán Hernández al Pleno de la LXVII Legislatura, se incorporaría en el Código Penal el Artículo 367 Quater para establecer que se ejerce violencia cuando el progenitor custodio impide o no acude con los menores a visitas programadas en los Centros de Convivencia Familiar (Cecofam), sin justificación probatoria.

Además, se prevé modificar el párrafo segundo del Artículo 345 del Código Civil para referir que se le denominará manipulación y aleccionamiento parental, derivadas de la utilización de las y los menores en el conflicto parental, a la conducta que uno o ambos padres, en proceso de separación o separados, ejerza sobre sus hijas e hijos, con el objeto de obstaculizar o destruir sus vínculos con alguno de ellos incluidos en estos las
visitas programadas en los Cecofam.

En la Tribuna y en nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada manifestó que debe tenerse claro que figuras como patria potestad, guarda y custodia y convivencias, son parte de la responsabilidad parental y que debe orientarse al bienestar de la niña o el niño, “en la que se encuentra el mantenimiento de sus relaciones personales, siempre con la firme intención de proteger el interés superior
de la niñez”.

Agregó que, de aprobarse su iniciativa, si una madre o padre custodios no llevan a las o los menores a las visitas en los Cecofam, se actualizaría la hipótesis de Violencia Vicaria, la cual puede reconocerse como violencia de género. “Es manipularlos para ejercer un tipo de control o venganza, dejando a un lado la igualdad sustantiva entre los progenitores”.

La legisladora aseveró que la guardia y custodia del padre custodio por incumplimiento en las visitas establecidas en el Centro de Convivencia Familiar no es una medida novedosa, sino una práctica consolidada que busca fortalecer la transparencia y el bienestar en los procesos familiares.

Añadió que lejos de ser un cambio abrupto, la medida reflejaría un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para asegurar que los acuerdos de convivencia se respeten, fomentando así un entorno justo y equitativo para todas las partes involucradas.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género.