Veracruz, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Se puso en marcha el operativo de seguridad en carreteras con motivo de la temporada vacacional de verano, dio a conocer el general de Brigada de Estado de Mayor, Roberto Bernal Benítez, coordinador estatal de Guardia Nacional, dijo que la dependencia dispuso de una fuerza de tarea cercana a los 300 elementos. El despliegue incluye patrullaje y puestos de seguridad en carreteras federales.

El objetivo reforzar la vigilancia, exhortar a la población a manejar con precaución y fomentar la prevención de accidentes.

El operativo se mantendrá hasta el próximo 30 de agosto de 2026 y se realiza en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Por otro lado, informó que personal de Guardia Nacional brindó apoyo por las afectaciones que se registraron este fin de semana en el municipio de Isla.

Recordó que, además de realizar tareas de vigilancia también colaboran en el marco de la implementación del Plan DNII-E al ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese contexto, mencionó que un total de 60 elementos colaboraron en tareas de prevención y auxilio a la población de aquella localidad.

El apoyo se realizó en coordinación con gobierno del Estado y otras autoridades, como parte de las acciones de atención por desastres naturales, pero la presencia de Guardia Nacional ya fue retirada, debido a que la situación ya se normalizó.

Sin embargo, subrayo que se mantiene atentos y coordinados con la Secretaría de Protección Civil, Ejercito Mexicano para prestar el auxilio que se requiera ante cualquier eventualidad.

Por Andrés Salomón

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Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Los conductores que prestan el servicio de transporte mediante plataformas digitales deben estar sujetos a las mismas obligaciones legales, fiscales y administrativas que los taxistas concesionados, al considerar que únicamente así existirán condiciones de competencia equitativas, aseguró la dirigente estatal del Movimiento Nacional Transportista en Veracruz, Claudia Elizabeth Hernández Siles.

Aclaró que la organización no se opone a la regulación de las plataformas digitales, sino a que actualmente operen sin cumplir los mismos requisitos que los transportistas que cuentan con una concesión otorgada por el Estado.

Hernández Siles llamó a que se haga respetar el Estado de Derecho y se garantice el cumplimiento de la legislación vigente en materia de transporte público. Precisó que los operadores de aplicaciones no deben ser identificados como taxistas, ya que, dijo, se trata de conductores de vehículos particulares que ofrecen el servicio mediante plataformas digitales.

Asimismo, señaló que cualquier reforma para regular este esquema debe construirse con la participación del sector transportista y basarse en estudios técnicos que definan el número de unidades necesarias, evitando generar ventajas para un solo grupo.

Agregó que quienes brinden el servicio a través de aplicaciones deben contar con una concesión, una licencia específica para transporte público, una póliza de seguro especializada, identificación oficial de la unidad y cumplir con las mismas contribuciones fiscales y obligaciones que actualmente enfrentan los taxistas concesionados.

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Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz). – La tensión entre el Ayuntamiento de Veracruz y la empresa española concesionaria de agua y alcantarillado, Acciona, a través de Grupo MAS, abrió un nuevo frente de disputa legal y política por una cartera vencida que supera los 2,660 millones de pesos, en la que ambas partes se deslindan de la responsabilidad de cobro.

De acuerdo con lo expuesto por la alcaldesa en redes sociales, la empresa estaría intentando trasladar al gobierno municipal la función de cobranza de adeudos acumulados por usuarios del servicio desde al menos 2018, una exigencia que la administración calificó como inaceptable y contraria al interés público.

La alcaldesa sostuvo además que, tras la negativa del municipio a asumir dicho cobro, la empresa habría advertido la posibilidad de retener recursos correspondientes a la renta mensual que el Ayuntamiento recibe a través del Instituto Metropolitano del Agua, lo que la administración calificó como una acción de presión financiera y “un abuso contra el pueblo de Veracruz”.

Otro punto relevante es la antigüedad de la cartera vencida. La posibilidad de exigir judicialmente ciertos adeudos puede estar sujeta a prescripción, dependiendo del tipo de contrato, el documento base del crédito y la interrupción o no del plazo mediante gestiones de cobro reconocidas. Esto abre un debate adicional sobre la viabilidad real de exigir al municipio actuar sobre deudas que podrían ya haber perdido fuerza legal para su cobro forzoso.

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