Poza Rica, Ver.- La Secretaría de Salud y el DIF nacional emitieron un protocolo nacional de atención integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.

Este protocolo tiene como objetivo general brindar elementos que orienten y faciliten el actuar del personal sustantivo encargado de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en esta condición, así como la efectiva restitución de los mismos, mediante la generación de acciones para la prestación de ayuda correspondiente.

El DIF nacional reconoce que la situación de las víctimas indirectas es de especial preocupación en su contexto de violencia feminicida, porque constituye un evento traumático que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección, los expone a un mayor riesgo a ser vulnerados, por lo tanto, es de suma importancia la intervención de las instituciones responsables.

El protocolo fue elaborado en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); se destacan como principales acciones la de asignar, cuando se tenga conocimiento de un hecho de violencia feminicida, a un representante legal a efecto de ejercer la representación jurídica de los menores en posible condición de orfandad por feminicidio en suplencia o coadyuvancia.

Por lo tanto, si el menor se encuentra ante la comisión de un probable hecho de feminicidio u homicidio de una mujer, el representante legal deberá presentar la denuncia correspondiente. En caso de que la vida, la integridad o la libertad del menor se encuentren en riesgo, deberá solicitar medidas urgentes de protección.

Además, las autoridades deben proporcionar albergue, alimentación, atención médica (enfermería, odontología, medicina general), atención psicológica, pedagógica, trabajo social, atención y acompañamiento en la vida cotidiana, capacitaciones (que tengan como objetivo brindarles las herramientas para superar sus pérdidas y duelos, así como el poder de contribuir para prevenir futuras violencias en el entorno donde se desenvuelven). Para lograr esos fines se generará una adecuada organización con las personas servidoras públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas, vinculados con la atención de los menores, con la finalidad de sensibilizar y brindar un trato y atención especializado para evitar su revictimización y su protección integral. En caso de no cumplirse, puede procederse legalmente a través de una denuncia ante el ministerio público, aclara el documento cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Se contempla además, apoyo para gastos funerarios, que tras el fallecimiento de la víctima directa deberán ser cubiertos por la Federación, las entidades federativas o municipios o alcaldías, conforme al lugar donde se haya cometido el hecho.