Córdoba, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Por posibles cortes irregulares de energía eléctrica, la organización Movimiento Civil Independiente (MOCI) ha promovido un total de 100 amparos contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en representación de familias asentadas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Oliver Olmos Cabrera, representante de la asociación civil, señaló que ese avance en el tema de amparos se logró luego de más de cinco años, detener los cortes, en tanto se hacen las investigaciones para determinar si realmente se debe al robo de energía o fueron “sembradas” las irregularidades e incluso pudieran ser víctimas de extorsión por personal de la CFE.

“Cuando nosotros llegamos al amparo es porque no se logró obtener un juicio mercantil para poder hacer un acuerdo con la empresa, a la fecha se han presentado 100, de esos sólo dos no causaron efecto porque el propietario no demostró ser propietario, de ahí en fuera vamos avanzando de forma satisfactoria”, refirió el entrevistado.

Dijo además que también llevan casos similares contra el grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo Mas), donde mantienen una demanda de acción colectiva desde hace cuatro años, con 37 impugnaciones de la empresa, que ya obligó a la autoridad municipal a crear una Procuraduría del Agua, que, aunque no ha dado grandes resultados, sí ha permitido detener las formas ilegales de cobro por el servicio.

Por José Vicente Osorio Vargas

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Córdoba, Ver. -(Vanguardia de Veracruz).- Habitantes de un domicilio ubicado en la calle 32, entre avenidas 11 y 13, de la colonia Dos Caminos, tuvieron que abandonarlo, debido a que a causa de las lluvias de los últimos días, se formó un enorme socavón en el patio y parte de una de las recámaras, el cual ha comenzado a afectar a casas aledañas.

Vecinos del lugar lamentaron que pese a la solicitud que han realizado a Hidrosistemas, para solucionar el tema del mal estado de los drenajes, que serían la causa del reblandecimiento de tierra, no han sido atendidos, incluso se les informó que, por tratarse de daños en propiedad ajena, no les compete.

“Es un riesgo porque la casa se está fracturando y el vecino de al lado le está afectando, dicen de Hidrosistemas que ahí pasa un río de respuesta rápida y cuando llueve crece generando inundación, pero no pueden hacer nada porque es una vivienda particular, pero nosotros también le atribuimos el origen al mal estado del drenaje”, explicó Luis Israel Martínez Gómez, vecino del lugar.

Incluso señaló que, aunque han ido ante las autoridades para proteger su integridad, únicamente les han recomendado evacuar, sin otorgarles algún tipo de apoyo o evaluación del riesgo para los domicilios cercanos.

Por José Vicente Osorio Vargas

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Córdoba, Ver.-(Vanguardia de Veracruz).-  Luego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), emitiera el informe por la revisión de la cuenta pública 2023, se detectó presunto daño patrimonial en 175 municipios, encabezando la lista con el mayor número de observaciones, Ixtaczoquitlán con 73.9 millones de pesos.

Junto con Ixtaczoquitlán que preside el ex diputado local Nahúm Álvarez Pellico, también presentan posibles desvíos de recursos en la zona centro del estado, las localidades de Tequila, Atoyac, Amatlán de los Reyes, Naranjal, Ixhuatlán del Café, Omealca, Coetzala, Orizaba, Zongolica, Cotaxtla entre otros.

Como es de recordar el gobierno de Ixtaczoquitlán ha enfrentado una serie de señalamientos, principalmente por la falta de transparencia en el uso de los recursos, lo cual ha sido demostrado por los regidores en turno, que han negado la firma del informe de obras y de los estados financieros.

De igual forma el pasado mes de abril habitantes de diversas congregaciones, protestaron para exigir se les otorgara agua, lo que llevó a la toma del palacio municipal por más de dos semanas, hasta que fueron replegados por elementos de la Policía Municipal.

Una vez emitidas las recomendaciones por parte del Órgano Fiscalizador, los ayuntamientos con posible daño patrimonial, deberán solventar cada uno de ellos en un periodo no mayor a 30 días hábiles.

Por José Vicente Osorio Vargas

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