Poza Rica, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- A pesar de que en Poza Rica existe una oficina de enlace municipal de derechos humanos, las quejas que se han presentado siguen sin resolverse y las víctimas deben acudir hasta Tuxpan para obtener una respuesta, aunque ni siquiera eso es una garantía.

Las principales quejas de la ciudadanía tienen que ver con abusos de servidores públicos como policías, ministerios públicos, así como trabajadores de la salud por presuntas negligencias médicas.

A pesar de que se han documentado casos donde víctimas denuncian abusos policiacos, la Comisión de los Derechos Humanos no se ha pronunciado mediante resoluciones que exijan a las instituciones garantías de no repetición. En este sentido, es más que evidente el nulo trabajo de la regidora Dulce María Carpizo Bauza en el ramo, toda vez que es la comisionada en este tema en el cual evidenció su ignorancia, sin embargo durante la administración que está por concluir ganó como regidora más de 155 mil pesos mensuales, más prestaciones.

Entre las principales quejas que tienen que ver con la procuración de justicia, víctimas señalan que pasan años y las investigaciones siguen estancadas, es decir hay dilación y no se respeta el debido proceso, ni se llevan a cabo las diligencias en tiempo y forma, cayendo los servidores públicos en el incumplimiento de un deber legal.

Fuentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con sede en Tuxpan, confirmaron que los principales abusos tienen que ver con operativos policiacos donde los elementos hacen uso de la fuerza, pero de manera excesiva y violentando los derechos de los ciudadanos contemplados en el artículo 16 constitucional y demás reconocidos en la Carta Magna.

A pesar de que esta comisión es la principal entidad gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos, más aún cuando éstos son cometidos por funcionarios públicos este organismo no genera resultados que esperan quienes acuden ante ellos para hacer valer sus derechos.

También se suman a las denuncias las madres de personas desaparecidas en la región norte del estado, quienes señalan que las investigaciones no avanzan; han creado grupos de personas que acuden a conocer avances, pero la respuesta es que siguen en trámite.

De acuerdo con datos oficiales, entre 2000 y 2018, la CNDH registró un total de 130,318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos, sin embargo, sólo emitió 1,285 recomendaciones a distintas autoridades; las instituciones más señaladas por la presunta violación de derechos humanos son el IMSS, SSP, SEDENA, policías municipales, ISSSTE, Instituto Nacional de Migración, INFONAVIT, Secretaría de Salud y las Fiscalías del Estado.

Desgraciadamente, en el problema de las violaciones a los derechos humanos, un hecho que preocupa a la población es que las instituciones más señaladas por violar derechos humanos son también las que tienen a su cargo la satisfacción de necesidades esenciales, entre ellas la salud, la seguridad social, la seguridad pública, la procuración de justicia, la educación y la vivienda.

El abogado Jorge García advierte que para erradicar la violencia se necesita de acciones legislativas pero también de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, que generen condiciones objetivas para el respeto de los derechos humanos que son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, señala que el camino no es fácil, pues a medida que pasan los años, el número de quejas va en aumento, mientras que las resoluciones van en descenso.

En lo que va del 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha emitido 72 recomendaciones, cifra muy por debajo del total de quejas interpuestas en todas sus delegaciones, incluyendo la de Tuxpan que estadísticamente hablando es la que más  denuncias recibe. En tanto que la oficina de enlace con sede en Poza Rica y que se ubica al interior del Ayuntamiento es un verdadero cero a la izquierda, ya que finalmente son canalizados a Tuxpan.