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Caso Marlon-Montserrat da giro de 360 grados al quedar sin aparentes elementos para acreditar delitos

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Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Más que fortalecido el caso de Marlon “N” a su favor, presunto implicado en la muerte de Montserrat B., el viernes 23 de abril de 2021 en Boca del Río, Veracruz, tras permanecer 6 días en coma y hospitalizada a consecuencia de una brutal agresión física.

Lo que debió ser una jornada de consolidación para la Fiscalía General del Estado (FGE) se transformó en un escenario de contradicciones que comprometen la integridad de la carpeta de investigación.

Durante la reciente audiencia, los testigos propuestos por el órgano acusador no solo desarticularon la narrativa de la fiscalía, sino que aportaron elementos que favorecen directamente a la defensa de Marlon “N”.

Uno de los momentos más críticos ocurrió durante el testimonio de la doctora encargada de la atención inicial de la víctima. Al ponérsele a la vista el documento oficial de ingreso al hospital —pieza central de la fiscalía para establecer la cronología del caso—, la médico especialista fue categórica: afirmó no haber firmado dicho documento.

La doctora denunció ante el juez que la rúbrica que aparece en la prueba presentada como oficial no es suya, lo que abre una línea de sospecha sobre la posible falsificación de documentos públicos dentro de la integración del expediente heredado por la actual administración de la FGE.

En un giro inesperado, los testigos que la fiscalía llevó para señalar al acusado terminaron por ubicarlo en un lugar distinto al de los hechos.

Según sus declaraciones bajo juramento, Marlon “N” fue visto el 17 de abril de 2021, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m., en un domicilio completamente diferente al de Montserrat. Esta ubicación temporal, proporcionada por la propia parte acusadora, genera una duda razonable insalvable sobre la presencia del imputado en la escena del crimen al momento del incidente.

Incluso, el testimonio del padre de Montserrat aportó datos que contradicen la tesis de una relación caracterizada por la violencia previa. Ante el juez, el progenitor reconoció que nunca vio, supo, ni le comentaron que Marlon hubiera tenido comportamientos groseros o agresivos hacia su hija.

A esto se sumó la declaración de otros testigos que lo vieron ingresar al domicilio ese día, quienes confirmaron que, mientras Marlon estuvo en la casa, nunca se escucharon gritos, golpes ni ruidos de violencia. Estos relatos desmoronan la construcción de una conducta agresiva recurrente o de un altercado violento inmediato antes del ingreso hospitalario.

Este debilitamiento testimonial se suma a la ya conocida falta de capacidad argumentativa del asesor jurídico, Ramar Mendoza, quien ha sido señalado por intentar suplir con narrativas en redes sociales lo que no ha podido sostener en los interrogatorios técnicos.

La situación se agrava para la fiscalía tras la resolución del amparo en Revisión 65/2026 por el Segundo Tribunal Colegiado, el cual ya calificó de ilegal e inmotivada la prórroga de la prisión preventiva, sugiriendo que el proceso se ha mantenido más por presión política que por sustento jurídico.

Por Andrés Salomón

 

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Acusan presunta negligencia médica en Hospital Infantil de Veracruz; bebé de un mes espera cirugía

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Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Abdías Hernández Gutiérrez denunció una presunta negligencia médica y una posible alteración de expedientes clínicos en el Hospital Infantil de Veracruz, luego de trasladar a su hijo desde el Hospital de Tonalapa por problemas de alimentación.

El padre señaló que, tras más de un mes sin recibir un diagnóstico claro, el bebé se encuentra en estado grave, intubado y a la espera de una cirugía a corazón abierto.

De acuerdo con su testimonio, las complicaciones del menor comenzaron después de la colocación de un catéter, procedimiento tras el cual personal médico habría informado que el lactante contrajo una bacteria intrahospitalaria. Aunque inicialmente les indicaron que la infección estaba controlada, el estado de salud del bebé se deterioró con fatiga extrema y dificultad para respirar, por lo que fue conectado a un ventilador mecánico.

Hernández Gutiérrez también señaló presuntas inconsistencias en el expediente clínico de su hijo, al asegurar que recientemente recibió un diagnóstico diferente al que les habían proporcionado inicialmente. “Alterar un historial clínico es algo gravísimo porque puede llevar a aplicar un tratamiento que el bebé no necesita”, expresó el padre, quien sospecha que estas irregularidades podrían estar relacionadas con una posible mala práctica médica.

Ante la situación del menor y lo que considera falta de transparencia en la atención, el denunciante pidió la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, así como de autoridades sanitarias federales, para que se investigue el actuar del personal de la Torre Pediátrica y se garantice la atención médica necesaria para el bebé.

Por Andrés Salomón

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Una vez más, jubilados de Pemex y CFE exigen pago de retroactivos y derogación del artículo 127

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Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Nuevamente, jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron para exigir la derogación del artículo 127 Constitucional, el pago de adeudos pendientes derivados de reformas a la Ley de Pensiones y otros puntos que, aseguran, siguen sin resolverse.

En esta ocasión, los manifestantes acudieron a las afueras de la Superintendencia de la CFE, ubicada sobre la avenida Salvador Díaz Mirón, al sur de la ciudad de Veracruz, donde con pancartas y mantas expresaron su rechazo a las reformas que, señalan, han afectado su economía.

Fernando Barrera Alvarado, jubilado de la Central Nuclear Laguna Verde, explicó que la protesta tiene como objetivo exigir el pago de retroactivos derivados del incremento autorizado a sus pensiones, además de reiterar la solicitud para eliminar el artículo 127 constitucional.

Detalló que alrededor de 2 mil pensionados de Pemex en Veracruz aún esperan recibir el retroactivo correspondiente al aumento autorizado, mientras que a nivel nacional la cifra de afectados asciende a cerca de 25 mil trabajadores.

Barrera Alvarado señaló que el monto pendiente depende de la pensión de cada trabajador, aunque en algunos casos alcanza entre 70 mil y 80 mil pesos.

“Estamos pidiendo que se pague de inmediato porque ese incremento ya está autorizado; a la mayoría de los jubilados de Comisión Federal ya les pagaron, pero a los de Cenace y Pemex todavía no”, expresó.

El jubilado agregó que también mantienen la exigencia para eliminar la aplicación retroactiva de disposiciones que, afirmó, afectan los derechos adquiridos de los pensionados, al considerar que la Constitución establece que una ley no debe aplicarse en perjuicio de las personas.

Sobre la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que fue admitida y que el organismo se comprometió a canalizarla ante las dependencias correspondientes. Sin embargo, aseguró que continuarán con las movilizaciones hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.

 

Por Andrés Salomón

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Detienen a cinco policías estatales en Veracruz por presunta desaparición forzada

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Veracruz, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz derivó en la detención de cinco policías estatales, todos ellos exintegrantes de la extinta Fuerza Civil, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

Las acciones se realizaron de manera simultánea en los municipios de Cosoleacaque, Juan Rodríguez Clara, Jilotepec y Acayucan, donde los elementos fueron asegurados cuando presuntamente se disponían a iniciar sus labores.

De acuerdo con información oficial, en Cosoleacaque fueron detenidos dos agentes identificados con los alias “Calavera” y “Feroz”; en Juan Rodríguez Clara fue aprehendido un policía conocido como “El MG”; en Jilotepec fue capturado Froylán, alias “El Casas”; mientras que en Acayucan fue asegurado un elemento identificado con el distintivo “Yanga”.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado informó que las detenciones forman parte de las indagatorias relacionadas con presuntos casos de desaparición forzada atribuidos a exintegrantes de la Fuerza Civil, corporación que dejó de operar en 2024.

De manera extraoficial, trascendió que algunos elementos de la Policía Estatal habrían decidido abandonar sus funciones tras los operativos, ante el temor de posibles detenciones; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La FGE señaló que las investigaciones continúan abiertas y no descartó la ejecución de nuevas órdenes de aprehensión en las próximas horas.

 

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