Toluca, Edo. Méx.- (Vanguardia de Veracruz).- Este viernes 27 de septiembre, un juez de control ha dictado prisión preventiva justificada contra Fernando P. M., conocido como “El Piyi”, presunto jefe de seguridad de Iván Archivaldo G. S., líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Junto a “El Piyi”, seis de sus cómplices fueron detenidos la semana pasada por la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa.

Durante la audiencia de imputación, el juez del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, consideró suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados, entre ellos Kevin “G”, Carlos “Z”, José “S”, Cristian “C”, Jorge “R” y Mario “G”, enfrentan cargos por la portación y acopio de armas de fuego, así como por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La detención de estos individuos se produjo el 19 de septiembre, cuando elementos de la Guardia Nacional, tras recibir una denuncia anónima, los sorprendieron en la localidad de El Alto, Culiacancito. Los sospechosos estaban en posesión de diversas armas, cartuchos, cargadores y sustancias narcóticas.

Los siete detenidos han sido recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. En esta fase del proceso, el juez ha otorgado a la FGR un plazo de cuatro meses para llevar a cabo una investigación complementaria sobre el caso.

Este operativo subraya los esfuerzos de las autoridades para desarticular las redes del crimen organizado en la región y resalta la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de actividades ilícitas. La situación continúa en desarrollo mientras se espera el avance de la investigación.

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Acapulco, Gro.- (Vanguardia de Veracruz).- La llegada del huracán “John” ha reavivado el sufrimiento que aún estaba presente en los residentes de Acapulco, Guerrero, quienes aún no se recuperaban del ciclón “Otis”.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que 13 personas han perdido la vida por este meteoro, y ha dejado un rastro de deslaves e inundaciones que han afectado gravemente los hogares locales.

En respuesta a esta emergencia, se han establecido varios centros de acopio para ayudar a los damnificados y permitir que la comunidad contribuya a la causa. Estos centros son un punto de encuentro para la solidaridad y la acción comunitaria en tiempos de crisis.

En Guerrero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha habilitado el Auditorio “Sentimientos de la Nación” y la Secretaría de Cultura en Chilpancingo, así como el Centro Cultural Casa Borda en Taxco de Alarcón, para recibir donaciones. Estas iniciativas buscan facilitar el apoyo a quienes han perdido tanto en esta tragedia.

Oaxaca, también afectado por el huracán, ha establecido centros de acopio en diferentes jurisdicciones, incluyendo Tuxtepec y los Valles Centrales, para recolectar ayuda. En Puebla, el Aura Fitness Center en San Bernardino Tlaxcalancingo ha abierto sus puertas para recibir donaciones, mientras que, en la Ciudad de México, la Facultad de Ingeniería de la UNAM se ha sumado a esta labor solidaria.

Los ciudadanos pueden contribuir donando una variedad de artículos, tales como medicamentos, ropa en buen estado, cobijas, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, agua embotellada y utensilios de cocina. La colaboración de todos es crucial para ayudar a los afectados a reconstruir sus vidas tras esta devastadora tormenta.

La colecta de víveres para las personas damnificadas por el huracán John 🌪️está en marcha.

Súmate con aportaciones de artículos de primera necesidad que llegarán a manos de las familias afectadas.

Las Jurisdicciones Sanitarias de @SSO_GobOax serán centros de acopio pic.twitter.com/7qgCp04ghb

— Servicios de Salud (@SSO_GobOax) September 27, 2024

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Monterrey, N. L.- (Vanguardia de Veracruz).- Un juzgado federal en Nuevo León ha emitido una nueva suspensión provisional contra la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta suspensión es más amplia que las anteriores y ordena al Presidente de la República y a otras autoridades que se abstengan de implementar diversos aspectos de la reforma, lo que ha suscitado un interés considerable entre los actores políticos y jurídicos.

La nueva suspensión incluye un total de doce efectos específicos que afectan la implementación del decreto. Entre las principales medidas, se establece que no se aplicará a la parte quejosa el decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Constitución Federal. Esto implica que las decisiones y cambios propuestos por la reforma no tendrán efecto sobre los quejosos mientras dure la suspensión.

Además, se prohíbe al Senado de la República emitir convocatorias para integrar listas de candidatos que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal tampoco podrá entregar información solicitada al Senado sobre los cargos de las personas juzgadoras, lo que podría dificultar el proceso de renovación de magistrados y jueces.

Otros puntos destacados de la suspensión incluyen la prohibición de remover a los juzgadores de sus funciones y la garantía de que sus remuneraciones se mantendrán sin disminuciones. Esto asegura que los salarios de los juzgadores no caigan por debajo de lo estipulado para el presidente de la República, así como la protección de las pensiones de los juzgadores en retiro.

Recordemos que fue el pasado 25 de septiembre cuando se conoció que un juzgado federal en Colima también emitió una suspensión provisional similar, frenando cualquier intento de implementar la reforma judicial.

Esta suspensión fue promovida por la Fundación Iris, que ya contaba con otra medida cautelar para impedir la publicación de la reforma. Según Raúl Andrade, abogado de la fundación, la demanda se amplió tras la publicación de la reforma, buscando detener su implementación.

La situación refleja una creciente resistencia contra la reforma judicial, evidenciando preocupaciones sobre sus posibles implicaciones en la independencia del poder judicial. Mientras las suspensiones se multiplican, el debate sobre la reforma y sus efectos sigue en el centro de la atención pública y política en el país.

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