Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Alcaldes y alcaldesas de los 199 municipios incorporados al esquema de bursatilización calificaron como histórica la estrategia del gobierno del estado de liquidar anticipadamente la totalidad de la deuda, al considerar que fortalecerá las finanzas municipales y permitirá destinar más recursos a obra pública.

Las expresiones fueron coincidentes, pese a pertenecer a distintas fuerzas políticas, “es un respiro”, “parece un sueño”, “era una losa”, “nos sanea financieramente” y “ahora podremos invertir más en nuestra gente”, fueron algunas de las reacciones tras el anuncio de la gobernadora Rocío Nahle García.

Desde Tuxpan, el alcalde Daniel Cortina Martínez señaló que su municipio arrastraba un adeudo de 58 millones de pesos; en Huatusco, el alcalde Alberto Urcino Méndez Gálvez recordó que cada mes el municipio destinaba alrededor de 800 mil pesos al pago de la deuda.

Por su parte, el alcalde de Alvarado, Alberto Ángel Cobos Márquez, destacó que dejarán de descontarse cerca de 450 mil pesos mensuales; mientras que en San Rafael, el alcalde Gil Armando Méndez Grappin informó que el municipio dejará de erogar aproximadamente cinco millones de pesos al año.

La alcaldesa de Poza Rica, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, afirmó que la bursatilización parecía “un tema imposible de resolver”, por lo que consideró que el anuncio marca un antes y un después para las finanzas municipales.

La presidenta municipal de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, reconoció que la noticia superó las expectativas de los municipios. “Pensábamos que todavía nos iba a quedar un porcentaje por pagar; cuando nos dijeron que ya se liquidó fue una sorpresa y una enorme emoción”.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, destacó que su municipio, el más endeudado bajo este esquema, veía incrementarse el déficit año con año pese a los pagos realizados, “ningún gobernador había hecho algo así por los municipios”.

Para municipios con mayores rezagos, como Jesús Carranza, el impacto será aún más significativo. Su alcalde Ranferi Plata Rodríguez explicó que los recursos liberados se destinarán principalmente a infraestructura para comunidades de alta marginación.

Con la liberación de estos recursos, los ayuntamientos anunciaron que las prioridades se centrarán en obras de infraestructura, agua potable, drenaje, alumbrado público, caminos, rehabilitación de espacios públicos y otros servicios que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

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Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Autoridades judicializaron dos casos por presuntos delitos ocurridos en distintos municipios de Veracruz: 11 personas fueron vinculadas a proceso por un caso de despojo en San Andrés Tuxtla y un hombre quedó bajo prisión preventiva por una agresión con arma blanca en Tantoyuca.

En San Andrés Tuxtla, la Fiscalía Regional Cosamaloapan obtuvo la vinculación a proceso de 11 personas señaladas por su probable responsabilidad en el delito de despojo, dentro del proceso penal 08/2025.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 25 de marzo de 2024 en la localidad Salto de Eyipantla, donde las víctimas denunciaron que los ahora vinculados presuntamente dañaron las escalinatas que conducen a la cascada con la finalidad de impedirles el acceso.

Por este caso, un juez determinó que existen datos de prueba suficientes para continuar el proceso contra los señalados.

Por otra parte, en Tantoyuca, elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre señalado por el delito de lesiones dolosas calificadas.

Según la carpeta de investigación, la agresión ocurrió el 10 de julio en la localidad La Lima, donde presuntamente el acusado atacó con un arma blanca a la víctima, provocándole diversas lesiones.

Tras la detención, la autoridad judicial legalizó el procedimiento y dictó prisión preventiva justificada, mientras que la audiencia de continuación quedó programada para el 16 de julio dentro del proceso penal 110/2026.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones y acciones legales para llevar ante la justicia a quienes sean señalados como probables responsables de delitos.

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Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Habitantes de Xalapa señalaron a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) por la presunta falta de transparencia de los recursos recaudados por concepto de drenaje y saneamiento, al asegurar que, pese a los cobros realizados a los usuarios, los ríos de la región continúan recibiendo grandes cantidades de aguas residuales.

Los ciudadanos manifestaron que la situación ambiental es evidente en la confluencia de los ríos Sordo y Pixquiac, dentro de la parte alta de la cuenca del río La Antigua.

Durante un recorrido por la zona, afirmaron que el deterioro ecológico es visible, principalmente en el río Sordo, donde se observan extensas capas de espuma, malos olores y un marcado proceso de contaminación derivado de descargas domésticas e industriales.

Indicaron que el afluente recibe residuos provenientes de Xalapa y de municipios cercanos como Tlalnelhuayocan, Las Vigas, Acajete y Coatepec, lo que provoca que la contaminación avance río abajo hasta llegar a Jalcomulco, donde el río representa una fuente de actividad turística y económica para la población.

Posteriormente, el caudal continúa hacia el municipio de La Antigua y, finalmente, desemboca en el Golfo de México.

Los inconformes cuestionaron que, mientras esta problemática persiste, los recibos emitidos por CMAS incluyen un cobro por drenaje y saneamiento que representa alrededor del 40 por ciento del monto total de la factura, servicio que, aseguran, no se refleja en el estado de los cuerpos de agua.

Recordaron que en 2018 el organismo contaba con un padrón cercano a los 160 mil contratos, cifra que consideran ha aumentado para 2026.

Con base en una tarifa promedio estimada de 400 pesos mensuales por usuario, señalaron que alrededor de 160 pesos corresponden al concepto de saneamiento.

Bajo ese cálculo, estiman que CMAS recaudaría aproximadamente 25.6 millones de pesos al mes, es decir, más de 307 millones de pesos al año, recursos que, sostienen, deberían destinarse al tratamiento de aguas residuales y a la protección de los ríos de la región.

Por Paco De Luna

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