Campeche, Camp.- (Vanguardia de Veracruz).- El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito resolvió fundado el recurso de queja 411/2025 presentado por Jorge Luis González Valdez y Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., quienes impugnaron la imposición de medidas cautelares que les prohibían ejercer su labor periodística y operar como medio de comunicación durante dos años.

La queja se originó por el juicio de amparo indirecto 748/2025-III-A, promovido luego de que el Juzgado Primero de Distrito en Campeche negara la suspensión provisional de dichas medidas, argumentando que las restricciones impuestas por autoridad judicial no son susceptibles de suspensión, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el tribunal federal determinó que esa interpretación resulta inconstitucional, al vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia.

En su análisis, el tribunal consideró que las medidas cautelares impuestas —la suspensión de actividades del medio de comunicación y la prohibición al periodista de ejercer su profesión— trasgredían de forma desproporcionada derechos humanos protegidos por los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución. También señaló que dichas restricciones carecían de proporcionalidad y que otras acciones menos lesivas pudieron haberse tomado para proteger a la presunta víctima.

Los magistrados destacaron que el actuar del juzgador de amparo fue limitado, al aplicar de forma rígida una regla general sin considerar las excepciones señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, que permite al juez valorar el caso concreto cuando se trata de medidas cautelares que afectan derechos fundamentales.

Con base en ello, el tribunal concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que significa que tanto el periodista como la empresa pueden retomar sus actividades mientras se resuelve el juicio de amparo principal. Además, se asentó que esta decisión no extingue el proceso de fondo, sino que garantiza la protección temporal de los derechos mientras se analiza el caso a profundidad.

El resolutivo fue aprobado por unanimidad por los magistrados Christian Omar González Segovia, Miguel Ángel González Escalante y Gilberto Noé Martín Pat Betancourt, este último como ponente, bajo la certificación de la secretaria del Tribunal, María del Rosario Franco Rosales.

Ciudad Juárez, Chih.- (Vanguardia de Veracruz).- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que este 10 de julio cerró el reconocimiento de los 386 cuerpos que hallaron apilados en el crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez. Detallaron que seis cadáveres ya fueron entregados a sus familiares, quienes procederán a la inhumación o cremación.

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses también confirmó que concluyó el trabajo de individualización de los restos, realizado con la FGE de Chihuahua, quienes cumplimentaron mil 346 entrevistas a personas interesadas en los casos, acciones que fueron clave para realizar los reconocimientos de los cuerpos.

La dependencia informó que los 386 cuerpos fueron localizados en el interior del crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez, de los cuales 213 corresponden a personas del sexo masculino, 164 del femenino y 8 están en calidad de indeterminados.

También confirmaron que seis cuerpos ya fueron identificados, de los cuales, cinco se cremaron por decisión de sus familiares y uno sepultado. Además, este jueves entregarán otros dos cuerpos. Se cuenta con 61 nombres relacionados con los restos hallados, y 181 cuerpos están en proceso de rehidratación para la recuperación de huellas dactilares y de dicho modo lograr sus identidades y con ello localizar a sus familiares.

A las investigaciones se sumó la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cuyo personal cumplimentó mil 346 entrevistas, de las cuales 881 son personas que establecieron contacto con el crematorio por medio de funerarias, mientras que 465 arribaron al sitio. La FGE se comprometió a brindar acompañamiento a las familias.

Por este caso, hay dos personas detenidas y vinculadas a proceso, se trata de José Luis “N”, de 39 años, y Facundo “N”, de 64, propietario y empleado del crematorio “Plenitud”, respectivamente, quienes fueron capturados por agentes ministeriales, luego de que un juez emitió las órdenes de aprehensión por el hallazgo de los 386 cuerpos en el interior del establecimiento.

Por tales hechos, ambos sujetos enfrentan cargos por inhumación, exhumación y violación a la dignidad de los restos humanos, delitos que están tipificados en el Código Penal de Chihuahua y con base a la ley solicitaron una condena de hasta 17 años de prisión.

La próxima audiencia fue programada para el 5 de enero de 2026, en la que podrían determinar la sentencia correspondiente, mientras tanto, ambos detenidos permanecerán tras las rejas.

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EJR/con información de Infobae

Campeche.- (Vanguardia de Veracruz).- Luego de una audiencia de 12 horas Karla “N”, exdirectora administrativa de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM), fue vinculada a proceso por las autoridades judiciales del estado. Mientras que el exdirector de la Policía Estatal Preventiva (PE) y extitular de la dependencia policíaca, Samuel “N”, permanecerá en prisión hasta el viernes próximo cuando le defina el juez de control su situación jurídica.

La imputación de Karla se da en el marco de una investigación relacionada con su gestión en la dependencia, aunque los detalles específicos del caso no han sido revelados públicamente.

Ambos funcionarios enfrentan cargos derivados de presuntas irregularidades cometidas durante su administración en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche.

De acuerdo a lo integrado en la carpeta judicial 756/24-2025/JC, tanto Karla como Samuel “S” son acusados de presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto cercano a los 30 millones de pesos, los cuales presuntamente fueron desviados a través de empresas factureras durante la administración estatal de Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González.

Samuel “N” solicitó el término constitucional de 72 horas para que le definan su situación jurídica. El juez de control aprobó la solicitud por lo que fijó la continuación de la audiencia inicial para el viernes 11 de julio e impuso la medida cautelar de prisión preventiva anticipada y justificada.

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