Papantla, Ver. – (Vanguardia de Veracruz). – A pesar de que la Fiscalía General del Estado intentó dialogar de manera pacífica con los manifestantes de la sierra totonaca que exigen la pronta entrega de los restos de dos víctimas mortales, dos servidores públicos fueron agredidos física y verbalmente por el grupo de inconformes.

En medio de chantajes y aduciendo a supuesta asesoría legal de jueces federales y fiscales de otros estados, que opinan que es posible entregar los restos con solo tomar una pequeña muestra, los manifestantes cerraron carreteras y presionaron a las autoridades para que cedieran a la entrega.

Bajo el argumento de que la FGE había solicitado dinero para la entrega de los restos, los familiares insistían en la entrega por lo que, al sitio del bloqueo, arribó el director general de Servicios Periciales, Héctor Ronzón acompañado del fiscal regional Zona Norte, Enrique González Barrón y pese a que intentaron llegar a acuerdos, la violencia se hizo presente. En medio de jaloneos, gritos y pedradas, los pobladores retuvieron e insultaron a los trabajadores de la fiscalía.

En el lugar de los hechos también dañaron vehículos y un policía ministerial resultó lesionado; los quejosos denunciaron que los agentes amagaron con usar sus armas y cortaron cartuchos, pero la situación se salió de control y, al verse rebasados, los policías tuvieron que defenderse.

Cometieron delitos  

Si bien es cierto los manifestantes pedían la entrega de sus familiares, la fiscalía advirtió que en múltiples ocasiones se les informó que no se trata de un capricho y mucho menos de retrasar la entrega, sino más bien de una serie de análisis que se debe seguir puesto que así está plasmado en la ley.

Lo cierto es que los pobladores incurrieron en conductas penadas por la ley, como lo son, apología del delito, contra las vías de comunicación, motín y obstrucción a la justicia, pues a toda costa intentaban hacer su voluntad atendiendo la desgracia que les aqueja.

Un testimonio consultado en servicios periciales advirtió: “¿Qué pasará si los restos que se les entregan no son?, se estaría revictimizando, ellos dicen que, porque ya saben que son sus familiares, pero un testimonio no es un examen científico, el protocolo pide que en el caso de no identificados se agoten estudios y se tenga certeza de que sea la persona, no se basa en suposiciones”, dijo.

Además, los pobladores también estarían influenciados por movimientos políticos de la sierra del Totonacapan que como es su costumbre, ante cualquier desgracia utilizan a personas para ganar adeptos; en esta ocasión, en el ejercicio de su derecho querían obligar a que un fiscal dispusiera de los cuerpos.

Tragedia no se minimiza

Otro trabajador de la FGE explicó que la tragedia por la que pasa la familia no se minimiza, pero como autoridad deben seguir un protocolo, “aunque se burlen de nosotros y crean que ellos tienen razón, su dolor no se hace menos, pero los estudios de antropología forense, odontología, genética, ADN, se tienen que agotar, la norma nos obliga, y si no se cumple incurrimos en una falta”, explicó.

Hasta ahora no se descarta que la FGE atendiendo a su facultad constitucional pueda ejercitar acción penal contra quienes lejos de reclamar un derecho, incitaron a la provocación y al chantaje.

Otro de los aspectos importantes y que no ha sido tomado en cuenta, es que hay otra víctima que se debate entre la vida y la muerte por las quemaduras en el 70% de su cuerpo, y nadie ha respondido por los gastos médicos, ya que, según el dictamen de causalidad, el vehículo donde viajaba el docente invadió carril y sobrevino la tragedia.