Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).– La alcoholera asentada en la comunidad de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan, podría ser suspendida de manera temporal en caso de que las investigaciones confirmen que existe responsabilidad en la contaminación del río El Chino, donde pescadores denunciaron una mortandad de peces.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que actualmente se mantiene una revisión conjunta entre dependencias de los gobiernos estatal y federal, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ya efectuó la toma de muestras para conocer el origen de la afectación.

De acuerdo con las autoridades, si los estudios determinan que hubo incumplimiento de la normatividad ambiental o la posible comisión de algún ilícito, se aplicarán las sanciones correspondientes y se analizarán medidas como la interrupción provisional de actividades de la empresa hasta que corrija las causas del problema.

Se enfatizó que no existe una postura en contra de las alcoholeras, ya que son industrias importantes por los empleos y la actividad económica que generan en la región; no obstante, se advirtió que su funcionamiento debe apegarse a las leyes ambientales y no provocar daños a los recursos naturales.

Como parte de las diligencias, personal de la PMA realizó recorridos en la comunidad de La Laja, donde se registró la presencia de peces muertos, con la participación de autoridades de Protección Civil, Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que colaboran en la recopilación de evidencias y análisis.

Habitantes y pescadores de la Cuenca del Papaloapan señalaron que la mortandad podría estar relacionada con descargas de vinaza provenientes de la alcoholera, por lo que demandaron que las investigaciones se realicen a fondo y que se castigue a quien resulte responsable.

Por Paco De Luna

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Xalapa, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- Como resultado del fortalecimiento de las investigaciones ministeriales y del despliegue operativo en campo, del 12 al 18 de junio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Dirección General de la Policía Ministerial, cumplimentó 106 mandamientos judiciales emitidos por la autoridad judicial.

Estas acciones comprenden 48 detenciones en flagrancia y el cumplimiento de 58 órdenes de aprehensión en 26 municipios de la entidad, abarcando las diversas regiones del estado, con los siguientes resultados:

Zona norte

• Fiscalía Regional Tantoyuca: 3 órdenes de aprehensión.
• Fiscalía Regional Tuxpan: 3 detenciones en flagrancia y 6 órdenes de aprehensión.

Zona centro

• Fiscalía Regional Veracruz: 7 detenciones en flagrancia y 12 órdenes de aprehensión.
• Fiscalía Regional Córdoba: 13 detenciones en flagrancia y 9 órdenes de aprehensión; entre ellas, la ejecutada en contra de Javier “N”, señalado como presunto responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra legalmente resguardada.
• Fiscalía Regional Xalapa: 8 detenciones en flagrancia y 12 órdenes de aprehensión.
• Fiscalía Regional Cosamaloapan: 15 detenciones en flagrancia y 8 órdenes de aprehensión.

Zona sur

• Fiscalía Regional Coatzacoalcos: 2 detenciones en flagrancia y 8 órdenes de aprehensión.

Dentro del total de mandamientos cumplimentados se incluyen investigaciones relacionadas con delitos como homicidio y sus distintas clasificaciones jurídicas, secuestro, desaparición cometida por particulares y delitos contra la salud.

Asimismo, se ejecutaron acciones derivadas de investigaciones por conductas de índole sexual, entre ellas pederastia en sus diferentes hipótesis legales, violación y abuso sexual.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de conducir las investigaciones con diligencia hasta su conclusión, a fin de que quienes presuntamente hayan participado en hechos delictivos comparezcan ante la autoridad judicial y se determine su situación jurídica conforme a derecho.

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Xalapa, Ver. (Vanguardia de Veracruz).- Integrantes de la comunidad de artistas independientes de Xalapa hicieron público este jueves un pronunciamiento en el que acusaron al ayuntamiento de imponer barreras burocráticas, aplicar criterios fiscales que consideran indebidos y permitir presuntos actos de hostigamiento durante actividades culturales, situación que, afirman, pone en riesgo la vida artística de la capital veracruzana y vulnera el ejercicio de los derechos culturales.

Durante una conferencia de prensa, creadores, promotores culturales y representantes de espacios independientes presentaron el documento denominado “Asuntos urgentes de la comunidad de artistas independientes de Xalapa, Veracruz”, en el que cuestionaron la forma en que actualmente se administra la actividad cultural en el municipio.

Los inconformes señalaron que las políticas vigentes han transformado el acceso a los espacios públicos en un proceso excesivamente administrativo, donde los artistas deben cumplir requisitos, registros y trámites para poder desarrollar sus actividades.

A decir de los participantes, la cultura no puede entenderse únicamente desde una lógica recaudatoria ni sujetarse a mecanismos que condicionen su desarrollo. En el documento sostienen que el arte y la creación cultural deben construirse de manera conjunta entre autoridades y comunidad artística.

Uno de los puntos que más preocupación genera entre los creadores es el presunto hostigamiento administrativo durante funciones y presentaciones. Según relataron, personal municipal acude a los recintos para solicitar documentación, revisar permisos o requerir la presencia de responsables de los proyectos, incluso cuando éstos se encuentran participando en escena.

Los artistas consideran que estas acciones generan un ambiente de presión e intimidación que afecta tanto a quienes realizan las actividades como al público asistente.

Cuestionan padrón y obligaciones fiscales

Otro de los reclamos se centra en el padrón de artistas promovido por el ayuntamiento. De acuerdo con los denunciantes, el registro es presentado como un mecanismo para acceder a descuentos en el uso de recintos municipales; sin embargo, afirman que posteriormente los artistas son considerados contribuyentes sujetos a diversas obligaciones fiscales.

Los representantes del sector señalaron que el problema no radica únicamente en los costos de uso de los espacios públicos, sino en la visión que, aseguran, equipara las actividades culturales con operaciones comerciales.

Durante la conferencia también se expuso el caso de foros independientes que operan de manera gratuita y que, pese a no cobrar renta a artistas o docentes, son catalogados como sujetos de contribuciones por parte de la autoridad municipal.

La promotora cultural, Estela Lucio, sostuvo que la actividad artística difícilmente puede equipararse a una actividad lucrativa, pues en la mayoría de los casos los recursos obtenidos apenas permiten sostener proyectos culturales y cubrir gastos operativos.

Por su parte, Laura Rebolledo, representante del Foro Cultural La Tasca del Cantor, expresó preocupación por las implicaciones que podrían tener las nuevas disposiciones para espacios con larga trayectoria en la ciudad. Destacó que este año dicho foro celebra cinco décadas de actividad cultural y tiene programadas 50 actividades conmemorativas.

Los artistas reconocieron la disposición al diálogo mostrada por el regidor séptimo y presidente de la Comisión de Cultura, Diego Morell, con quien sostuvieron reuniones para exponer la problemática.

Entre sus principales demandas se encuentran la eliminación de cobros e impuestos a creadores independientes por el uso de espacios públicos, el acceso íntegro a los ingresos generados por taquilla, mayor difusión institucional de actividades culturales, la eliminación de filtros burocráticos y el cese de prácticas que consideran intimidatorias durante espectáculos.

Los participantes concluyeron que la cultura debe ser reconocida como un derecho humano y no como una actividad sujeta a criterios estrictamente comerciales, al tiempo que solicitaron que los recintos públicos destinados al arte sean considerados espacios comunitarios al servicio de la ciudadanía.

Por Arturo Arellano

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