Poza Rica, Ver.- Taxis viejos y sin placas, invasión de rutas, permisos irregulares y el cobro de mochadas a taxistas y empresas de transporte, son la constante en la oficina regional de Transporte Público de Poza Rica, donde cada elemento diariamente genera hasta 20 mil pesos por concepto de extorsiones bajo las órdenes de Ángel Carsolio, un experto en la extorsión de taxistas desde hace más de 14 años.

Los cambios en la titularidad no han funcionado a la Dirección General de Transporte del Estado, pues el cien por ciento de los elementos cuenta con antecedentes de corrupción y enriquecimiento por cobros y extorsiones a taxistas. Sus titulares, lejos de imponer orden, sólo llegan a diseñar rutas de operación y estrategias de caza a taxistas para extorsionarlos, al grado de imponer cuotas diarias a los uniformados, o de lo contrario, promueven sus cambios a otras delegaciones por no dar resultado$.

Esta mafia no ha terminado, pese a las promesas de todos los gobiernos por acabar con la corrupción en calles de la ciudad; para empresarios, las extorsiones de Tránsito y Transporte del Estado son los principales factores para que Poza Rica no sea visitada por turistas, pues temen perder el poco dinero que traen a manos de estos uniformados.

Ángel Carsolio llegó en julio del 2020 sustituyendo a Julio Ramos Robles, otro personaje ligado al cobro de moches. A su arribo a la delegación dijo tener un plan para trabajar, pero a su paso por las delegaciones de Xalapa, Cardel, Tuxpan y Coatzacoalcos ha sido acusado de solapar robos a trabajadores del volante, incluso él mismo comenzó con la cacería de taxistas, supuestamente para acabar con las irregularidades, pero más bien, su intención era generar miedo y que los choferes cedieran al pago de cuotas para poder trabajar.

La Dirección General de Transporte del Estado finge no ver las múltiples irregularidades bajo las que opera su representación en Poza Rica bajo el mando de Ángel Carsolio, donde impera la invasión de rutas, entrega de permisos para que, incluso autos particulares sean rotulados como taxis y puedan trabajar, lo cual constituye un peligro para la ciudadanía.

Además, Transporte del Estado ha sido incapaz, -seguramente por conveniencia- de erradicar el uso de taxis pirata, que incluso han tenido participación en delitos graves; aunque eso sí, a los vehículos procedentes de otros estados los retienen bajo el mas mínimo pretexto y siembran terror a los conductores hasta que cedan a sus chantajes y otorguen dinero.

Por su parte, cientos de taxistas denuncian que diariamente tienen que pagar para poder trabajar sin ser molestados. Los sindicatos de choferes también se dicen hartos de pagar ya sea por semana o por mes a Ángel Carsolio; empresarios transportistas también lo acusan de exigirles dinero para no parar unidades.

En este sentido, vale la pena mencionar que por estos actos de corrupción, en el 2016 un elemento de Transporte Público fue asesinado a tiros en la carretera México-Tuxpan, a la altura del ejido Nuevo Progreso, donde lo bajaron de un vehículo y lo ultimaron a balazos; se dijo que regresaba de un supuesto operativo, pero otras versiones indicaron que regresaba de cobrar extorsiones en municipios aledaños. La policía nunca halló a los responsables.