Poza Rica, Ver.- (Vanguardia de Veracruz).- La inesperada visita de personal de Pemex en el predio La barita, este jueves, causó que decenas de residentes pensaran que había llegado el momento de desocupar los predios; minutos después, el abogado que acompañaba al personal notificó que sólo se trató de una diligencia dentro de la investigación que sigue la Fiscalía de la República.

Según el abogado Roberto Herrera Córdova, quien se identificó como jurídico de la empresa productiva, la diligencia efectuada fue a petición de uno de los imputados que pretende quedar eximido de la acción penal, que a cambio ofrece regresar los terrenos de los que se adueñó; por lo tanto, este jueves se llevó a cabo una medición del área.

Vieron cerca el desalojo

A las 10:30 de la mañana, los habitantes de La Barita comenzaron a movilizarse, pues un grupo de trabajadores de Pemex, junto con Seguridad Física, arribaron al sitio. Todos pensaron que se trataba de un desalojo, por lo que fue necesario que el abogado que iba a cargo de esta diligencia lo desmintiera públicamente.

El abogado dijo que al menos por ahora, el desalojo no se llevaría a cabo y su presencia no era más que para cumplir con una medición que uno de los tres imputados solicitó para que el juez lo exima de culpa dentro del proceso penal donde se acusa a 3 personas de despojo en agravio de Pemex.

El abogado insistió en que la situación en La Barita es un problema grave, y que lamentablemente hay muchos problemas políticos; también se sabe de la presencia de varios grupos, donde entra uno y llega otro, dijo.

Además, dejó en claro que se han revisado las áreas que Pemex reclama y donde las personas que habitan han subestimado el peligro que corren; incluso, cocinan y tienen una vida normal, sin importarles que ya hubo una explosión con saldo de 5 muertos.

Agregó el abogado que también se ha revisado lo que tiene que ver con las líneas de energía eléctrica que le corresponden a la Comisión Federal de Electricidad, y es una situación de alto riesgo.

“Entramos a una casa, y el señor, las mojoneras las movió, pero se ve el ducto; al rato van a decir que no estaba señalado el riesgo; sí lo está, pero el problema es que son tantas áreas, que nos es difícil cubrir todo”, agregó.

De la misma manera, el apoderado legal dejó en claro que el motivo por el cual se ha buscado la restitución del bien es porque realmente, de un cien por ciento, un 90% indica riesgo “Porque mira, corren gases, corren líquidos; si nos paramos por aquí, de un lado está la terminal de gasolina y acá la de gas. Para acá están los corredores, acá está el Activo Poza Rica, que es el activo más fuerte, donde están los tanques, donde llega la gasolina; es una zona de muy alto riesgo que pone en peligro la vida”, sostuvo.

Ni venta, ni donación

Actualmente, el predio La Barita es ocupado por decenas de familias que dicen ser de escasos recursos. Con construcciones improvisadas, al menos 100 familias residen de manera oficial en este sector; no obstante, el número de predios es mucho mayor, se estima que más del 60 por ciento de los lotes están sin utilizar.

Quienes han apartado terrenos ahí, prácticamente, según los que sí residen, se dedican al acaparamiento de predios; lo mismo han hecho en otros sectores de la ciudad, así como de Tihuatlán y Coatzintla.

Vivir en La Barita representa no pagar una renta mensual como en cualquier otra colonia; pero desde su llegada, los autonombrados líderes les cobran cuotas, ya sea semanales o mensuales; incluso, hay quienes ya han pagado arriba de 50 mil pesos o más por estos lotes, pero no tienen una certeza jurídica sobre el terreno.

Ahora, al saber que Pemex no cederá el terreno, varios de ellos han tratado de negociar con la empresa petrolera, e incluso buscan mediante un contrato de compra-venta o de donación, -por ser de escasos recursos-, quedarse definitivamente con estos espacios, pero el representante legal de Pemex fue claro: No habrá venta ni donación de estos espacios.

“No se les va a donar ni se les va ceder, aunque estén vacíos, porque estos son terrenos de protección. El problema es que por las líneas no se autoriza por ningún lado la donación o venta; incluso, varias empresas lo quisieron comprar, pero no se les vendió”, dijo Arturo Herrera Córdova.

Lamentan explosión, pero no se van

A las 10 de la mañana del 20 de julio del año 2020, una explosión movilizó a cuerpos de emergencia. Protección Civil estatal ordenó la evacuación preventiva.

Se dijo que la explosión ocurrió cuando personal de Pemex realizaba maniobras que causaron la expedición de gases en una estación receptora de fluidos condensados; los gases llegaron hasta una vivienda localizada a escasos metros de un quemador, donde justo en ese momento cocinaban, lo que trajo como consecuencia la explosión.

Esta explosión trajo como resultado la muerte de una menor de 3 años, quien sufrió quemaduras de primero y segundo grado; también pereció Gabriela F.M., de 25 años; Ana Cristina S., de 60; Pedro M., de 32; y un menor de 8 años que sufrió múltiples quemaduras. Sin embargo, los habitantes de estos sectores no temen ni siquiera a la muerte y mucho menos reconocen que el lugar le corresponda a Pemex, pues aseguran que, por habitar desde hace más de 15 años, han generado derechos.

Algo que empeora aún más el problema es que todos los ductos que por ahí pasan están en funcionamiento; por lo tanto, tanto de día como de noche, el peligro es latente. Aunque ha pasado más de un año de la explosión mortal y los moradores saben que en cualquier momento pueden morir a causa de una detonación similar, no tienen como opción retirarse del sitio “Que sea lo que Dios diga”, dijo una mujer que ya hasta instaló una tienda de abarrotes.

Algo que también destacó el personal de Pemex es que, durante las mediciones, se percataron que los residentes de ese sector construyen y excavan, lo que conlleva al riesgo de una explosión o una fuga de gas; sobre todo porque ellos saben que no pueden escarbar ni construir porque pasan ductos.

Si bien no se puede establecer un diámetro de afectación o cuántos metros a la redonda abarcaría una explosión en esta zona, los trabajadores de Pemex insistieron que, debido a todas las instalaciones y tanque de almacenamiento cercanos, un estallido podría ser de grandes magnitudes y con varias víctimas mortales, más que las del 20 de julio del 2020.

FGR no detiene investigación

La investigación a la que hace alusión el abogado postulante, es la que fue iniciada desde el 2015 por la entonces Procuraduría General de la República, donde se investiga como probables responsables de despojo a tres personas: Enrique N., Jorge N. (alias El Pastor), así como Miguel N., dentro del proceso penal 241/2020 donde un juez de lo federal, con sede en Xalapa, los vinculó a proceso.

Una fuente que consultó este medio de comunicación confirmó que actualmente el caso se encuentra en investigación complementaria, y que al momento de vincularlos a proceso, el juez no fijó medida cautelar para los tres, debido a que siempre se presentaron a comparecer a las audiencias de manera voluntaria.

En este sentido, ahora uno de los implicados pretende devolver los terrenos que reconoce son de Pemex, esto con el fin de que el juez lo excluya de culpa. Para la próxima audiencia, las partes están debidamente notificadas.

En La Barita, los residentes son claros: esperan que se haga la voluntad de Dios; mientras tanto, la fiscalía busca que tarde o temprano absolutamente todos los que habitan de manera ilegal este predio sean desalojados y el bien sea restituido a Pemex; no sólo porque legalmente le corresponde, también por el alto peligro que representa vivir encima de ductos.

Por Clemente Hernández Reyes

Gráficas: Ademir Lozano/Julio Ramírez